El Gobierno de Petro anuncia un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

El Gobierno de Gustavo Petro vuelve a agitar el discurso de la Asamblea Nacional Constituyente. Este jueves, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha anunciado un proyecto de ley para reformar la Constitución Política de 1991, una idea que el presidente ha mencionado varias veces desde hace más de un año, sin tener todavía ningún efecto práctico. El articulado presentado por Montealegre no es, sin embargo, un proyecto de ley para llevar al Congreso, sino que es una base sobre la cual se espera que empiece una recolección de firmas ciudadana que respalde el proceso, para lo que el presidente ha convocado a una manifestación para este viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Montealegre dio a conocer el plan leyendo un documento más lleno de elementos retóricos que de datos prácticos que indiquen cómo se llevará a cabo el proceso. “Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, dijo el ministro desde Shanghái, donde aprovechó para elogiar a la República Popular China y usó expresiones propias de la revolución de Mao Zedong como “salto adelante” o “gran marcha”.

Según explica el ministro, el mayor “desafío” de Colombia en este siglo es “derrotar el bloqueo institucional”, como ha insistido el Gobierno en su discurso, y “vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia”. Para ello, dice Montealegre, presenta el articulado para convocar a una Constituyente integrada por 71 delegatarios, paritaria y con espacio para varios sectores de la sociedad. “Con este proyecto, queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro. Es el ciudadano, como lo hicieron los griegos que inventaron en la polis de Atenas la democracia, quien debe decidir su propio destino”, añade.

Poco después del comunicado de Montealegre, el presidente Petro indicó que el borrador elaborado por el ministro podrá ser corregido por las organizaciones sociales que participen del comité que recoja las firmas. Luego añadió: “Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.

El anuncio del articulado para la Constituyente coincide con un momento especialmente trepidante para la política en Colombia. El martes, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. A pesar de que el proceso contra el exmandatario aún tendrá un episodio final ante la Corte Suprema de Justicia, el hecho sirvió de impulso al presidente Petro para volver a traer al debate su idea de reformar la Constitución: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, escribió el jefe del Estado poco después de conocerse la decisión de los magistrados del Tribunal. Más adelante, añadió: “Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Por otro lado, la nueva insistencia con la idea de reformar la Constitución —que en el Gobierno actual ha sonado al menos desde marzo de 2024, pero que también ha sido contemplada por el uribismo durante el mencionado proceso judicial contra su líder— ocurre a días de la consulta del próximo 26 de octubre. Allí, la ciudadanía podrá acudir a las urnas para elegir al candidato único del Pacto Histórico, la coalición que respalda al presidente Petro, para las elecciones presidenciales de mayo de 2026. En un momento de franca división de la izquierda, la idea de una Constituyente parece perseguir la unión de los sectores progresistas en torno a un objetivo común.

La Constituyente, que significa un nuevo enfrentamiento en un país con un altísimo ruido político, implica, sin embargo, recorrer un camino largo y lleno de trámites, con plazos que superan el término del mandato de Petro y la llegada de un nuevo presidente, en agosto de 2026. Primero está la recolección de firmas —que no es obligatoria, pero es un camino establecido en las normas, con el que el Gobierno espera darle respaldo popular y movilizar a sus bases en pleno periodo electoral—. Después debe presentarla ante el Congreso, donde debe ser aprobada por una mayoría calificada, que el oficialismo difícilmente logra. Luego de una revisión por la Corte Constitucional, se debe llamar a la ciudadanía a votar para decidir si se convoca o no. Al menos un tercio del total de electores habilitados deben respaldar la idea (lo que equivale a la tercera parte de los 42.241.599 ciudadanos electores, es decir, 13.747.199 personas, dos millones más de las que eligieron a Petro presidente en la segunda vuelta de 2022). Y solo si eso ocurre, se hacen las elecciones a los delegados a la Asamblea. Con todo ello, más allá del interés que pueda suscitar, el proyecto del Gobierno de Petro aún debe enfrentar muchas dificultades antes de convertirse en algo tangible.