La inédita condena contra Álvaro Uribe Vélez revoluciona el tablero político de Colombia

Doce años de prisión domiciliaria. La condena en primera instancia a Álvaro Uribe Vélez, por manipulación de testigos, no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia. Hay que remontarse a los años sesenta del siglo pasado para encontrar a un expresidente del país sudamericano hallado responsable de un delito, y ese fue el caso del dictador Gustavo Rojas Pinilla, que había estado en el poder hasta 1957. Tampoco había ocurrido que uno de los principales partidos políticos, el Centro Democrático, tenga que encarar unas elecciones nacionales con la losa de la condena penal de su fundador encima. Ni que la derecha y la izquierda coincidieran en señalar importantes decisiones judiciales de distinta índole como motivadas políticamente (el llamado lawfare) en un país que se suele preciar por su apego a los formalismos legales.

Con todo ello, aunque el proceso contra el exmandatario de derechas tiene todavía varias etapas por delante, ha sido muy significativo el impacto político y mediático de la decisión que reveló la jueza Sandra Heredia en dos tiempos: el lunes, cuando anunció su decisión de condenar a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y el viernes, cuando reveló la sanción por ello. Tanto es así que otras decisiones que pasaron desapercibidas, en condiciones normales hubieran tenido un gran revuelo. Por ejemplo, los decretos del Ejecutivo para aplicar la reforma a la salud rechazada por el Congreso, o la definición de un nuevo y polémico ministro de la Igualdad.

Uribe mantuvo el silencio a lo largo de toda la semana, pero su primera intervención, ofrecida el viernes para sustentar su apelación contra la sentencia, dejó claro el alto nivel de tensión política. Además de denunciar una supuesta motivación política tras el fallo, encendía la mecha de la disputa partidista: “Mis compañeros y yo hacemos política con franqueza, sin violencia. Señalar que me tienen que restringir la libertad para evitar violencia es señalarme de estar incentivando la violencia”, argumentó, antes de afirmar que el atentado contra su compañero de partido y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue “causado por los señalamientos que se le hacía desde el alto Gobierno aliado de esta sentencia”. El senador, quien comparte apellido con el expresidente sin ser familiar suyo, se recupera muy lentamente de un disparo a la cabeza, crimen en el que las investigaciones judiciales han avanzado frente a los sicarios pero aún no ha aclarado las motivaciones.

Si ese ataque sacudió al país y anticipó aún más una campaña electoral de resultado especialmente incierto, la condena a Uribe Vélez ha cambiado por completo el tablero. A siete meses de las votaciones para el Legislativo, que se han convertido en una primera vuelta presidencial con consultas interpartidistas de izquierda, derecha y centro, la oposición al presidente Gustavo Petro pierde a la más veterana de sus figuras.

Uribe Vélez, un político que hizo carrera en el histórico Partido Liberal pero que llegó a la presidencia en 2002 por fuera de esa formación, ha marcado el último cuarto de siglo de Colombia. Elegido en medio de un fuerte rechazo popular a las fallidas negociaciones de paz entre el conservador Andrés Pastrana y la entonces guerrilla de las FARC, el antioqueño se reveló rápidamente como un mandatario de derechas, especialmente caracterizado por su combate sin cuartel contra el grupo que años antes había asesinado a su padre. Logró modificar la Constitución para permitir una reelección que ganó fácilmente en las urnas, gracias a la avasalladora popularidad que tenía entonces, y estuvo cerca de lograr una segunda reforma para abrir camino a un tercer cuatrienio. La Corte Constitucional encontró que eso rompería la columna vertebral de la Constitución, y finalmente Uribe dejó un sucesor, Juan Manuel Santos, que más tarde rompió con él. Además de esas tres victorias electorales de 2002, 2006 y 2010, en 2014 su candidato estuvo cerca de llegar a la presidencia, y en 2018 la obtuvo con Iván Duque. Aunque en 2022 su partido declinó siquiera estar en el tarjetón, y el candidato que apoyó quedó en un lejano tercer lugar, el uribismo es una fuerza especialmente relevante en un país con una veintena de partidos políticos y una enorme dispersión política formal.

Para que Uribe pueda hacer campaña fuera de su domicilio, necesitaría que su apelación contra la sentencia en este caso que se inició con una acusación de vínculos con grupos paramilitares tenga éxito. Tras la decisión de la jueza Heredia, el caso llegará a manos de una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Si no dictan sentencia antes de mediados de octubre, el caso, que empezó a avanzar en 2018, prescribirá. Si eso ocurre, o si su decisión es favorable a la defensa de Uribe, el expresidente recuperará su libertad, lo que le daría una nueva vuelta de tuerca a los preparativos electorales. Ese mismo mes, el domingo 26, están previstas las votaciones internas de varios partidos para elegir sus candidatos a la presidencia. Entre ellos, además de varios partidos oficialistas, se halla el Centro Democrático, el que fundó y lidera Uribe de forma vitalicia, según sus estatutos. La puja ese día no solo será entre los candidatos sino también entre las formaciones, pues mostrarán qué tanto respaldo popular tienen. Para el uribismo, hace una enorme diferencia la emoción que proyecto el expresidente.

Pero el impacto en la política no esperar ni a la decisión del Tribunal ni a esas votaciones. Este jueves, 7 de agosto, Colombia celebra 206 años de la batalla de Boyacá, en la que Simón Bolívar derrotó de forma final al ejército español y selló la independencia. Ese mismo día termina el tercer año de mandato de Petro e inicia el último, en un momento simbólico que cada año es motivo de definición de mensajes políticos y de balances y cortes de cuentas. Este año, los seguidores de Uribe han anunciado una marcha en su favor justo en ese momento. No será el la primera ocasión en estos tres años en los que la oposición de derecha y las bases del Gobierno se enfrenten con marchas y contramarchas, o discursos y respuestas. Pero sí será la primera vez que eso ocurra con Uribe condenado, con una izquierda celebrando lo que reivindican como una prueba de justicia, y una derecha que reclama al expresidente como víctima de un sistema corrupto, una inversión de las posturas usuales que puede marcar la campaña de 2026.