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La defensa de Álvaro Uribe presenta una acción de tutela para impedir la detención del expresidente

El abogado Jaime Granados pide un amparo inmediato a la libertad, mientras presenta la apelación de fondo a la condena

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, en la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, el 25 de julio de 2018.
Lucas Reynoso

La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha presentado este lunes una acción de tutela para impedir la inminente detención de su cliente. En un escrito radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Jaime Granados ha argumentado que el fallo condenatorio del pasado viernes viola “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. Su objetivo, a través de este mecanismo excepcional, es obtener una respuesta rápida de la justicia a la orden de privación de la libertad —aún no ejecutada—. Esto mientras se tramita la sustentación de la apelación, que presentará el miércoles 13 de agosto.

El viernes pasado, la jueza Sandra Heredia ordenó la detención inmediata de Uribe tras encontrarlo culpable de los delitos de manipulación de testigos y dictarle 12 años de prisión domiciliaria. Explicó que dejarlo en libertad daría un mensaje de impunidad ante la sociedad y de que no existe la igualdad ante la ley. “[La medida] es necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, se lee en el fallo. Asimismo, consideró que la detención “tiene un efecto disuasivo” para prevenir nuevos delitos y es necesaria porque hay riesgo de fuga por “el gran reconocimiento a nivel internacional” del exmandatario.

El fallo desestimó el argumento de la defensa de que había que valorar que Uribe compareció en el juicio. Aunque la jueza valoró su “actitud responsable y respetuosa”, evaluó que esta quedaba cancelada por diferentes artimañas para obstaculizar el proceso. “Desde la fase primigenia se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio, superando los márgenes legítimos de defensa”, se lee en la sentencia.

La tutela que presentó Granados contraargumenta que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay sentencia en firme, como es el caso de la condena de Uribe en primera instancia. Señala que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia y que no se identificaron cuáles fueron “las supuestas estrategias dilatorias sistemáticas” en las etapas iniciales del proceso. Considera que la jueza fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana.

El abogado, además, rechaza que la jueza haya entrado en consideraciones “de opinión o percepción pública”. “Los jueces deben decidir conforme a la ley y la evidencia, no pensando en los mensajes sociales de sus providencias o en la interpretación que el público haga de ellas”, se lee en la solicitud. Cree que la posibilidad de disturbios es improcedente como justificación: “No se puede poner la libertad de Álvaro Uribe al servicio de la ‘calma social’, pues ello constituiría una instrumentalización inaceptable de la persona en un Estado Social de Derecho”.

La estrategia ante la opinión pública

Mientras tanto, el expresidente y sus aliados avanzan en una estrategia para deslegitimar la sentencia ante la opinión pública. Aseguran que la jueza tuvo supuestas motivaciones políticas: definen el fallo como “una venganza” por los embates de Uribe contra la guerrilla en su mandato (2002-2010) y una jugada para debilitarlos de cara a las elecciones de 2026. Preparan marchas “por la libertad y la democracia” para el jueves, festivo por la conmemoración de la Batalla de Boyacá y tercer aniversario de Gustavo Petro como presidente.

El Gobierno y figuras del centro político, como los precandidatos Sergio Fajardo y Claudia López, niegan los señalamientos del uribismo y exigen que se respete la decisión de la justicia. Para el petrismo, además, la sentencia por manipulación de testigos es solo el punto de partida de un camino más largo. Quieren que el expresidente ahora rinda cuentas por crímenes más graves por los que lo han denunciado, como masacres, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales de civiles.

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Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.
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