Álvaro Uribe Vélez ataca el fallo en su contra: “Quieren destruir a una voz de la oposición democrática”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha roto su silencio y quiere tener la última palabra. En la tarde de este viernes, al final de la audiencia de sentencia en su contra, en la que la jueza Sandra Heredia pidió una pena para él de 12 años de prisión domiciliaria inmediata, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el exmandatario pidió la palabra. Ha decidido sustentar inmediatamente la apelación contra la sentencia y, oralmente, defendió un mensaje central: el fallo, argumentó, es un “discurso político” para “para destruir una voz de la oposición democrática”. Después de que la jueza impactó a la opinión pública este lunes con una lectura de una parte del fallo durante diez horas, el expresidente de derechas declamó durante casi tres horas con el distintivo tono de orador político que durante años cautivó a millones. Lo clave no es solo ganar en los estrados, sabe el político, sino ante la opinión pública.

Para quienes se preguntaban si Uribe Vélez iba a abandonar la teoría del lawfare, es decir, una instrumentalización política de la justicia, la respuesta no deja dudas de que es su nueva bandera. “En el discurso político gobiernista, para condenar a un dirigente de oposición, que escuchamos el pasado lunes, se me dijo que yo decía mentiras”, dijo en una de las reiteradas frases en la que señala a la jueza de jugar del lado de las víctimas del proceso. Es decir, del senador oficialista y de izquierdas Iván Cepeda, y del actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. No fue la única frase en ese sentido: “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”; ”Hubo un discurso político para sustentar y anunciar el fallo contra mí el pasado lunes”; “El fallo hace inferencias, suposiciones políticas”; “El fallo ofendió mi lucha por la dignidad en la política”; “Este es un fallo que va contra las normas jurídicas”.

La audiencia arrancó un par de horas antes con un tenso momento entre Uribe y la jueza Heredia, quien infirió que el fallo decisorio se filtró a los medios por uno de los hijos del expresidente. “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos”, dijo el político, y añadió que la jueza “me ha tratado a mí de la peor manera”. “No se meta con mi familia”, le espetó. Heredia le pidió callarse y explicó que solo estaba refiriendo información que había recibido de la oficina de prensa del complejo judicial donde se realizó la audiencia. “No cuestione a los hijos míos, señora juez”, reiteró Uribe, “condenan a su papá, por supuesto ellos se preocupan”.

Otro tenso momento, ya en el largo discurso de Uribe, se dio cuando criticó la decisión de la jueza de ejecutar inmediatamente la pena de 12 años de prisión domiciliaria, argumentando que es “para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. El expresidente dijo que el fallo desconocía su actitud pacífica -“yo con el ejercicio de libertad recorro el país, haciendo foros, hablo con franqueza sobre lo que mi corazón siente sobre Colombia, doy mis razones de oposición”- mientras que el oficialismo, según su acusación, mantiene un discurso que tiene a Miguel Uribe Turbay, senador de su partido, “al borde de la muerte” [en junio fue víctima de un atentado del que aún no se conocen los motivos]. Es una línea argumentativa que ha seguido su partido, que señala una ofensiva en su contra, por las armas o por los tribunales.

El expresidente luego repitió buena parte de los argumentos de su defensa. La jueza consideró que su abogado Diego Cadena se acercó a exparamilitares para ofrecer beneficios judiciales, y que lo hizo con la aprobación de Uribe, y el exmandatario argumentó que él siempre le exigió trabajar en buscar la verdad. Volvió a argumentar que cuando le pidió a Cadena ir a las cárceles y acercarse a los condenados, lo hacía para pedir “verificaciones”, ya que le habían dicho que en los penales había un complot en su contra.

“El fallo trajo una narrativa para defender bandidos y acusarme de bandido”, dijo Uribe. Se refería especialmente a Juan Guillermo Monsalve, testigo central del caso. Alega que este hombre, que acusó al expresidente de estar ligado al paramilitarismo, nunca fue reconocido como paramilitar ante la justicia. La jueza había dicho que lo que está en debate no es si Monsalve es paramilitar o no, ni si es cierto lo que dice sobre el paramilitarismo, sino si Cadena intentó sobornarlo. Pero el expresidente insiste en que no se debe considerar a Monsalve como un testigo honesto.

Otro punto en el que Uribe se detuvo son unas de las palabras que le dijo a Cadena en 2018, y que fueron interceptadas. Allí le decía al abogado que solo él se atrevía a ir a los penales a buscar “verificaciones”, mientras sus otros defensores, Jaime Lombana y Jaime Granados, no. Cadena dijo en el juicio que para él trabajar para Uribe Vélez fue el mayor honor de su vida. Ese es uno de los elementos que usó la jueza para señalar una relación de subordinación entre los dos hombres, en las que Uribe armó un “marco” para las misiones de Cadena en las cárceles, que este aceptó. Para el expresidente, en cambio, él tenía confianza en la labor profesional de Cadena, y nunca le ordenó ofrecerles beneficios jurídicos a cambio de que cambiaran sus versiones.

“Es claro que el doctor cadena lo abordó autónomamente”, dijo el expresidente sobre otro de los condenados mencionados. Se trata del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a quien el abogado entregó dinero a cambio de que obtuviera testimonios favorables para el expresidente, de acuerdo al fallo. Los testigos en su contra, insistió Uribe, fueron criminales que resultaron presos “durante mi gobierno”. Por eso, insiste, sus versiones son retaliaciones en su contra.

“Estas decisiones hoy me afectan”, continuó el expresidente. “Y mientras siga acá el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista, afectarán a otros”, añadió en un claro ataque político al Gobierno de Gustavo Petro. Contra Iván Cepeda, defensor de derechos humanos durante años, Uribe señaló que hombres como él “abusan de los derechos humanos, es la apariencia para llegar a las cárceles y ofrecer beneficios para que acusen a un adversario político”. Este caso judicial arrancó cuando Cepeda organizó, en 2012, un debate de control político donde citaba a los exparamilitares como Monsalve que señalaban a Álvaro Uribe Vélez de fundar un bloque del paramilitarismo. La Corte Suprema encontró en 2018 que Cepeda no les ofreció sobornos para hablar contra Uribe Vélez, como alega hasta hoy el expresidente. Ahora la juez encontró que fue el expresidente quien cometió delitos contra la justicia para manipular testigos. Para Uribe Vélez, ella no tiene la última palabra. Ahora el caso pasa a manos de Tribunal Superior de Bogotá, que deberá leer el fallo y, también, escuchar la apelación del expresidente.