Brasil se topa con un muro en su negociación por el tarifazo con Trump

Los intentos negociadores de Brasil para evitar la subida de los aranceles al 50% se han topado con un muro de indiferencia en la Casa Blanca. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el tarifazo para Brasil (el más alto en todo el mundo) el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció que no saldría de la mesa de diálogo hasta alcanzar un acuerdo. El problema es que no ha habido mesa, ni diálogo.

A pocas horas de que llegue el temido 1 de agosto, cuando en principio entrará en vigor el tarifazo, el clima en Brasil es de desánimo y resignación. Washington no coge el teléfono. Tanto el Gobierno como los empresarios brasileños creen que hay poco margen de maniobra, porque las razones para el castigo a Brasil no son estrictamente políticas. Trump vinculó la subida de los aranceles a la supuesta “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en medio de un juicio por presunto intento de un golpe de Estado que podría saldarse con más de 40 años de cárcel. Lula ha dicho repetidamente que Brasil es una democracia plena, con separación de poderes, y que nadie interferirá en la Justicia ni en la soberanía del país.

Tras la estupefacción que dejaron los mensajes de Trump, Lula puso al frente de las negociaciones a su vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin. El veterano político se reúne diariamente con los representantes de los sectores y empresarios que se verán más afectados, pero no consigue abrir una vía de diálogo con la administración Trump. “Todos los días llama a alguien, pero nadie quiere hablar con él”, se quejaba Lula hace unos días.

Alckmin llegó a hablar durante una hora con el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, pero la conversación no resultó en avances tangibles. Lula tampoco ha llamado a Trump (nunca han hablado, ni en persona ni por teléfono). El líder brasileño espera un primer gesto del republicano, mientras su entorno pide prudencia y preparar el terreno ante el temor de que Trump lleve a cabo una de sus humillaciones en público.

Ante la falta de progresos, un grupo de ocho senadores viajó esta semana a Washington. Integraban la comitiva oficialistas, pero también de la oposición de extrema derecha, en una inédita unión por el bien del interés nacional. La idea era reunirse con empresarios que compran productos brasileños y con congresistas, aunque la agenda era secreta, para evitar que la torpedease Eduardo Bolsonaro. El hijo del expresidente está instalado en la capital de Estados Unidos desde hace meses presionando a la administración Trump para que sancione a Brasil y consiga así sacar a su padre del cerco judicial en el que se encuentra. “Trabajo para que no encuentren diálogo”, dijo el diputado brasileño sobre sus colegas.

En Brasilia, la sensación es que el país se encuentra en un callejón sin salida y que el tarifazo será inevitable, al menos de momento. El ministro de Economía, Fernando Haddad, ya tiene casi listo un plan de rescate a los sectores que se verán más afectados. Los exportadores de carne, zumo de naranja, café o acero estarán entre los más damnificados. También una de las joyas de la corona de la industria brasileña, la fabricante de aviones Embraer, con decenas de encargos en Estados Unidos.

El Gobierno calcula que unas 10.000 empresas pueden verse afectadas directamente. El sector agrícola y ganadero estima que las exportaciones a Estados Unidos pueden caer a la mitad, dejando por el camino 5.800 millones de dólares. Tan solo en el Estado de São Paulo, la locomotora económica del país, el golpe puede comerse el 2,7% del PIB y destruir 120.000 empleos. Lo decía esta semana el gobernador del estado, el bolsonarista Tarcísio de Freitas, que estos días hace virtuosos equilibrios dialécticos para criticar el tarifazo de Trump intentando no irritar a sus seguidores más radicales, dispuestos a todo por el bien de Bolsonaro.

Déficit comercial

El Gobierno brasileño argumenta, sin éxito, que al contrario de lo que sostuvo Trump inicialmente, Brasil compra de Estados Unidos más de lo que exporta. En los últimos 15 años, Estados Unidos acumula con Brasil un superávit de más de 410.000 millones de dólares. La incógnita ahora es qué sucederá a partir del 1 de agosto.

Lula ha dicho en varias ocasiones que no le temblará el pulso a la hora de aplicar la Ley de Reciprocidad, que supondría subir al 50% los aranceles a los productos estadounidenses. No obstante, a priori no parece la opción más factible. Los empresarios temen que eso lleve a una espiral sin fin de efectos desastrosos para las dos economías. Algunas alternativas pasan por tasar determinados productos o servicios, como las big techs, aunque la mayoría de analistas apuestan por que habrá diálogo, al menos al principio.

A la incertidumbre se suman algunas señales sutiles que llegan desde Estados Unidos y que el Gobierno brasileño interpreta como puede. El representante de negocios de Estados Unidos en Brasilia (de momento no hay embajador), Gabriel Escobar, dejó caer a una entidad privada del sector de la minería que Estados Unidos tiene interés en las tierras raras y los minerales críticos brasileños. Brasil es, después de China, el país donde más abundan estos yacimientos, considerados estratégicos para la transición energética y ya determinantes en los movimientos geopolíticos. Lula salió tajante a decir que el subsuelo del país es patrimonio de los brasileños y ordenó crear una comisión para mapear los yacimientos. De momento, las piedras parecen estar fuera de la (futura) mesa de negociación.