El expresidente Álvaro Uribe renuncia a la prescripción del caso por el que está condenado

En una misiva dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso de manipulación de testigos, ha renunciado a su derecho a la prescripción. Sin esa renuncia, el expediente quedaría archivado si para el 15 de octubre no había una sentencia de segunda instancia, y el líder de la derecha colombiana podría haber quedado definitivamente libre, aunque sin una decisión judicial que declarar su inocencia.

“Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere”, se lee en la carta. La decisión de quien dirigió el Estado colombiano entre 2002 y 2010 implica que hay un nuevo límite de tiempo para que los tres magistrados encargados decidan, ahora en octubre de 2027. En términos prácticos, su el expresidente acepta someterse plenamente al escrutinio de los jueces para que se confirme, revoque o se modifique la condena ya proferida. También abre la puerta para que los magistrados tome cualquier decisión después de las elecciones legislativas y presidencial del primer semestre de 20206, a las que ha dedicado sus esfuerzos en los últimos días.

La decisión representa un contraste con los argumentos de la jueza que condenó a Uribe Vélez en primera instancia, Sandra Heredia. En el escrito por el que condena al político, la jueza lo señaló de ejercer estrategias dilatorias y buscar la prescripción para evitar una sentencia. Según la togada, esa intención se reflejaba en la solicitud de más de 70 testigos de descargo, en un contexto en el que los plazos ya jugaban en su contra. Uribe y su defensa, coordinada por el penalista Jaime Granados, siempre negaron haber acudido a esa táctica.

El proceso judicial más notorio de las últimas décadas en Colombia ha tenido varios giros en pocas semanas. El lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia anunció la condena contra Álvaro Uribe, un fallo inédito en la historia del país, aunque no del todo inesperado. Cuatro días después, impuso una pena de 12 años de prisión, superior a los 9 solicitados por la Fiscalía, y en una decisión poco común ordenó que comenzara a cumplirse de inmediato, sin esperar el resultado de la apelación presentada por la defensa. En procesos de esta naturaleza, lo habitual es que la ejecución de la pena solo se produzca si la condena queda en firme en segunda instancia.

Ante ello, y pese a que la detención era en el domicilio del expresidente, la defensa interpuso una tutela. Y el pasado 19 de agosto otros magistrados del mismo Tribunal Superior de Bogotá le dieron la razón y ordenaron la libertad inmediata del fundador y presidente del opositor partido Centro Democrático. La decisión señala que la detención domiciliaria era “desproporcionada y vulneraba su derecho a la presunción de inocencia”.

Esa decisión ha dado a Uribe un significativo oxígeno político en plena temporada preelectoral. Horas después de salir libre reapareció en Sabaneta (Antioquia) y azuzó la campaña presidencial; dos días después selló el impulso con la bienvenida a la contienda de su partido a Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay; y este fin de semana visitó la tumba del asesinado senador en el Cementerio Central de Bogotá, así como el lugar en el que sufrió el atentado que lo llevó a la muerte.