La justicia declara culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido declarado culpable este lunes en el juicio penal en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia ha dictado la sentencia y ha señalado que el político de 73 años le pidió a su abogado, Diego Cadena, ofrecer beneficios a distintas personas, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que dieran testimonios a su favor y en contra del congresista de izquierdas Iván Cepeda. “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, ha dicho al final de su fallo, contra el argumento del exmandatario de que su abogado actuó sin saber lo que él hacía. El veredicto es en primera instancia y hay lugar a apelación. Con la decisión se vive un día histórico, pues es la primera vez en la historia moderna de Colombia que un expresidente es condenado, una señal de que ni siquiera los más poderosos del país están por encima de la ley. El viernes en la tarde, hora colombiana, en la madrugada en España, se conocerá la sentencia, que contempla penas de hasta nueve años de cárcel, y se abre la posibilidad de que el expresidente cumpla condena en arresto domiciliario.

La audiencia inició con unas palabras de Heredia sobre la justicia. “La justicia ha llegado como debe ser: serena, reflexiva y sin presiones”, ha manifestado la jueza Heredia antes de leer el veredicto. “Este juicio no es un juicio contra la historia política, no es una revancha. Es un acto de justicia y solo de justicia”, ha agregado. Además, ha resaltado la separación entre justicia y política: “Pedimos respeto. Pedimos sensatez. Pedimos que este momento sea entendido con la madurez que merece”.

Las palabras de Heredia no son aleatorias: tanto el expresidente como sus aliados políticos han alegado que las pruebas en su contra no son concluyentes y que, por tanto, una sentencia condenatoria corresponde a un lawfare. “Ninguna persona puede ser condenada en contra de las evidencias que muestran su inocencia”, manifestó Jaime Granados, abogado defensor, en una entrevista con este diario.

La jueza tomó la palabra durante casi todo el día para explicar su decisión y comenzó tumbando uno a uno los argumentos de la defensa de expresidente. Defendió una conversación grabada por Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe, con un reloj espía, argumentando que era falso que la grabación estuviera modificada. Avaló interceptaciones incriminatorias que hizo por equivocación la Corte Suprema a Uribe, a principios de la investigación de ese tribunal. Y respaldó a Monsalve como una persona creíble, y, por el contrario, desestimó la credibilidad de los testigos que llevó la defensa por sus contradicciones. El expresidente solo fue absuelto de un tercer delito, de soborno simple.

“Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia”, dijo el senador de izquierdas, Iván Cepeda, al terminar el día. “(La jueza Heredia) ha hecho valer, tal vez por primera vez en nuestra vida republicana, el principio de que nadie puede impunemente mancillar la ley y las instituciones, un principio fundamental de la democracia que hasta hoy exceptuaba a los máximos responsables del Estado”, añadió Cepeda. También hizo un llamado a respetar la justicia, y a la unidad de distintos sectores políticos y económicos para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas de la guerra: “Si el expresidente condenado hoy decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos”.

El juicio penal comenzó el pasado febrero tras casi 13 años de intentos por parte de la defensa de Uribe para que el caso fuera archivado. Aunque la Fiscalía apoyó esta postura durante varios años, cuando estaba bajo el mando de Francisco Barbosa —un aliado político de Uribe—, la justicia negó la solicitud en diversas ocasiones. Con la llegada de Luz Adriana Camargo al Ministerio Público, en marzo de 2024, el enfoque de la entidad dio un giro radical y acusó en mayo del año pasado al exmandatario de idear y respaldar “una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar las retractaciones de testigos clave”.

Vínculos con los paramilitares

El origen del caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con los paramilitares. Lo hizo ante el Congreso de la República y con el apoyo de los testimonios que recabó de varios exparamilitares. El testigo clave que sustentó esa denuncia es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del capataz de la Hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia del expresidente. Según Monsalve, Uribe y su hermano Santiago fundaron y financiaron el Bloque Metro, una facción paramilitar que operaba en esa residencia rural ubicada en el departamento de Antioquia.

El veredicto no entra a dirimir sobre si la denuncia que hizo Cepeda es cierta o no. El núcleo del juicio se centraba en decidir si el expresidente utilizó su influencia para intentar que los testigos como Monsalve cambiasen su versión y se pusiesen en contra del senador. En febrero de 2018, el abogado de Uribe, Diego Cadena, visitó a Monsalve en la cárcel y le ofreció beneficios judiciales a cambio de que retractase su testimonio. Esa fue la conversación grabada por el reloj espía que llevaba el reo.

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COLOMBIA | Las claves del juicio del expresidente Álvaro Uribe

Ante los hechos, la Corte Suprema de Justicia suspendió la investigación contra Cepeda, denunciado por Uribe por sus acusaciones, y abrió en 2018 un expediente contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos. Los magistrados ordenaron en agosto de 2020 su detención domiciliaria por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. Al verse acorralado, Uribe —en ese momento senador— renunció a su escaño en el Congreso para que la Corte perdiera el fuero para investigarlo. Desde entonces, el caso quedó en manos de la justicia ordinaria. El fallo será apelado, según anunció el partido fundado por el expresidente. El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si mantiene la sentencia. Y anticipan que, si la resolución de esta alta corte no satisface su postura, “también se acudirá a otras instancias como la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia”.

Implicaciones políticas

Las consecuencias de la decisión no son solo jurídicas, sino también políticas. Para quienes han apoyado al expresidente por décadas, inicia ahora una campaña para argumentar que el fallo fue político, y para el Centro Democrático, se abre el gran reto de reinventar su trayecto a las legislativas y presidenciales del próximo año, con su líder condenado por la justicia. Para la izquierda, enemiga natural del expresidente de derechas, la sentencia también puede representar una oportunidad. El rumor en Bogotá es que la víctima principal del proceso, el senador Cepeda, se lanzará como candidato presidencial, aupado por ser el hombre que sentó a Uribe al banquillo de los acusados.

Pero luego hay una pregunta más grande sobre qué significa esta condena para la historia de Uribe, el presidente más popular del país en las últimas décadas, con una opinión favorable que siempre rondaba el 70%. Se hizo popular por su mano dura, regresando la sensación de seguridad a millones de colombianos, pero su Gobierno también fue señalado de graves violaciones a los derechos humanos. Entre los crímenes que se le achacan están el espionaje a jueces y miembros de la oposición y las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes ciudadanos, disfrazados como guerrilleros muertos en combate. Las víctimas de esos crímenes hoy ven que ha llegado la justicia, si bien fue en un caso muy distinto al que denunciaron contra el exmandatario.

La cercanía de Uribe con el paramilitarismo siempre ha sido un fantasma en su carrera política y, como dijo este lunes la jueza, este fallo no zanja la discusión. Lo que sí determina es que el expresidente buscó callar a esos testigos que, como Monsalve, querían denunciar que él y su familia estuvieron muy cerca de grupos paramilitares. La pelea de Uribe probablemente llegará hasta la Corte Suprema de Justicia, la instancia final. Al camino, que ya supera los 13 años, aún le falta un trayecto.