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Trump se abre al diálogo con Brasil por los aranceles del 50%: “Lula puede llamarme cuando quiera”

“Siempre estamos abiertos al diálogo”, le responde el presidente brasileño

El juez Alexandre de Moraes en el Tribunal Supremo en Brasilia, el 1 de agosto de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes, tras un largo silencio, una señal de deshielo en la crisis abierta con Brasil, dos días después de imponerle aranceles del 50%. “Lula puede llamarme cuando quiera. Vamos a ver qué pasa, yo amo al pueblo de Brasil”, dijo en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca. Horas después, llegó la respuesta de Lula con un posteo en redes sociales: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo [...]. Actualmente trabajamos para proteger nuestra economía y para responder a las medidas arancelarias del Gobierno estadounidense”.

Es la primera vez en que Trump se muestra abierto al diálogo con el Gobierno brasileño desde que a principios de julio anunciara el tarifazo contra Brasil. Lo presentó, en ese momento, como castigo a una supuesta “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, enjuiciado por intento de golpe de Estado. Durante semanas, los equipos negociadores de Brasil intentaron conversar con Washington, sin éxito. Finalmente, Trump anunció un tarifazo del 50%, pero con casi 700 excepciones, lo que generó cierto alivio en Brasil y un clima de moderado optimismo sobre las posibilidades de avanzar y salvar a más productos.

Ahora, el entorno de Lula ya prepara la llamada telefónica. Los dos líderes no se han visto en persona ni se han hablado nunca. Hasta ahora, el equipo del brasileño temía que una llamada precipitada terminara en una de las humillaciones públicas a las que Trump gusta de someter a sus homólogos. Por eso, argumentan, hay que preparar esa conversación con mucho cuidado.

Lula ha dicho que está dispuesto a negociar en la cuestión comercial, pero que no cederá un ápice en su defensa de la soberanía nacional y la independencia del poder judicial. “Los brasileños y sus instituciones son quienes determinan el futuro de Brasil”, dijo Lula este viernes.

Tras invitar a Lula a que le llame, Trump también insistió en que el elevado porcentaje arancelario de Brasil responde a motivos políticos: “Las personas que están liderando Brasil hicieron la cosa incorrecta”, dijo. Estados Unidos no solo aplicó a Brasil un arancel récord, sino que está persiguiendo a los jueces del Tribunal Supremo Federal, especialmente a Alexandre de Moraes, el juez que encabeza el juicio a Bolsonaro, que acaba de recibir una sanción en forma de bloqueo económico.

Moraes ignora a Trump

Este viernes, en la apertura del ciclo judicial, Moraes defendió la soberanía del Tribunal Supremo Federal, que encabeza, y aseguró que el proceso contra Bolsonaro seguirá con total normalidad a pesar de las presiones. “Esta Corte no se curvará ante amenazas cobardes e infructíferas”, dijo el supremo. El magistrado remarcó que el rito procesual ni se adelantará ni se atrasará y que “ignorará” las sanciones que le han sido aplicadas y seguirá trabajando.

El juicio a Bolsonaro ya está en la recta final y se espera que la sentencia se conozca en septiembre. El exmandatario se enfrenta a hasta 43 años de cárcel, ya que está imputado por cinco delitos diferentes, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada.

La Casa Blanca aplicó a Moraes la Ley Magintsky, usada para castigar a violadores de Derechos Humanos. Estará sujeto a un bloqueo económico en Estados Unidos y no tendrá visado. El castigo acabará siendo más bien simbólico, porque el juez no tiene propiedades ni empresas en ese país y no suele visitarlo.

El Gobierno de Brasil consideró las sanciones al magistrado como un intolerable ataque a la soberanía nacional. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cenó con Moraes y otros jueces del Supremo para expresarles su solidaridad y poner a su disposición la Abogacía General del Estado para recurrir a la Justicia de Estados Unidos si así lo quisiera. De momento, el juez ha optado por no escalar la crisis, ignorar el castigo y continuar con su rutina.

Aun así, en su primer discurso cargó contra la “organización criminal cobarde y traicionera” que actúa desde fuera de Brasil para chantajear a las instituciones del país. Se refería básicamente al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que desde hace meses se encuentra en Estados Unidos presionando a Trump para que castigue a Brasil para intentar librar a su padre de la cárcel.

Sin mencionarlo directamente, el juez criticó a los brasileños “pseudopatriotas” que están escondidos y que no tuvieron valentía de permanecer en Brasil. Eduardo Bolsonaro está siendo investigado por un presunto delito de coacción y obstrucción a la Justicia, es muy posible que pierda su escaño y que sea arrestado si en algún momento decide regresar a Brasil. Buena parte de la derecha brasileña ya le considera un cadáver político, visto de forma cristalina como el principal artífice del tarifazo que golpeará a la economía nacional.

En paralelo, la popularidad de Lula sube en cada encuesta por su papel firme en defensa de la soberanía y por la prudencia con que está navegando la crisis con la primera potencia mundial. Los sondeos también muestran apoyo a las decisiones de Moraes. Según una encuesta de Datafolha, el 55% de brasileños cree que el juez acertó al obligar a Bolsonaro a llevar una tobillera electrónica, entre otras medidas cautelares, porque consideran que el riesgo de fuga era real.

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