El Gobierno de Petro formaliza su intención de recolectar firmas para convocar una Asamblea Constituyente

El Gobierno de Gustavo Petro ha dado este viernes el primer paso en firme para que su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se concrete. Este viernes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha realizado la inscripción oficial ante la Registraduría Nacional del comité Promotor de la Asamblea Constituyente, conformado por nueve personas que serán las encargadas de impulsar la recolección de las cerca de tres millones de firmas (o el equivalente al 5% del censo electoral) que se necesitan para que avance un proyecto para redactar una nueva Constitución en Colombia. “A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa, y con la inscripción de este comité de nueve personas, arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente se exprese”, dijo Sanguino en declaraciones a los medios a su salida de la Registraduría. El presidente Petro ha escrito en X: “El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.

La que hasta ahora solo había sido una propuesta del presidente, que salía a relucir cada vez que el Congreso bloqueaba alguna de sus reformas sociales —bien fuera la de la salud, la laboral o la tributaria—, o ante algún momento que consideraba crítico, como cuando el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe, empieza a convertirse en una realidad. Sin embargo, es apenas el primer paso de un proceso que promete ser largo, complejo y polémico: la idea es que el proyecto de ley con el que se busca reformar la Constitución Política de 1991 vaya avalado por esas firmas, para luego ser presentado ante el Congreso. Una vez en manos del Legislativo, este deberá estudiar si aprueba o no la ley con la que los ciudadanos serían llamados a las urnas. Entonces vendría el mayor reto: lograr que 13 millones de colombianos salgan a votar, y que lo hagan positivamente.

Con el actual Congreso, los tiempos no alcanzan, ni las mayorías en el legislativo, pero la iniciativa le da un impulso a la campaña presidencial de la izquierda, que en este momento está siendo liderada por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. “Lo más importante es el poder constituyente”, dijo Cepeda recientemente en una entrevista con Radio Nacional. “Que el pueblo se movilice. ¿Qué forma adquiere ese poder? Bueno puede ser eso, ganar en el Congreso", añadió. “O puede llegar a tener la forma de una Asamblea Constituyente”.

El mismo Petro sabe que los tiempos son imposibles antes de que termine su mandato. “Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, ha dicho el presidente a menos de tres meses de que los colombianos elijan a sus nuevos representantes, el próximo 8 de marzo. De ese futuro equilibrio de fuerzas, más que de las firmas que alcancen a recoger los promotores que hoy se presentan, dependerá el avance de su propuesta.

A comienzos de 2024, ante el estancamiento de su reforma de la salud, Petro habló por primera vez de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que inmediatamente despertó las críticas de la oposición, que lo acusa de querer buscar su reelección. Aunque a medida que se acerca el fin de su mandato dicho argumento ha ido perdiendo fuerza, su iniciativa genera resistencia entre varios sectores políticos e intelectuales, que consideran a la Constitución del 91 —fruto de un movimiento ciudadano conocido como la Sétima Papeleta— como un símbolo de la democracia colombiana.

El Gobierno, aunque reconoce la importancia de dicha Carta Magna, argumenta que se ha quedado corta. Petro sostiene que desde el Congreso le están haciendo un “bloqueo institucional” en el que se oponen a todos sus proyectos no por las propuestas en sí, sino por las diferencias políticas. Denuncia el aplazamiento sistemático del debate sobre la ley que mantendría con vida el Ministerio de la Igualdad y las estrategias de dilación que han usado los congresistas de oposición para no debatir ni la jurisdicción agraria ni la reforma a la salud desde hace casi un año. A esto se suma su más reciente derrota en el Legislativo, el 9 de diciembre, cuando se hundió su reforma tributaria y quedó desfinanciado el presupuesto de 2026. El Ejecutivo respondió decretando la emergencia económica, en una medida que ha sido cuestionada y que pasará a la revisión de la Corte Constitucional.