Lecciones aprendidas desde Pablo Escobar hasta la caída del Mencho

Guardadas las dimensiones históricas, la caída del máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Servantes, alias ‘El Mencho’, representa para México lo que para Colombia significó el abatimiento de Pablo Escobar Gaviria, el 2 de diciembre de 1993.

Ese jueves, no solo neutralizamos al más temido capo del cartel de Medellín y al narcotraficante más buscado del mundo, cuyo accionar criminal segó la vida de más de 5.000 colombianos, incluidos 550 valientes policías y también de líderes políticos como el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, decenas de periodistas y particularmente de jueces y magistrados en su momento incorruptibles.

La acción del Estado colombiano y de la sociedad toda, con la muerte de Escobar cambió la ecuación a favor del Estado y alcanzó de esta manera un punto de inflexión en la lucha contra el tráfico de drogas en el marco de un acumulado de proyecciones que pronosticaban que Colombia transitaría hacia un Estado fallido.

La muerte del capo representó para el país un nuevo amanecer y la consolidación de una innovadora estrategia para desvertebrar en tiempo récord, uno a uno, los demás carteles, en esos momentos convertidos en estructuras de crimen transnacional que compartían con las organizaciones mexicanas la cadena de producción y tráfico de cocaína.

Las lecciones aprendidas de éxito y fracaso alrededor del cartel de Medellín permitieron acelerar con efectividad las operaciones para llevar a prisión a los capos del cartel de Cali y del Norte del Valle, los cuales, por más de 30 años, pusieron en jaque incluso la estabilidad y legitimidad del Estado y la supervivencia misma de la sociedad colombiana.

Esta disrupción la logró la institucionalidad gracias a la sumatoria de una serie de decisiones que dejan grandes lecciones, como por ejemplo la decidida y unánime voluntad política para enfrentar sin ambages el fenómeno, la depuración sin precedentes en las filas de la Policía Nacional, la creación de un Bloque de Búsqueda con la misión exclusiva de perseguir a los carteles, la modernización de los servicios de inteligencia, el incremento de capacidades para mejorar los resultados en materia de investigación criminal, el uso de tecnología emergente, la cooperación interinstitucional y, muy importante, un modelo de cooperación internacional, sin dejar de mencionar el apoyo ciudadano que se expresó, en muchos casos, ofreciendo información determinante para lograr la captura de los delincuentes.

Habría que destacar a lo largo de esta historia de lucha contra las organizaciones criminales, aún inconclusa, lo que significó el cambio del modelo operacional que se introdujo en el año 2006 siendo Juan Manuel Santos ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe.

El cambio consistió sustancialmente en asegurar la interacción operacional entre los servicios de inteligencia y las unidades operativas especializadas, bajo un modelo de burbujas compartimentadas que se harían responsables de someter a la justicia a los objetivos de alto valor criminal, con lo cual se superaban las desconfianzas al interior de las instituciones, se aseguraba la transparencia operacional y se determinaban responsabilidades específicas para alcanzar las metas determinadas en la política de seguridad.

La sumatoria de estos factores terminó por derrumbar el mito del capo inalcanzable e indestructible y marcó la hoja de ruta que luego nos permitió generar disrupciones en la lucha contra otras organizaciones, como la guerrilla de las Farc, en especial a través de la captura o abatimiento de objetivos de alto valor, hasta generar las condiciones necesarias para poner en marcha una salida negociada al conflicto armado. Este esfuerzo persistente llevó al país a poner fin a la confrontación armada con la guerrilla más antigua y poderosa del continente que, a partir de 2016, hizo dejación de las armas y comenzó un proceso de reincorporación de más de 14.000 excombatientes.

Las lecciones aprendidas le permiten hoy a las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia ser líderes en la lucha contra el flagelo global del narcotráfico, pues aún hoy, en medio del crecimiento de los grupos del crimen organizado que en el marco de la llamada “Paz Total” del gobierno actual han aprovechado esa política para multiplicar su expansión territorial y aumentar el número de sus efectivos, diariamente las autoridades se incautan de un mínimo de dos toneladas de cocaína al día, desmantelan 10 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína cada 24 horas y capturan un extraditable cada 30 horas.

Así como Colombia ofrece lecciones de éxito, vale la pena mencionar también las lecciones aprendidas de fracaso que se pueden sintetizar afirmando que, frente al crimen organizado, las políticas de apaciguamiento resultan altamente contraproducentes, como se puede concluir de los resultados del sexenio anterior en México que, sobre su directriz de abrazos no balazos, llevó a que los carteles se fortalecieran en número de integrantes, armas y presencia territorial y así desafiaran de manera frontal la gobernabilidad democrática y la institucionalidad mexicana.

En el caso colombiano es también incontrovertible afirmar hoy que pretender avanzar en negociaciones socio-jurídicas con el crimen organizado para someterlo a la justicia no es posible si no es persistente y sistemática la persecución judicial, policial y militar sobre las estructuras del crimen. Para decirlo de manera elemental es necesario, frente a cualquier política de paz y seguridad, mantener el equilibrio entre el garrote y la zanahoria. De otra parte y en función de la pretensión de las organizaciones criminales de ejercer gobernanza criminal, controlando el territorio, imponiendo reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptando autoridades locales vía intimidación o corrupción y protegiendo sus fuentes de economía criminal, es necesario que el Estado y sus instituciones no solamente hagan presencia a través de la fuerza pública, sino que se produzca un verdadero copamiento integral que transforme la vida de las comunidades vulnerables.

En la actualidad, el principal reto de Colombia debería ser desmantelar el ‘Clan del Golfo’, mencionado como el principal aliado en la región del CJNG, y eso significa a la luz de la coyuntura actual, con la muerte de alias ‘El Mencho’, medir cuál será su impacto en el mercado de las drogas en Colombia y en la relación funcional del ‘Clan del Golfo’, inmerso en un proceso de negociación con el gobierno colombiano.

El extraordinario golpe que las autoridades mexicanas se han apuntado con la muerte de alias ‘El Mencho’ es una oportunidad de oro para que el imperio de la ley consolide su presencia en los territorios influenciados por el Cartel Jalisco Nueva Generación y se aproveche la incertidumbre y el vacío de poder para seguir golpeando todos los eslabones de esta estructura narcotraficante.

Los desafíos son inmensos: no se trata simplemente de un reto para México, sino para toda Latinoamérica, hoy seriamente afectada por la transnacionalidad del crimen y el incremento de la violencia.

Por eso, conscientes de que el crimen no conoce fronteras, la invitación es a sumar capacidades a nivel global para estructurar estrategias integrales de carácter transnacional, basadas en la confianza mutua, compartir información en tiempo real y derribar los muros ideológicos que se han construido alrededor de las políticas públicas de seguridad, que invocan, desde una orilla política, el uso extremo de la fuerza y la mano dura y, desde la visión contraria, esgrimen el argumento que mientras haya pobreza y desigualdad habrá violencia y crimen.

Superar esta visión antagónica es hoy más necesario que nunca, pues lo que resulta imperativo es hacer un frente común latinoamericano bajo la premisa que la seguridad es un bien público y un derecho ciudadano que está en la base del fortalecimiento de la democracia y la prosperidad.

Enfrentar las estructuras del crimen organizado ya no es solamente una prioridad para desmantelar los carteles de la droga, sino una necesidad impostergable para proteger la gobernabilidad democrática.