Uno de los dos supervivientes de los bombardeos de Trump en el Caribe: “Papi, para esto mejor haberse muerto”

Rosendo Obando rara vez responde al teléfono, porque rara vez tiene cobertura, pero esa noche contestó sorprendido a su exnuera.

– A su hijo lo han bombardeado allá. Vaya a buscarlo a Bogotá

Allá.

¿Dónde era allá?, se preguntó desde su pueblo, construido con tablones de madera sobre un manglar del suroeste de Colombia. La última vez que supo de él, un mes y medio antes, estaba pescando en Panamá. No sabía de qué le estaba hablando su exnuera.

Allá era el Caribe, a miles de kilómetros de casa.

El hijo, de 33 años, esperaba en coma inducido, entubado, en el aeropuerto de la capital colombiana. Hinchado, con los ojos inyectados en sangre, acababa de sobrevivir a algo hasta hace poco impensable para un pescador pobre del Pacífico: una bomba de Donald Trump.

Jonhatan Obando, al que todos conocen como Chiquitín, es uno de los dos únicos supervivientes conocidos de los 41 ataques letales que Washington ejecuta desde el pasado 2 de septiembre en una opaca campaña contra el narcotráfico. Las autoridades han confirmado más de 150 muertos. En ninguno de los casos ha habido detenidos ni procesos judiciales.

El otro superviviente fue el ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño, con antecedentes relacionados con narcotráfico y una condena cumplida en Estados Unidos, en libertad nada más pisar Ecuador. Cualquier prueba que pudiese haber contra él quedó destruida en el bombardeo.

Obando y Tufiño fueron víctimas del ataque del pasado 16 de octubre. Después de volar por los aires varias lanchas, este fue el primer bombardeo a un semisumergible que, según los Estados Unidos, transportaba todo tipo de drogas, incluido fentanilo. Las imágenes de aquel día muestran un submarino avanzando a cierta velocidad y tres bombazos.

Hasta ese momento, ningún ataque había dejado supervivientes. Hubo otros después, pero desaparecieron en el mar ahogados o llegaron a tierra sin que nadie los rescatase. Según el conteo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) no consta que llegasen vivos a ninguna parte. El mar guarda el secreto de lo que pasó con ellos.

A Tufiño enseguida se le perdió la pista, mientras su hermana intentaba sacudirle la imagen de delincuente en los medios. Contaba que Tufiño era un pescador, lo que no dejaba de ser verdad. La historia de Obando, sin embargo, no se había contado hasta ahora. Por miedo, por lejanía. Es su padre quien la comparte por primera vez con EL PAÍS.

Aquella calurosa noche de octubre en que recibió la llamada, Rosendo Obando –al que todos llaman El Profe porque dirige una pequeña escuela a hora y media en lancha de su casa— agarró su morral, se despidió de Margarita, su esposa, y se descolgó por el muelle de madera del diminuto pueblo de pescadores donde vive. Y, subido en una barquita, se abrió paso por un mar pantanoso en busca del menor de sus cuatro hijos, el más quieto. El trayecto hasta la ciudad más próxima en tierra firme —dos horas y 20 minutos con un motor de 200 caballos— recuerda a los habitantes de estos territorios distantes lo lejos que están de todo. Lo olvidados que están de todos. Aquí nadie llega por casualidad. Una vez en Tumaco, la llamada Perla del Pacífico, tomó el avión que le llevaría a Bogotá, donde hace muchos años trabajó como policía.

Al ver a su hijo se espantó.

“Lo dejaron ahí botado, casi muerto en el aeropuerto. Ni siquiera podía hablar”, recuerda. Después lo trasladaron al hospital. Trascendió que sufrió traumatismo cerebral, pero el padre no conoce el diagnóstico exacto. Solo recuerda lo hinchado que estaba, lo rojos que tenía los ojos, los golpes que traía. “Lo tuvieron en un pasillo sin hacerle nada hasta que les dije: ‘Métanle mano que yo pido un préstamo para pagarlo’. Es que se iba a morir”. Margarita, la madre, le llamaba sin parar. Quería saber.

Pero él no sabía mucho. “Yo pensaba que existía la ley. Aquí o en Estados Unidos. Que alguien me explicaría qué estaba pasando”, recuerda El Profe. “Pedí explicaciones de por qué no le habían dado los primeros auxilios como es debido, porque es un ser humano. Aun si hubiera transportado cocaína, es un ser humano. Tendrían que agarrarlo vivo y juzgarlo”, dice sin levantar la voz.

El Profe pasó ocho días en la habitación del hospital viendo cómo recuperaba la conciencia. Por allí pasaron agentes de la DEA y funcionarios de la Fiscalía. Trump los había llamado “terroristas” y había prometido que serían procesados en sus países. Pero contra Obando no había antecedentes ni pruebas.

La estrategia de Trump contra el narcoterrorismo es paradójica: se justifica una ejecución extrajudicial de sospechosos de transportar droga, pero el que sobrevive queda libre porque no tienen de qué acusarlos. Destruyen pruebas antes que recolectarlas. “Intentan evitar tener que defender sus políticas y estándares en los tribunales”, declaró un funcionario de la DEA para un reportaje de The Washington Post.

Llevarlos a juicio revelaría quizá las incongruencias de la narrativa oficial de La Casa Blanca —la que se impone– en varios de estos episodios que casi nadie fiscaliza. Expondría posibles erorres y cuestionaría quizá la eficacia de fulminar al escalón más débil de la cadena.

Chiquitín empezó a hablar en la cama del hospital. El zumbido que le dejaron las explosiones apenas le permitía pensar. Lo primero que hizo fue negar que tripulara el submarino.

Según contó a su padre, alrededor del aparato había varias lanchas de pescadores. Las bombas —dijo— los lanzaron a todos por los aires. “El mar se llenó de sangre y de trozos de cuerpos”, le dijo. Él y Tufiño —que no está claro que se conocieran de antes— se subieron a una barca inflable a esperar el rescate. Con ellos había otro ecuatoriano que murió tras ayudarlos a subir. Los estadounidenses los embarcaron en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, les dieron los primeros auxilios más básicos, y de ahí a República Dominicana para subirse a un avión militar de vuelta a casa.

En las imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses no se aprecian otras lanchas cerca del submarino, aunque el encuadre es cerrado. “No se puede descartar completamente la versión del colombiano porque las embarcaciones podrían quedar fuera de plano”, señala Adam Isacson, analista de WOLA, que recopila los detalles conocidos de cada uno de estos episodios. “Este [el de Trump] es un Gobierno que miente y guarda secretos”.

El Profe evita especular sobre la extrema coincidencia de que todas esas lanchas ―incluida la de su hijo― estuviesen justo ahí. En ese momento. Faenando alrededor de un semisumergible. Él cree lo que le contó desde la cama del hospital. Y al mismo tiempo reconoce que la línea que separa a los pescadores del crimen puede volverse difusa. Muchos, además de sacar el dorado del mar, sirven de ojeadores, de campaneros, como los llaman aquí, algo muy distinto a ser traficante o narcoterrorista.

Los pescadores del Pacífico y del Caribe son miles de ojos extra en un mar inabarcable para las organizaciones criminales, que necesitan proteger sus rutas de la droga. Son los primeros en avistar el avión, la patrulla acercarse o el barco del rival. Contar lo que ven les supone un dinero extra casi irrenunciable frente a salarios de apenas 1,5 millones de pesos al mes (unos 338 euros).

En lugares como este, sin agua potable y cortes de electricidad frecuentes, la guerrilla rellena los huecos que ha dejado el Estado. Disidencias de las extintas FARC mantienen presencia en la zona y controlan las economías ilegales, como el narcotráfico. La violencia disminuyó porque se involucraron en las negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, pero en varios de estos pueblos construidos sobre la marea siguen marcando quién entra y quién sale. Son los que escrutan al visitante cuando llega y deciden con un gesto si puede quedarse. Son los que hace pocos años sembraban el terror armado en el manglar.

Muchos de los vecinos pescadores de la región acaban colaborando por necesidad, por la ambición de levantar una casa mejor o por pura presión. “A mí es que me tocó muy duro porque desde muchacho me tocó guerrear la vida”, cuenta Santiago, que se enredó con uno de esos grupos armados a los 14 años. “Yo me crie con mi tía en una casa en la que si desayunábamos no almorzábamos y si almorzábamos no merendábamos”, recuerda bajo condición de anonimato. Trabajó durante años ayudando a producir la coca y construyendo las lanchas que envían cargadas de droga de camino al norte. En cinco meses podía sacarse 100 millones de pesos (unos 22.500 euros). “La vida me cambió mucho a pesar de estar manchado con el narcotráfico”, dice. Santiago se salió cuando lo secuestraron, le acusaron de traidor y le cavaron una tumba frente a él. Hoy vive de hacer recados.

“Ellos al menos han podido volver”, suspira Flor Vásquez, una lideresa comunitaria entregada a sus vecinos. “Aquí hay muchas mujeres que llevan años mirando al horizonte esperando a que vuelvan sus hijos o sus maridos”, dice. “El mar es una tumba sin lápida y sin nombre. Si hablara, ¿cuántas madres podrían llorar a sus hijos?”, se cuestiona.

Chiquitín volvió a casa tras más de una semana en el hospital. Volvió a comer pescado frito y a faenar en las barcazas de fibra que sostienen a todas estas comunidades conectadas con el Pacífico. En los muchos pueblitos de la zona, todo el mundo había escuchado su historia. “Trump le mandó un bombazo”, decían. Reapareció con unos aparatos en los oídos porque el impacto de las explosiones le reventó los tímpanos. Se lo contaba a todos hasta que un día le dijo a su padre: “Papi, no aguanto este coso, para esto mejor haberse muerto”. El zumbido constante le estaba volviendo loco.

Hace tiempo que Jonhatan Obando volvió a irse de casa sin decir adónde. Desde diciembre no ha vuelto a dar señales de vida. Sus padres creen que se marchó a Ecuador a pescar. Su madre Margarita, nerviosa, ha removido cielo y tierra preguntando por él a amigos y parientes lejanos. Le tortura imaginárselo en el mar otra vez. Y que haya agotado su suerte.