Álvaro Uribe se lanza a la batalla por su supervivencia política

Álvaro Uribe Vélez es un político incombustible. El expresidente de Colombia, condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia por los delitos de soborno y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’, e inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años, se propone seguir aglutinando a su alrededor a los sectores más conservadores del país. Protagonista en mayor o menor medida de todas las grandes citas electorales en lo que va del siglo, en carne propia o en cuerpo ajeno, el uribismo ahora apunta a las elecciones del 2026, y convoca desde ya una primera movilización en defensa de su líder este jueves 7 de agosto, a un año exacto de la posesión del próximo presidente.

El propio Uribe (Medellín, 73 años) confirmó en la audiencia del viernes que por ahora no piensa retirarse a sus cuarteles de invierno. “Esta condena, a pesar de los años que tengo, me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías, que hoy me afectan, mientras siga así el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista que afectará a otros compatriotas”, dijo en referencia al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en las antípodas ideológicas, quien cumple el tercer año de su cuatrienio.

Más allá de las estrategias jurídicas en un país que se distingue por su apego a los formalismos legales, la batalla por el relato ya está en marcha. Al encajar el golpe, el expresidente ha enfatizado en sus reparos lo que considera un sesgo de la justicia. “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”, aseguró el viernes. Su partido, el Centro Democrático, no tardó en secundarlo. “Marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia. También para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura”, aseguró al anunciar la convocatoria para el 7 de agosto, en un comunicado que remató con el estribillo de tinte electoral que acuñó hace tiempo el propio exmandatario: “¡Ojo con el 26!”.

El uribismo ha endurecido el tono desde que conoció la sentencia y juega la carta de la persecución política. La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, publicó un video en redes sociales acompañada por el opositor venezolano Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, quien recordó que otro de los aspirantes, Miguel Uribe Turbay, aún se recupera en un hospital después de que un sicario le disparó en la cabeza hace dos meses. “Poner preso a Álvaro Uribe para sacarlo de las elecciones puede ser el principio de la dictadura en Colombia”, asegura Valencia en ese mensaje. Es una línea argumentativa que ha repetido el partido al acusar una ofensiva en su contra, por las armas o por los tribunales, a pesar de que el enrevesado proceso jurídico por manipulación de testigos contra el expresidente se remonta varios gobiernos atrás.

“El país tiene que tener claro que no nos mueve un afán de venganza, nos mueve un afán de justicia, de verdad, que son el camino a la reconciliación; la certeza de que podemos confiar en el sistema judicial colombiano, de que nadie está por encima de la ley”, ha respondido desde la otra orilla la senadora María José Pizarro, precandidata presidencial por el Pacto Histórico y muy cercana a Petro. “Lo más importante es que se abre un camino para que Álvaro Uribe responda por todas las acusaciones que existen en su contra por graves violaciones a los derechos humanos”, apuntilló. En el medio, los sectores más centristas y menos militantes han coincidido en sus llamados a respetar tanto las decisiones de la justicia como el Estado de Derecho. La condena puede atizar aún más la polarización cuando el país ya atraviesa alarmantes niveles de confrontación política.

Tras dejar la Presidencia después de ocho años en 2010, Uribe se mantuvo como un gran fenómeno electoral. Es probablemente en el político que más divide a la sociedad colombiana, y el que más pasiones desata. Durante los dos períodos de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), se convirtió en un feroz opositor a las negociaciones de paz con la extinta guerrilla de las FARC, y al acuerdo sellado a finales de 2016. En el camino congregó a los sectores más religiosos y conservadores en torno al Centro Democrático. También propulsó la llegada a la Casa de Nariño de Iván Duque (2018-2022), el antecesor de Petro, y se convirtió en ese ciclo electoral en el senador más votado de la historia al encabezar las listas de su partido. A su alrededor se constituyó toda una corriente política que en la práctica encarna posiciones de derecha radical. Aunque dejó el poder con altísimos niveles de popularidad, su aceptación en las encuestas ha mostrado un constante declive. Un 10% de los encuestados declara una afinidad partidista con el Centro Democrático en un reciente estudio de Cifras y Conceptos (solo por detrás del 17% que registra el Pacto Histórico).

El proceso judicial que lo tiene contra las cuerdas se remonta a 2012, cuando fue el propio Uribe el que presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot en su contra que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para vincularlo a las actividades de grupos paramilitares. Sin embargo, el caso dio un giro en 2018, cuando el alto tribunal se abstuvo de procesar a Cepeda y, por el contrario, pidió investigar al expresidente bajo la sospecha de que fue él quien manipuló testigos para que se retractaran y acusaran a Cepeda –que hoy todavía se plantea la posibilidad de lanzar una precandidatura presidencial dentro del Pacto Histórico–. Uribe llegó a renunciar al Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema, pero el caso siguió su trámite en la justicia ordinaria.

A esa acusación corresponde la reciente condena por soborno y fraude procesal. La defensa ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir antes del 15 de octubre, cuando prescribe el dilatado proceso. El expresidente Duque ha propuesto una acción de tutela respaldada por “millones de colombianos” para que su mentor político pueda seguir el trámite en libertad. En cualquier caso, el pulso de las calles, que precederá el veredicto de las urnas, se pondrá en marcha desde esta misma semana.