De las chuzadas a los falsos testigos: Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que siempre estaba protegido de sus escándalos

Desde que salió de la Casa de Nariño, al final de su segundo mandato en 2010, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha seguido desde la trinchera el juicio a varios de sus subalternos. Uribe Vélez pasó buena parte de su administración, las dos campañas presidenciales siguientes y seis años como senador, defendiendo a por lo menos una decena de exfuncionarios de alto nivel que han sido declarados culpables por delitos que cometieron durante su Gobierno y que, de una u otra manera, podrían haber favorecido su proyecto político.

Pero, aunque las faltas le ayudaron a sus planes o banderas políticas, él nunca pasó al banquillo de los acusados sino hasta ahora. Esto, en parte, porque aquellas acusaciones penales se hicieron ante el Congreso, donde casi siempre reina la impunidad en la Comisión que debe investigar a los expresidentes. El caso de falsos testigos es una excepción. Como los hechos ocurrieron cuando Uribe era senador y este renunció a su curul para evitar que lo juzgara la Corte Suprema, el proceso pasó a la justicia ordinaria. En este escenario, la jueza Sandra Heredia determinó que quienes actuaron en nombre del exjefe de Estado para conseguir falsos testimonios, como el abogado Diego Cadena, lo hicieron con su conocimiento: “El señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar”.

Por años, Uribe Vélez ha negado su participación en los distintos escándalos, ha defendido la integridad de sus antiguos colaboradores y ha cuestionado decisiones judiciales adversas. Ahora, al máximo líder de la derecha colombiana, acostumbrado a una defensa constante de sus aliados, le llegó el turno de responder directamente ante la justicia. La jueza Heredia lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

Los escándalos presidenciales

En 2008, cuando estalló el escándalo de la ‘Yidispolítica’ – el ofrecimiento de dádivas a congresistas a cambio de la aprobación de la reforma que logró dar vía libre a su primera reelección – el expresidente negó que su gobierno comprara conciencias. La exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, reconoció haber recibido el ofrecimiento de cargos públicos como contraprestación por su voto respaldando el proyecto. “El Gobierno persuade, no presiona, ni compra conciencias. El Gobierno respeta el derecho de la participación, pero no tolera la corrupción”, afirmó entonces el expresidente.

La Corte Suprema de Justicia no solo declaró culpable a Medina del delito de cohecho, sino que condenó a tres exfuncionarios de Uribe por formar parte de la ‘Yidispolítica’: el exministro de protección social, Diego Palacio; el exministro del interior y de justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez. El exmandatario defendió a sus funcionarios y reaccionó cuestionando la credibilidad de los magistrados.

No fue el único caso en el que el líder político puso en duda actuaciones de la justicia. También calificó como infamias las publicaciones periodísticas que profundizaban en los seguimientos e interceptaciones ilegales desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –un organismo adscrito a la Presidencia de la República– a magistrados de altas cortes, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. “Nunca di orden, insinué o consideré una opción ilegal, en conversaciones públicas o privadas”, aseguró en 2010.

Entre las personas interceptadas en la operación ilegal de espionaje, que se empezó a revelar en el año 2009, estaba el entonces congresista Gustavo Petro y otros personajes que para la época investigaban la llamada “parapolítica”, las relaciones de políticos con grupos paramilitares, incluido el exsenador Mario Uribe, primo del expresidente. Como jefe de Estado, Uribe fue denunciado por las “chuzadas” ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La acusación contra Uribe Vélez no llegó a resolverse. Sin embargo, entre una veintena de condenas penales figuran las de dos exdirectores del DAS de su Gobierno, señalados de dar directrices para ejecutar los seguimientos e interceptar de manera irregular: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, sentenciados a 28 y 14 años de cárcel, respectivamente. También fueron condenados el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo, el exsecretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y el exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno, este último también implicado en la ‘Yidispolítica’.

“Si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República”, dijo Álvaro Uribe para desmarcarse cuando la Fiscalía argumentaba que las interceptaciones las había hecho el DAS, pero se habían ordenado desde la Casa de Nariño. En 2011, el DAS se liquidó para dar paso a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia.

A las reacciones de defensa del expresidente por hechos que ocurrieron durante su Gobierno se suman las que surgieron ante las revelaciones de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes que las fuerzas militares hicieron pasar por guerrilleros entre 2002 y 2008, en tiempos en los que Uribe impulsaba la política de Seguridad Democrática, que buscaba combatir a grupos armados ilegales y recuperar el control territorial.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo con las FARC de 2016, la lógica del enemigo se utilizó para justificar homicidios y mostrar resultados en la lucha contrainsurgente. “Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, apunta el documento. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima en 6.402 el número de víctimas en el periodo del expresidente.

Uribe ha reiterado que durante su mandato se tomaron decisiones para frenar estos delitos. “Empecé a combatir eso desde que llegó la primera queja, no se hablaba de falsos positivos sino conductas que serían supuestos delitos de los militares, eso lo empecé a combatir desde el 2002”, sostuvo en una entrevista. Su partido, el Centro Democrático, ha sostenido que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los ‘falsos positivos’ en el país”. En un comunicado que publicó tras el informe de la Comisión de la Verdad, en 2022, argumentaba que se priorizaron las desmovilizaciones por encima de las bajas o las capturas. El medio digital La Silla Vacía detectó que tres de los cuatro puntos que contenía ese comunicado eran engañosos.

Actualmente, la JEP investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, particularmente en Norte de Santander, Antioquia, la costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, además del cementerio de Las Mercedes en Dabeiba (Antioquia). El general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército hasta el 2008, cercano al presidente Uribe, enfrenta un juicio por no reconocer su responsabilidad en por lo menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, cuando era comandante de la IV Brigada. Montoya podría recibir una pena de 20 años de cárcel.

Las investigaciones judiciales también han involucrado a quienes se proyectaban como posibles sucesores del uribismo en campañas presidenciales. Uribe Vélez declaró como una injusticia el proceso contra su exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, dirigidas a favorecer sus aspiraciones políticas. Arias fue uno de los ministros más cercanos al expresidente Álvaro Uribe y su precandidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 2010.

En 2011, cuando Arias fue detenido de forma preventiva, su antiguo jefe emprendió una defensa de largo aliento. “Si hubiera una sola prueba de que el exministro Arias o que sus compañeros se robaron un peso yo no los defendería ni habría ido allá, al lugar de reclusión”, declaró después de visitarlo en el Cantón Norte. Decía que el exministro no se había robado un peso y que sus enemigos políticos querían podrirlo en la cárcel.

La Corte Suprema encontró que Arias incurrió en múltiples delitos al celebrar convenios que dirigieron la apropiación de recursos del Estado a favor de familias y empresas específicas. El tribunal estableció que los beneficiarios fueron convocados para apoyar la campaña política del entonces precandidato a la Presidencia por el Partido Conservador Colombiano. En enero de 2024, un juez le concedió a Arias la libertad condicional. El expresidente, sin embargo, corre el riesgo ahora de perder la suya. La juez dirá cuál será la sentencia definitiva en las próximas semanas.