Un tribunal envía a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el entramado de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este jueves enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el caso más grande del Gobierno Petro. La Fiscalía les ha imputado los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer dádivas a congresistas a cambio de respaldo en el Congreso, y ha solicitado su detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.

La magistrada Aura Rosero Baquero, encargada del caso, ha ido más allá, al señalar los altos cargos que tuvieron y su función protagónica en el tinglado que la Fiscalía ha llamado una “empresa criminal”, que buscaba desfalcar el Estado para así pagar coimas a congresistas y favorecer al Ejecutivo en sus trámites legislativos. La defensa ha apelado la decisión, pero, mientras se resuelve este recurso, la orden de enviarlos a una presión en principio se mantendrá.

En el caos, la Fiscalía ha buscado probar que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los entonces ministros hicieron que se redireccionaran dineros públicos de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas designados por varios congresistas. Era una manera de asegurar sus votos en el Congreso y, por esa vía, mayorías legislativas para el Gobierno de Gustavo Petro. La imputación indica que el entramado impulsó 79 contratos por 612.000 millones de pesos, aunque solo siete llegaron a adjudicarse.

Uno de los momentos clave, según la Fiscalía, es un encuentro que ocurrió el 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño, al que se refiere como el cónclave. Allí, en el palacio presidencial, se reunieron varios integrantes del Ejecutivo y del Legislativo para planear el esquema de corrupción, según la acusación. El encuentro habría tenido el liderazgo del exministro Velasco, íntimo conocedor de un Congreso del que fue miembro durante 24 años como miembro del Partido Liberal, y participó el prófugo Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y amigo cercano de varios congresistas de su partido, la Alianza Verde.

En el caso de Ricardo Bonilla, un académico de izquierda que llegó al Gobierno por su cercanía con Petro, ha sido central el testimonio de María Alejandra Benavides, su exasesora y quien ha confesado que actuó bajo sus órdenes. La exfuncionaria, quien firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, ha dicho que gestionó comunicaciones y reuniones entre integrantes del Ejecutivo, congresistas y funcionarios de la UNGRD por órdenes de quien entones era su jefe. Los beneficiados, según los señalamientos, serían congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como de las comisiones Primera y Séptima del Senado y Tercera y Cuarta de Cámara y Senado. Debido a su fuero, ellos no son procesados por la Fiscalía sino por la Corte Suprema de Justicia.

Los exministros se han declarado inocentes desde un principio. El antiguo jefe de la cartera de la política, quien es abogado, ha asegurado que presentará una versión distinta a la que han defendido los testigos clave de la Fiscalía. “Espero, con el mayor respeto, señora fiscal, que cuando nos escuche pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes porque el país solo ha escuchado una voz”, dijo en su intervención virtual de este jueves, antes de la decisión de la togada. Bonilla también defendió su actuar. “Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, cumplí la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”, dijo el economista.

Con la orden de la magistrada ya son tres los antiguos integrantes del Gobierno de Petro que fueron enviados a la cárcel por este escándalo. La primera fue la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por su supuesto rol como intermediaria entre funcionarios del Gobierno y los congresistas beneficiados. Ortiz, con carrera en la Alianza Verde y muy cercana a González, ha negado cualquier participación en la que la fiscal Patiño, al cierre de su intervención, calificó de ser una “empresa criminal” liderada por Velasco y Bonilla.

Además, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, y su segundo, Sneyder Pinilla, han aceptado su participación en el entramado. González, por su parte, tiene una orden de captura vigente, de la que se protege gracias a un asilo otorgado por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, también fueron capturados en un proceso vinculado, señalados de haber recibido coimas para favorecer la agenda del Gobierno en el Capitolio.