La presión de Trump sobre la justicia brasileña no logra evitar la prisión domiciliaria para Bolsonaro
EE UU considera el arresto del expresidente un intento de “silenciar a la oposición y amenazar la democracia”. Trump trató de neutralizar el juicio por golpismo a Bolsonaro con los aranceles del 50% que impuso a Brasilia

El expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, está preso en su casa de Brasilia desde este lunes al anochecer por una orden judicial que también le ha requisado el teléfono y le exige pedir autorización para comunicarse con cualquiera salvo sus abogados, su esposa y su hija, con las que convive. La formidable presión del estadounidense Donald Trump no ha surtido efecto ante la determinación del magistrado que investiga y juzga al anterior gobernante de Brasil por intento de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó la prisión domiciliaria del ultraderechista por saltarse la prohibición de usar redes sociales días después de que Trump anunciara unos aranceles del 50% a Brasil —más altos que a ningún otro país— y de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones económicas al propio juez con el argumento de que Bolsonaro es víctima de una caza de brujas.
El juez Moraes, de 56 años, deja bien claro en su última decisión judicial que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el anterior jefe del Estado y actual líder de la oposición. “La justicia es ciega, pero no es tonta”, afirma en el auto, donde añade: “La justicia no permitirá que un procesado se burle, creyendo que quedará impune por tener poder político y económico. La justicia es igual para todos”. Los abogados de Bolsonaro niegan que haya incumplido ninguna orden. Al expresidente ya le habían retirado el pasaporte y colocado una tobillera electrónica.
Mientras en los últimos días el Tesoro estadounidense sancionó a Moraes bajo la ley Magnitsky, el Departamento de Estado criticó este lunes la orden de prisión de Bolsonaro: “El juez Moraes, violador de derechos humanos sancionado por EE UU, sigue usando las instituciones para silenciar a la oposición y amenazar la democracia (…) ¡Dejen hablar a Bolsonaro!”, dice la nota de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El pulso entre Bolsonaro, con el respaldo de Trump y la Administración de EE UU, y el Tribunal Supremo de Brasil tiene varios componentes y se libra en terrenos diversos: el juicio por intento de golpe de Estado contra el brasileño, la guerra comercial emprendida por el estadounidense y la batalla de las autoridades brasileñas contra la desinformación y para que las grandes empresas tecnológicas eliminen contenidos que corroen la democracia.
Desde que Trump volvió al poder en EE UU con una contundente victoria, el brasileño Bolsonaro apostó fuerte porque el apoyo del político más poderoso del mundo neutralizara sus múltiples problemas judiciales. Encomendó la misión de hacer lobby ante Washington a su tercer hijo, Eduardo, que dejó su escaño para instalarse en Texas, desde donde ha defendido el tarifazo, que para buena parte de Brasil es un ataque a la soberanía nacional. Por el momento, el proceso judicial contra Bolsonaro padre por golpismo sigue su curso y está inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030 por una condena previa.
Un caso aparte
El magnate republicano nunca ha ocultado que, en su guerra arancelaria, Brasil es un caso aparte. Aquí se trata de presionar a la segunda mayor democracia del continente para salvar a su aliado Bolsonaro, el problema no es el déficit comercial. Porque resulta que EE UU disfruta de un abultado superávit en su relación comercial con la mayor economía latinoamericana: unos 410.000 millones de dólares en 15 años. Y pese a ello, Trump ha decidido imponerle unos aranceles del 50%, con amplias exenciones, que está previsto que entren en vigor esta semana.
A diferencia de otros países, Trump no ha dado casi opción a la negociación arancelaria con Brasil. Ya había firmado el castigo tarifario del 50% cuando se mostró abierto por primera vez a dialogar con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula puede llamarme cuando quiera”, dijo el magnate. “Siempre estamos abiertos al diálogo”, replicó el antiguo sindicalista. Pero la conversación no se ha producido aún, aunque Brasil ha logrado pactar exenciones sobre casi la mitad de los productos que exporta a EE UU.
El motivo esgrimido por el magistrado para imponer la prisión domiciliaria a Bolsonaro es que, haciendo caso omiso a las medidas cautelares, usó las redes sociales con la intermediación de sus hijos este domingo para “instigar ataques al Tribunal Supremo y apoyar de manera ostensiva una intervención extranjera en el poder judicial brasileño”.
El domingo, Bolsonaro intervino mediante una videollamada en las concentraciones que reunieron a decenas de miles de sus seguidores en varias ciudades brasileñas. Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, difundió la intervención en su cuenta de Instagram y luego, avisado por los abogados del patriarca sobre los riesgos, la borró. A las horas, el juez decretó la prisión domiciliaria.
El Supremo brasileño espera dictar sentencia en septiembre por el intento de golpe de Estado, un caso que está en la fase de alegaciones finales y en el que Bolsonaro es el principal acusado. Él se declara inocente. Se juega una condena de 43 años de cárcel por cinco delitos. El capitán del Ejército de Tierra retirado que presidió Brasil entre 2019 y 2022 comparte el banquillo de los acusados con varios militares del núcleo duro de su Gobierno por conspirar para impedir que el ganador de las elecciones, Lula, asumiera el poder. El plan golpista contempló asesinar al actual presidente y al juez Moraes.
Los efectos políticos en Brasil del duelo entre Trump y el Supremo brasileño son inciertos. Aunque los gobernadores mejor colocados para suceder a Bolsonaro al frente de la derecha brasileña empiezan a alejarse lentamente de él, el presidente Lula no ha logrado beneficiarse de mantenerse firme ante Trump. El conflicto no ha cambiado de manera sustancial la crisis de popularidad en la que está sumido. Y mientras casi un 60% de los brasileños se opone, según el último Datafolha, a las presiones de Washington contra el Supremo brasileño, un 36% de sus compatriotas apoya al presidente de EE UU en el embate contra su propio país.
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