El expresidente Álvaro Uribe traslada la discusión sobre su condena de los estrados a la política

El debate apenas empieza. El fallo de la jueza Sandra Heredia, que encontró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, y que lo sentenció a 12 años de prisión domiciliara, no parece ser un punto final, sino el inicio de nuevas discusiones. Este viernes, en la audiencia de lectura de la sentencia, Uribe sustentó oralmente su apelación al fallo. Durante una intervención de cerca de tres horas, se sumó a la estrategia de sus aliados más cercanos de denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia (lawfare, en inglés). El expresidente, quien durante los 67 días de la etapa de juicio había mantenido una conducta serena —incluso elogiada por la jueza— y que llevaba varios meses dedicado más a su defensa técnica que a la política, rompió el silencio sobre su condena e hizo varias afirmaciones: “Ha predominado la política sobre el Derecho”, “El fallo hace inferencias, suposiciones políticas”, “El fallo ofendió mi lucha por la dignidad en la política”. Así, ha trasladado la discusión de los estrados a la política.

Su hijo Jerónimo salió en su defensa y se pronunció en el mismo sentido. En un texto que hizo público el mismo viernes, enumera más de 20 argumentos que, según él, demuestran la inocencia del exmandatario, y se adhiere a la consigna de la instrumentalización judicial: “Lawfare de la izquierda radical contra Uribe y la oposición”, escribe al inicio del documento. Apunta como responsables de la persecución no solo al presidente Gustavo Petro, sino al exmandatario Juan Manuel Santos, quien pasó de ser cercano a su padre a un rival político. Uribe Moreno sostiene que durante los gobiernos de Santos y de Petro “se han emprendido indiscriminadas maniobras jurídicas para detenerlo [a Álvaro Uribe] y criminalizar a su familia y a su entorno”. Apunta también a Eduardo Montealegre, fiscal ternado por Santos y hoy ministro de Justicia de Petro, quien fue aceptado como víctima en el proceso por manipulación de testigos: “El fiscal que acusó a Uribe y la fiscal que lideró el juicio fueron promovidos por Montealegre”, sostiene.

Petro no tardó en responder. A través de su cuenta en X, le dijo a Jerónimo que sus acusaciones son “una calumnia”. Y añadió: “En mi estrategia no está la condena de Uribe, está la libertad de Uribe”, en referencia a una propuesta que hizo el senador oficialista Iván Cepeda una vez se profirió la condena, y que el presidente apoyó desde un primer momento. Cepeda, quien ha impulsado el proceso penal contra Uribe, propuso que se creara un nuevo mecanismo de justicia transicional al que se sometieran los exgobernantes, los empresarios y los medios de comunicación, todos excluidos de la actual Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La idea no cayó bien en el uribismo, que defiende la inocencia de su líder y ha sido crítico de la JEP. Sin embargo, sin alguna figura de justicia transicional, Uribe podría terminar pagando una condena mayor a las de otros sentenciados por este sistema por crímenes más graves.

El presidente Petro argumenta que fue el mismo Uribe “quien construyó la estrategia” para su condena, pues en 2012 fue él quien denunció a Cepeda por supuestamente manipular a varios exparamilitares para testificar en su contra. Tras seis años de investigaciones, la Corte Suprema estableció que no existían pruebas contra Cepeda sino que, por lo contrario, había indicios de que varias personas cercanas a Uribe habían intentado sobornar a presos para sostener su denuncia. Pese a que en el caso de Uribe el presidente ha sido más cauto que en otros asuntos, en ocasiones ha recordado las denuncias de los presuntos vínculos de su rival político con el paramilitarismo en Antioquia, que el mismo planteó ante el Congreso en un debate hecho en 2007, en sus tiempos como senador.

“Así empiezan las dictaduras”, escribió la senadora del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, a través de X, una vez se conoció el monto de la pena: “Hoy le dicen ‘sentencia’ a lo que es claramente una persecución”. Y prosiguió: “Las dictaduras no comienzan con tanques en las calles. Comienzan con aplausos cuando encarcelan al contradictor. Con miedo disfrazado de justicia. Con jueces al servicio del poder y no de la verdad”, a lo que Gustavo Bolívar, precandidato presidencial del partido de izquierda Pacto Histórico, respondió que nada tiene que ver Petro con la condena de Uribe: “Cuando Uribe cometió esos delitos, Petro no era presidente. Y cuando lo imputaron, el presidente era Duque, puesto en la presidencia por el mismo Uribe. Dejen de mentirle al país y al mundo”.

Por su parte, María Fernanda Cabal, también senadora uribista, ha utilizado sus redes para plantear la teoría de que la jueza Sandra Heredia no es la verdadera autora de la sentencia, de 1.114 páginas, ya que sostiene que es imposible que las hubiera escrito en 15 días, una hipótesis también difundida por el otro hijo del expresidente, Tomás Uribe Moreno. El lunes, durante la audiencia de lectura del fallo, Cabal incluso mencionó que era sospechoso que la jueza se equivocara en algunos fragmentos de la lectura, en una larga audiencia que duró más de diez horas. “¿Alguien le ayudó a escribir las 1.114 páginas de sentencia a la juez?”, sugirió en X. Al igual que Valencia y que la mayoría de representantes de uribismo, Cabal plantea que “este es un fallo con determinadores políticos”, proferido con el fin de “silenciar a un dirigente de la oposición”.

Para Susana Muhamad, exministra de Ambiente del gobierno Petro, estas afirmaciones no son más que el intento de la derecha por victimizarse. “Las implicaciones políticas hacen ver como si fuera una venganza”, dijo en una entrevista con Blu Radio, pero aclara que “ni el presidente Petro ni tampoco el entorno político tiene que ver, sino que ha sido una decisión estrictamente del ámbito judicial”. María José Pizarro, senadora de la coalición de izquierda Pacto Histórico, publicó un mensaje en el mismo sentido: “El país debe tener claro que no nos mueve un afán de venganza”. Sin embargo, fue más lejos al afirmar que esta condena “abre la vía para que Uribe responda por las graves acusaciones que existen en su contra, por violaciones a DDHH y crímenes de lesa humanidad, que ha pretendido encubrir”.

Con respecto al centro político, la mayoría de sus representantes apunta a que se debe respetar la institucionalidad y el poder judicial colombiano. “Es imperativo, más que nunca, proteger el respeto nacional e internacional a la justicia ahora y frente a las próximas decisiones”, escribió en sus redes Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador en los diálogos de paz con las Farc. El candidato independiente Sergio Fajardo ha sido cauto, y sólo ha asegurado que “los fallos de los jueces deben acatarse”. La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en el pasado realizó varias investigaciones sobre paramilitarismo, ha asegurado que el expresidente contó con plenas garantías, y que su condena demuestra que “nadie, ni el más poderoso expresidente en Colombia, está por encima de la ley”. El desenlace final sigue siendo incierto. El abogado del exmandatario, Jaime Granados, apelará la decisión de primera instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá y, en caso de resultar desfavorable, también ante la Corte Suprema de Justicia. El futuro del exmandatario seguirá en manos de la justicia ordinaria.