El doble rasero ideológico que presiona a la justicia colombiana

La defensa de la autonomía judicial es una bandera que las fuerzas políticas colombianas opuestas agitan por temporadas; una suerte de moneda que arroja brillo según quiénes y cuándo la observan. Ahora que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia, por dos delitos de manipulación de testigos, las posiciones han dado un giro: líderes del partido de derecha Centro Democrático, el bastión de Uribe que durante el Gobierno de Gustavo Petro ha respaldado a la justicia por sus decisiones contra el Ejecutivo, habla de manipulación política en el juicio. En contraste, el presidente Petro, que ha tenido confrontaciones constantes con las altas cortes, ahora se muestra como paladín de la independencia de la rama judicial.

Este viernes, durante una exposición pública de su apelación, Uribe dijo que la sentencia tiene un sesgo político. “Este es un fallo con determinadores políticos cercanos a quienes han atentado contra la democracia colombiana (…) con interés oficial de silenciar a un dirigente de la oposición”, aseguró.

Entre tanto, el cambio de tono más claro del presidente Petro se vio en un mensaje de respaldo a un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, en el que este tribunal rechazó las “injerencias indebidas”, así como las expresiones que ponen en duda las decisiones de los jueces y que generan riesgos sobre su vida y su integridad. Ante amenazas que han circulado en redes sociales contra la juez Sandra Heredia, que condenó a Uribe, Petro ha ordenado medidas para protegerla a ella y a su familia.

Aunque el pronunciamiento de la Corte no incluía menciones específicas, surgió en medio de las reacciones de la derecha denunciandolawfare cuando se conoció el sentido condenatorio del fallo. Entre ellas está la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló “la instrumentalización del poder judicial por jueces radicales”. El presidente Petro – que ya había respondido diciendo que “el mundo debe respetar a los jueces de Colombia” – adhirió a la Corte: “Gracias a la Corte Suprema de Justicia por defender la independencia de la justicia colombiana”, escribió en X.

El trato del presidente hacia la Corte Suprema ha sido usualmente disímil. En febrero de 2024, el máximo órgano de la justicia ordinaria denunció un “bloqueo violento e ilegal” de su sede por parte de manifestantes, después de un llamado a la movilización que hizo el jefe de Estado para que se agilizara la elección de fiscal general. La Corte debía escoger, de una terna enviada por Petro, al sucesor de Francisco Barbosa, cercano al uribismo y opositor del mandatario de izquierdas. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, reprobó la Corte en su momento.

El ambiente era de crispación. El presidente insistía en la tesis de una “ruptura institucional” que pretendía sacarlo del poder. Aducía una persecución de la Fiscalía –que investigaba un aporte de 500 millones de pesos del sindicato de maestros a su partido, lo que implicaba sobrepasar los topes de la campaña de 2022– y de la Procuraduría, que había suspendido al entonces canciller Álvaro Leyva.

La derecha no tardó en abanderar la defensa de la independencia judicial. Congresistas del Centro Democrático se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro –que había condenado “las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro”– y miembros del congreso estadounidense. “Le hemos pedido al secretario apoyo para la independencia de poderes”, declaró el senador Miguel Uribe, víctima de un atentado en junio pasado, quien formaba parte de la delegación.

La pelea era un nuevo capítulo de lo que Petro llamó un “golpe blando”, en un choque con el Consejo de Estado en 2023, cuando ese tribunal anuló la elección del expresidente del Senado y ficha clave del Pacto Histórico, Roy Barreras, por doble militancia. Luego anuló las elecciones de otros dos congresistas del partido de Gobierno, César Pachón y Alexander López. “Muy grave que el presidente diga que el Consejo de Estado está dándole un ‘golpe de Estado blando’ por tomar las decisiones de acuerdo a la ley”, reclamó entonces la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ahora, cuestiona el fallo que afecta al fundador y líder máximo de su partido y afirma que las dictaduras empiezan “con jueces al servicio del poder y no de la verdad”.

Algo similar ha ocurrido con su copartidaria María Fernanda Cabal. Cuando el presidente acusó al Consejo Nacional Electoral de comenzar un golpe de Estado por abrir una investigación sobre los aportes a su campaña, salió en defensa del tribunal: “No hay ‘golpes de Estado’, esto se llama Estado de derecho, donde las instituciones se respetan”. Ahora se suma a los reclamos: “Esto no es justicia, es política disfrazada de toga”, expresó este viernes en un video en X. “Saldremos a las calles contra esta dictadura judicial que persigue a los buenos y premia a los bandidos”, remarcó.

Así como ellas han cambiado su postura, también lo ha hecho Petro. Cuando la Corte Constitucional le dio la razón y prohibió al Consejo Nacional Electoral investigarlo por la presunta violación de topes de campaña –debilitando sus quejas de un supuesto “bloqueo institucional” – el presidente la felicitó. “Bien por la Corte Constitucional”, escribió en X. Era un mensaje sorprendente de quien había embestido contra la Corte por decisiones anteriores que le desfavorecían.

Las batallas de Petro con las cortes se han cruzado unas con otras. A finales de 2024, transcurrido más de medio camino de su mandato, los enfrentamientos con el Consejo de Estado continuaban. Cuando el tribunal anuló la elección de su copartidario José Luis Bohórquez como alcalde de Duitama (Boyacá), usó los mismos argumentos que ahora, en el caso Uribe, utiliza la derecha. “Lo que nace no es el derecho sino el lawfare el mal uso del derecho contra el voto popular”, denunció. El Consejo de Estado rechazó los “graves, sistemáticos e irrespetuosos mensajes” del jefe de Estado.

La pelea más reciente del presidente ha sido con la Corte Constitucional por una solicitud de pruebas para revisar si avala su reforma pensional. Petro criticó al presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, por considerar que está dilatando una decisión que le será provechosa: “La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado”, afirmó. El Centro Democrático salió en defensa del magistrado. “Exigimos respeto a la independencia de la Rama Judicial. Sin jueces libres no hay democracia. Lo demás es autoritarismo disfrazado de ‘voluntad popular’”.

El argumento sobre el uso de la justicia para neutralizar a enemigos políticos ha pasado de lado a lado, según la tormenta del momento. “En contextos de sociedades muy polarizadas, el respaldo al funcionamiento de las instituciones judiciales debería ser un mínimo de consenso entre las distintas visiones políticas”, opina el abogado y especialista en Derecho Público, Jorge Iván Cuervo. Rescata que, aunque la política tensiona el funcionamiento de la justicia en Colombia “no se cruza la frontera del desconocimiento de las decisiones judiciales. Es un activo que tenemos si nos comparamos con Venezuela o Nicaragua”, puntualiza.