La derecha denuncia ‘lawfare’ por la condena contra Álvaro Uribe mientras la izquierda exige respeto a la justicia

El pulso político no tardó en iniciarse. La condena del lunes contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por manipulación de testigos dio rápidamente lugar a interpretaciones contrarias. La derecha hizo graves denuncias que ponen en entredicho la legitimidad de la justicia: que el exmandatario es víctima de una persecución, que el fallo es una venganza, que la democracia está bajo ataque. Recibió el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que denunció “la instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales”. La izquierda respondió que la decisión debe respetarse y que esta es la primera de muchas que esperan contra Uribe. “El mundo debe respetar a los jueces de Colombia”, declaró el presidente Gustavo Petro.

Algunas de las senadoras más cercanas a Uribe fueron las encargadas de agitar la bandera del lawfare (la instrumentalización de la justicia con fines políticos), una estrategia que ya había adelantado el abogado Jaime Granados en conversación con este periódico. “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo”, comentó en X la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Algo similar expresó su compañera María Fernanda Cabal, que señaló que el fallo “envía un mensaje político”. “Pone en riesgo la credibilidad de las instituciones. Será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás sea instrumentalizado para judicializar la política”, dijo. Vicky Dávila, candidata independiente de la derecha, aseguró que es “la materialización de una venganza criminal contra quien enfrentó el terrorismo”.

Estos cuestionamientos no son solo una estrategia aislada del uribismo. El Gobierno de Estados Unidos, que ya impuso aranceles contra Brasil por un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, replicó la tesis del lawfare. “El único crimen del expresidente colombiano Uribe es haber luchado incansablemente por su patria. La instrumentalización del poder judicial por jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió en X el secretario de Estado, Marco Rubio. Algunos congresistas republicanos elevaron aún más el tono. El senador Bernie Moreno aseguró que “Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad” y que esto “ya se ha visto” en Venezuela. Su colega Ashley Moody calificó el juicio como “una persecución política”: “Este montaje le ha mostrado al mundo cómo se ha deteriorado el Estado de Derecho en Colombia”.

La izquierda se vio obligada a entrar en este eje del debate. El presidente Petro señaló que tanto los simpatizantes como los contradictores de Uribe “deben respetar a la justicia”. “Lo demás es bestialidad, y Colombia debe ser sabia. Este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas”, declaró en X. Enfatizó que los comentarios de autoridades extranjeras son “un ultraje” que su país no permitirá. “Es una intromisión a la soberanía nacional”, le respondió al secretario de Estado norteamericano. El senador petrista Iván Cepeda, víctima de la manipulación de testigos de Uribe, hizo un reclamo parecido: “Llamamos a la contraparte a que respete y acate a la justicia. Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos y sus crímenes”.

Otros sectores más cercanos al centro político también cuestionaron la tesis del lawfare. Sergio Fajardo, precandidato presidencial por el centro político, expresó en X que “los fallos de los jueces deben respetarse y acatarse”, más allá de las consideraciones políticas. “La separación de poderes es un pilar central de nuestra democracia. El desacuerdo con una decisión judicial es legítimo, pero debe tramitarse por las vías que la misma justicia establece”, resaltó. La congresista Jennifer Pedraza, cercana a Fajardo, pidió “rodear a la justicia” y rechazó las afirmaciones de que Uribe es un perseguido político: “Las decisiones judiciales no son un concurso de popularidad. Todo el espectro político debería respetarlas”.

La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, enfatizó que Colombia tiene “un poder judicial independiente” y que el fallo del lunes “no es una instrumentalización de la justicia”. “Sobornar testigos y hacer fraude procesal en un caso por violaciones de derechos humanos es muy grave. Nadie está por encima de la ley”, dijo en mensajes en inglés y en español que publicó en X.

Hay especial preocupación por la integridad de la jueza que dictó la condena, Sandra Heredia. La precandidata presidencial Claudia López, opositora a Petro, rechazó en X “todo el hostigamiento” que la funcionaria y sus colegas “han recibido”. “Exijo protección a su vida, su trabajo, e independencia”, reclamó. La Unidad Nacional de Protección, a cargo de los escoltas del Estado, emitió un comunicado en el que informa que está realizando estudios sobre el nivel de riesgo de la jueza y que “podría determinarse el refuerzo de su esquema de seguridad”. Más temprano, la Defensoría del Pueblo llamó a garantizar “la autonomía, la dignidad y la seguridad” de la jueza: “Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho”.

Hay, sin embargo, algunas razones para esperar que esta retórica del lawfare no escale. El Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, emitió un comunicado mucho más moderado que los mensajes de sus senadoras y el Gobierno estadounidense. “Respetamos las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho (...). Esta decisión será acatada con respeto, pero será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo establece la ley”, se lee en el texto.

Un punto de partida

La izquierda celebró el fallo, pero también recordó que la manipulación de testigos es solo uno de los tantos crímenes por los que ellos denuncian a Uribe. La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro pidió que ahora se avance en las investigaciones por los señalamientos que dieron origen a todo el proceso que derivó en la condena del lunes: las afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve sobre los supuestos vínculos del exmandatario con el paramilitarismo. “[Hay que investigar] el papel de la familia Uribe Vélez en la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro”, dijo en relación a los testimonios de Monsalve que, precisamente, se buscaban silenciar. También se refirió a “las masacres de El Aro y La Granja y al asesinato de Jesús María Valle, entre otras centenares de graves violaciones a derechos humanos”, en referencia a crímenes que ocurrieron cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Algo similar comentó Camilo Romero, también precandidato: “Todavía el país espera respuesta por los falsos positivos [ejecuciones extrajudiciales de civiles]”.

El senador Cepeda, por su parte, aprovechó sus declaraciones tras el fallo para reivindicar a otras víctimas. “No solamente sentimos que [hoy] se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Esta decisión justa la consagramos también para las madres de los muchachos desaparecidos presentados como falsos positivos, a quienes murieron en las masacres de El Aro, San Roque, a los magistrados y magistradas que fueran víctimas de espionaje del DAS [Departamento Administrativo de Seguridad]. A todas ellas les decimos que continuaremos hasta que haya verdad plena”, declaró a los medios de comunicación tras salir del complejo judicial de Paloquemao, 13 años después de que Uribe lo hubiera señalado falsamente de ser él quien sobornaba a testigos.

Las Madres de Soacha, que piden justicia por sus hijos asesinados durante el Gobierno de Uribe (2002-2010), le agradecieron el gesto al senador. “Gracias Iván. Gracias por honrar a nuestros hijos. Por honrar nuestra lucha. Iván Cepeda, que Dios te bendiga siempre”.