Sentencias desde la portada

Como era de esperarse, el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez desató un intenso debate público en Colombia. Pero ha sido una discusión empañada con prácticas preocupantes de varios sectores: medios de comunicación que perfilaron a la jueza y quisieron poner en duda su imparcialidad, juristas prominentes que sugirieron juicios anticipados y la inexplicable pasividad de la propia rama judicial al defenderla de la andanada a la que fue sometida. Acciones que solo se encaminaron a erosionar la independencia de una jueza y amenazaron el Estado de derecho que se busca defender.

En los días previos al fallo, la revista Semana publicó un perfil detallado (con todos los lunares periodísticos que se quieran) de la jueza Sandra Liliana Heredia, llegando a exponer la vida privada de su familia y sus supuestas “ideas políticas”. Resaltó que, aunque ella había nacido en una familia conservadora del Tolima, quienes la conocieron en algún momento aseguraron que ella era de izquierdas.

De modo similar, diarios favorables a la causa uribista lanzaron mensajes sesgados. Por ejemplo, el periódico El Colombiano publicó en su portada afirmaciones sugerentes como que Uribe sería condenado sin una prueba reina (sí, las pruebas reinas como en las películas), insinuando con ello dudas sobre la imparcialidad de la jueza.

Ni hablar de la columna de Juan Lozano, hoy director de La FM de RCN, pero otrora alto funcionario del gobierno Uribe (cosa que omitió mencionar en su columna en El Tiempo), diciendo, en pocas palabras, que cualquier decisión adversa a Uribe sería la muestra de la utilización de la justicia como instrumento de revancha política. Esto es presión mediática, estigmatización y una amenaza a la independencia judicial.

A ese juego se sumó la polémica iniciativa de un grupo de abogados, que firmaron una “carta abierta” publicada en El Tiempo en la que concluyen que “no hay pruebas para emitir un fallo condenatorio contra Uribe”. Alegan que el caso, denominado “Caso del Siglo”, sería un “burdo montaje” ideado por adversarios políticos. Esa misiva hizo parte de la presión pública contra una funcionaria judicial que tenía sobre sus hombros la ya difícil labor de definir el futuro judicial de quien ha sido el hombre más poderoso del país.

No hay que ser un ilustre para saber que los juicios mediáticos y políticos de esta naturaleza, que además provienen de poderes fácticos, vulneran el principio de separación de los poderes del Estado y minan la confianza ciudadana en la administración de justicia. En efecto, al emitir un juicio anticipado sin estar en el proceso, siendo reconocidos juristas, pretendían socavar la autoridad de la jueza bajo la ya conocida falacia de autoridad.

La intervención de los juristas equivale a interponer una “opinión pública” en lugar de argumentos judiciales, debilitando la imparcialidad del debate legal. Al sugerir un veredicto antes de conocer los hechos, los firmantes de la carta hicieron exactamente lo contrario: apremiaron a la jueza, coartando su autonomía.

El tercer elemento preocupante fue la notable ausencia de un respaldo contundente de las altas instancias del poder judicial. Ni la Corte Suprema, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni los magistrados de la Sala Penal se pronunciaron públicamente frente a la avalancha de ataques contra la jueza. En contraste, solo el mismo día de la lectura del fallo, tras horas de tensión, surgieron pronunciamientos de apoyo. La Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) finalmente expresó solidaridad hacia la jueza Heredia y enfatizó la importancia de respetar la autonomía judicial. En un comunicado, ese gremio “hizo un llamado a las autoridades, los medios de comunicación, las partes intervinientes y a la comunidad en general a respetar el ejercicio funcional” de la jueza. Demasiado tarde.

Algo parecido hicieron los jueces penales de Bogotá con un mensaje público para acompañar a la jueza Heredia, recordando que las decisiones judiciales tienen “presunción de legalidad y acierto”. Sin embargo, esto ocurrió en la recta final del proceso. Para entonces, la divulgación de nombres, la carta de juristas y la furibunda campaña mediática ya habían impuesto un clima agresivo.

La Rama Judicial, que debería actuar de garantes del derecho, pareció ignorar el problema hasta último minuto. Esa falta de un respaldo inmediato y visible envía un mensaje equivocado: en la práctica, cualquier funcionario judicial expuesto a la opinión pública puede ser vituperado sin defensa hasta que se dicte fallo. En el juicio a Uribe, mientras la defensa fue activa, el poder judicial se mantuvo en silencio, lo que aumentó la vulnerabilidad de la jueza y de futuros jueces ante presiones. Este conjunto de elementos erosionan la independencia judicial, más de lo que parece. La prensa que somete a los jueces a retratos sin rigor periodístico atenta contra la igualdad de todos ante la ley. Todos tenemos algo para decir, pero no todo es importante.

En un país donde la justicia ha sufrido históricas intromisiones, resulta indispensable reforzar la cultura del respeto a las sentencias y al fuero de los jueces. Cualquier fallo, sea condenatorio o absolutorio, debe surgir del debido proceso y la valoración imparcial de la prueba, no de consignas mediáticas ni pedidos de opinión pública. De lo contrario, la legitimidad del sistema judicial se resquebraja y, con ella, la confianza ciudadana en el cumplimiento de la ley. El episodio del juicio a Uribe deja una lección clara: la independencia de los jueces no puede ser moneda de cambio en un debate ideológico ni víctima del periodismo mediocre. Por fortuna, fueron muchos los medios que informaron con la mesura y el criterio que sólo se obtienen de una forma: haciendo periodismo.