El juez Moraes afirma que Brasil “dijo basta al golpismo con la Constitución de 1988”
El magistrado que lleva el caso Bolsonaro y ha sido sancionado por EE UU recibe un homenaje de sus colegas en São Paulo


El juez brasileño Alexandre de Moraes, que lleva el caso Bolsonaro, ha recibido un homenaje de sus colegas este lunes, días después de ser sancionado por EE UU bajo el argumento de que el proceso judicial contra el expresidente de extrema derecha es “una caza de brujas”. Washington también ha impuesto a Brasil aranceles del 50% con el mismo argumento. En su discurso ante el Tribunal de Cuentas de São Paulo, Moraes ha destacado que Brasil “dijo basta al golpismo con la Constitución de 1988”, tras la dictadura. Washington ha cancelado el contacto de alto nivel entre los Gobiernos de EE UU y Brasil previsto este miércoles para retomar las negociaciones arancelarias y Brasilia ha puesto en marcha su denuncia contra EE UU ante la Organización Mundial del Comercio.
En su intervención, Moraes no ha mencionado al presidente Donald Trump, que ha emprendido una cruzada contra él para salvar a su aliado Bolsonaro. Moraes ha advertido de que “la democracia está siendo atacada en el mundo de manera nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial”. Y ha señalado con el dedo al culpable: “Un nuevo tipo de populismo extremista”, que circula casi sin cortapisas por redes sociales y corroe las instituciones en muchos rincones del planeta.
El juez más poderoso (y famoso) del Supremo brasileño ha admitido que los tribunales tienen “sus aciertos y sus errores”, y que por eso el sistema judicial está diseñado de manera que “unos corrijan los errores de los otros”.
El togado que juzga, junto a cuatro compañeros de la primera sala del Tribunal Supremo, a Bolsonaro y a los militares con los que supuestamente dirigió la conspiración golpista ha celebrado que la Constitución de 1988, que puso punto final a más de dos décadas de dictadura, diera al poder judicial “autonomía e independencia para juzgar sin presiones, internas, externas o de cualquier tipo”.
Una idea que el magistrado ya dejó negro sobre blanco cuando ordenó, hace una semana, que el expresidente Jair Bolsonaro quedara en prisión domiciliaria en su residencia, en Brasilia. “La justicia es ciega, pero no es tonta”, afirmó en aquel auto. “La justicia no permitirá que un procesado se burle, creyendo que quedará impune por tener poder político y económico. La justicia es igual para todos”.
Mientras las empresas brasileñas afectadas por el brutal arancel impuesto por EEUU a las importaciones desde Brasil analizan cómo adaptarse al choque, el Gobierno busca vías para negociar con la Administración Trump para que mitigue el castigo, el más elevado en la guerra tarifaria. Solo a la India le ha impuesto idéntico gravamen.
El Gobierno confiaba en que la conversación telefónica prevista para este miércoles entre el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pero este lunes se ha llevado el disgusto de que Washington la ha anulado. El ministro Haddad ha culpado de la cancelación a “la militancia antiplomática de las fuerzas de extrema derecha”, en referencia al diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo al que el exmandatario le encomendó persuadir a Trump y a los suyos para que se sumara a su defensa.
Brasil, defensor del multilateralismo, ha decidido acudir a la OMC ante la imposición unilateral de un arancel del 50% por parte de EE UU. Como paso previo a la denuncia, ha puesto en marcha, en el marco del organismo de la ONU que regula el comercio mundial, unas consultas con la Administración Trump para resolver el contencioso por la vía del diálogo.
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