El Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe de todos los cargos

El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente de Colombia condenado penalmente en más de medio siglo, se ha resuelto en segunda instancia en tiempo récord. El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al líder de la derecha en un caso que ha sacudido la política colombiana con sus idas y vueltas a lo largo de 13 años. El 1 de agosto, una jueza sentenció al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, que debía cumplir en su casa de forma inmediata. Uribe quedó en libertad 20 días después, cuando el mismo Tribunal Superior dejó sin efectos esa última orden. Ahora, una sala de tres magistrados lo ha absuelto de los delitos de soborno y fraude procesal.

La lectura del resumen de la sentencia de segunda instancia ocupó toda la mañana del martes, en la que los magistrados revisaron, uno a uno, los cinco hechos por los que Uribe fue condenado en primera instancia. La sesión comenzó con los tres casos de soborno: el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor; el del testimonio de Eurídice Cortés, alias Diana; y el de la declaración de Juan Guillermo Monsalve. En los tres casos, encontraron que los testimonios tenían inconsistencias y contradicciones. “No basta con la existencia de una dádiva; debe probarse la intención ilícita”, leyó el magistrado Manuel Merchán en el caso de Monsalve.

En el caso de Vélez, el tribunal encuentra que nunca afirmó que el expresidente tuviera la intención de sobornarlo para que cambiara su testimonio. El magistrado fue enfático en la “mendacidad” del testigo, e incluso que el tribunal ordena compulsar copias para investigarlo por falso testimonio. Merchán fue especialmente crítico con la valoración de pruebas de la jueza Sandra Heredia, responsable de la condena inicial, y aseguró que en su fallo “introduce hechos ajenos a la acusación, vulnerando el principio de congruencia y el derecho de defensa”.

Entre los argumentos del Tribunal está que “el conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Cadena [su abogado] no configura por sí solo el delito de soborno”. Sobre la relación del expresidente con ese penalista, explicó que Mario Uribe —primo segundo del exmandatario y condenado por nexos con el paramilitarismo— le presentó al defensor en una reunión en la que no se ha probado la comisión de delitos. “No hay prueba de subordinación funcional ni de que el contrato de mandato penal implicara obediencia penalmente relevante. Las interceptaciones muestran que Cadena informaba sobre gestiones ya realizadas, sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado”.

Al final de la diligencia, el magistrado fue enfático en que “algunos testigos declararon sobre hechos que desconocían, guiados por expectativas de beneficios”. Dijo que esas motivaciones cobran relevancia en un contexto en el que Monsalve y Vélez estaban en la cárcel, y tenían interés en obtener beneficios en la justicia transicional. “La condena otorgó credibilidad plena a testimonios adversos sin valorar intereses subyacentes, lo que sugiere un mercado de información”, leyó el magistrado, quien dijo que en el proceso se debía valorar el interés del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en el resultado. “Es un factor que debe considerarse con las demás pruebas”.

Tras desvirtuar los tres casos de soborno, el magistrado entró a los dos hechos de fraude procesal en los que la primera instancia concluyó que el expresidente intentó alterar el proceso. El primero se relaciona con las gestiones del abogado Cadena para lograr que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de sus declaraciones contra Uribe, y afirmara que había sido presionado por el senador Cepeda para ellas. El segundo corresponde al testimonio del narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, también contactado por Cadena mientras estaba preso en Estados Unidos para que escribiera una carta con una declaración favorable a Uribe. En el texto, el también exparamilitar niega vínculos del expresidente con el paramilitarismo y acusa a Cepeda de intentar manipular testigos. El Tribunal encontró que en este caso tampoco hay evidencias de que Uribe hubiera cometido el delito, pues el primer fallo “debió probar si Sierra mintió dolosamente” y que concluyó la responsabilidad del expresidente “por el mero beneficio obtenido, sin una prueba robusta de que la idea [de manipular el testimonio] se originó en Álvaro Uribe Vélez”.

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza de Manuel Antonio Merchán, explicaron que la sentencia en segunda instancia comprende más de 700 páginas que analizaron las evidencias del expediente y las consideraciones de la jueza Sandra Heredia para tomar la decisión de primera instancia. En su análisis, invalidaron las interceptaciones telefónicas sobre las comunicaciones de Uribe en 2018. Ese año, la Corte Suprema de Justicia había ordenado interceptar al entonces congresista Nilton Córdoba Manyoma por el caso del Cartel de la Toga, pero un supuesto error de digitación terminó en las escuchas a conversaciones de Uribe Vélez.

Aunque la jueza Heredia había validado esas pruebas, el magistrado Merchán señaló que el tribunal decidió excluirlas. “La interceptación convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad en pleno derecho”, leyó, mientras la sentencia inicial argumentaba que no debían ser excluidas pese a haberse originado en un error porque, una vez advertido su contenido, la Fiscalía sí podía usarlas al advertir que revelaban posibles hechos delictivos.

Un proceso largo con una última instancia

La decisión en segunda instancia llega dos meses después de la inédita condena a un exmandatario, que además mantiene su vigencia como cabeza de la principal fuerza de la derecha. Si en ese entonces se vivió como un terremoto político, la sentencia de este martes, en medio del panorama preelectoral, marca un nuevo giro que ya tiene un antecedente. Luego de que el 1 de agosto la jueza Heredia impuso a Uribe una pena de 12 años de prisión domiciliaria y, en una decisión poco común, ordenó que comenzara a cumplirse sin esperar el resultado de la apelación presentada por la defensa, el líder conservador interpuso una tutela para recuperar su libertad. La justicia le dio la razón el 19 de agosto, señalando que la detención domiciliaria era “desproporcionada y vulneraba su derecho a la presunción de inocencia”. Eso significó un nuevo aire que Uribe aprovechó. Horas después, reapareció en Antioquia, el departamento del que es oriundo y en el que tiene su más fuerte bastión electoral, y azuzó la campaña presidencial.

Con ese impulso, el líder del partido derechista Centro Democrático luego renunció a la prescripción del caso, que dejaba como tope para la sentencia de segunda instancia el 15 de octubre o le permitía quedar exonerado. La decisión de Uribe contrastaba con los argumentos de la jueza Heredia, que lo señaló de ejercer estrategias dilatorias y buscar la prescripción para evitar una condena, algo que siempre negaron el político y sus abogados. Como fuera, la renuncia amplió el plazo para que el Tribunal tomara una decisión hasta octubre de 2027. Pero los magistrados requirieron mucho menos tiempo para resolver el proceso judicial más notorio de las últimas décadas en Colombia ha tenido varios giros en los dos últimos meses.

Con una segunda instancia a su favor, queda un último escenario para resolver su futuro judicial, que es el recurso de casación al que las víctimas del proceso han anunciado que recurrirán. Con él, el expediente aterrizaría en la Corte Suprema de Justicia, justo donde comenzó el proceso hace 13 años. Allí, Uribe denunció en 2012 al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, y seis años después de las indagaciones, el alto tribunal archivó el caso contra Cepeda y lo abrió contra Uribe Vélez. El expresidente renunció en 2020 a su curul en el Senado para evitar ser juzgado por el alto tribunal, pero con los años, su caso penal ha regresado.