Iván Cepeda y la condena a Álvaro Uribe abren nuevos retos a la justicia transicional en Colombia

El senador Iván Cepeda todavía no había terminado de procesar la victoria más decisiva contra su némesis, el expresidente Álvaro Uribe, cuando optó por redoblar la apuesta. Minutos después de la condena del lunes contra el político de derechas por manipulación de testigos, reiteró una propuesta que pone los pelos de punta en el uribismo: la creación de un nuevo mecanismo de justicia transicional al que se sometan los exgobernantes, los empresarios y los medios de comunicación para esclarecer su participación en las atrocidades del conflicto armado. “Si el expresidente condenado hoy decide transitar ese camino, nosotros también lo haremos”, dijo. La iniciativa, en medio de los señalamientos de la derecha sobre la supuesta impunidad de antiguos guerrilleros, agita el debate político sobre la justicia transicional en Colombia.

Uribe ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de someterse a este tipo de mecanismos, que implicarían reconocerse a sí mismo como un actor del conflicto armado. Considera inaceptable que se lo equipare a los guerrilleros que participan en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que deben reparar a las víctimas y aportar al esclarecimiento de sus crímenes para acceder a beneficios judiciales. “Cepeda ha propuesto a algunos compañeros que hagamos un acuerdo nacional para una ley de punto final. Esto es: intenta seducirme. Yo quedaría indultado como los terroristas de las FARC. Cepeda es un actor muy destacado de la trampa comunista”, expresó en un video difundido el fin de semana. Para él, su adversario busca réditos como “el candidato presidencial del narcocomunismo”, aunque todavía no haya oficializado una aspiración para las elecciones de 2026.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, recogió el martes la oferta de Cepeda, uno de sus seguidores más fieles. “A la JEP puede ir Uribe Vélez para entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, dijo en X. Es prácticamente imposible que esto suceda —la JEP solo podría escuchar su versión de los hechos si él decidiera ofrecerla libremente—, pero la propuesta tuvo éxito en provocar la furia del líder de derechas. Uribe, quien aún no ha dicho nada sobre el fallo condenatorio, respondió que Petro solo tendrá “algo de honor” para “tan siquiera poder hacer esa sugerencia” cuando haya renunciado a un indulto como exintegrante de la guerrilla del M-19, aclarado el dinero “en bolsas oscuras” y presentado los resultados de un examen toxicológico. Petro le respondió que no le gusta el aguardiente, y mantuvo la propuesta: “Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”.

Cepeda reconoce que hay algo de provocación en esta iniciativa. “Si por provocación se entiende estimular el debate y buscar salidas, bien, acepto el término”, comenta en una llamada telefónica. Enfatiza, no obstante, que tiene un deseo “auténtico” de promover el debate sobre la necesidad de una nueva justicia transicional en Colombia que llegue a actores que todavía no han dado respuesta sobre sus responsabilidades en masacres, desplazamientos forzados o ejecuciones extrajudiciales. “La responsabilidad no es solamente de soldados, policías, guerrilleros y paramilitares, sino de quienes han conducido el Estado”, dice. No importa que la propuesta tenga pocas probabilidades de éxito: “Pueden catalogarla de utópica, pero, en política, uno no hace propuestas por ser viables o realistas, sino por ser necesarias. Así parezca inalcanzable, hay que perseverar en ese camino”.

La iniciativa tiene que ver con que, para Cepeda, la condena contra Uribe por manipulación de testigos es solo el punto de partida de un camino más largo. “Lo que dejamos al descubierto el lunes es que tuvo que crear un aparato para engañar a la justicia. La pregunta ahora es: ¿Por qué quería engañar a la justicia? ¿Qué quería encubrir? Eso es lo que va a emerger”, explica, en referencia a los supuestos vínculos del exmandatario con el paramilitarismo. Según Cepeda, a su adversario le esperan procesos más complicados en caso de rechazar la propuesta de optar por un mecanismo transicional. “Estamos dispuestos a recorrer el camino de la justicia penal, retributiva. Tenemos elementos para acusarlo: hay víctimas y hay testimonios en la JEP. Uribe debería ser consciente de eso”.

De fondo, la iniciativa de Cepeda se enmarca dentro de un debate más profundo sobre el valor de los mecanismos de justicia transicional en Colombia. “Producen un resultado cualitativamente superior a los meramente punitivos. La verdad construida de manera voluntaria es más eficaz que la que se construye por investigación penal”, defiende el congresista. Para él, las confesiones de exguerrilleros en la JEP y sus trabajos con las víctimas son más importantes que castigarlos. Defiende, en todo caso, que “no es cierto” que implique impunidad. “La gran mayoría de las personas que se someten hoy a la justicia transicional de las FARC estuvieron en la cárcel. En cambio, es del otro lado [el Estado] que hay una impunidad absoluta: no se toca a ciertas personas”, sostiene.

Los riesgos

La propuesta tiene riesgos considerables. La JEP enfrenta cuestionamientos desde varios lados: incluso voces defensoras de los acuerdos de paz de 2016, como el exministro de Justicia Yesid Reyes, han salido a criticar su falta de agilidad. Recién en las próximas semanas se esperan las primeras sanciones a 12 responsables de falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) en el Caribe y al antiguo secretariado de las FARC por secuestros. Incluirán actividades de reparación a las víctimas, como la construcción de centros de memoria, el apoyo a proyectos productivos en zonas rurales y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Al tratarse de implicados que reconocieron sus crímenes y aportaron información, no habrá penas de prisión.

La derecha, que siempre ha cuestionado a la JEP, ya da señales de que buscará capitalizar la indignación que producirán estas sanciones sin penas de prisión en una parte del electorado. Varios de sus líderes han contrastado en los últimos días la supuesta impunidad de los antiguos insurgentes con la condena del expresidente. “Uribe está procesado [condenado, en realidad] mientras los guerrilleros están impunes, gobernando y legislando”, dijo en X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Vicky Dávila, precandidata independiente a la Presidencia, comparó la libertad de “los responsables de crímenes de lesa humanidad” con la condena a quien “enfrentó al narcotráfico y al terrorismo”. “Un país que libera a los bandidos y castiga a quien los ha enfrentado no tiene un futuro posible”, declaró tras el fallo del lunes.

Este tipo de narrativas producen preocupación entre quienes defienden la importancia de la justicia transicional en esclarecer los crímenes del conflicto armado. Julieta Lemaitre, magistrada de la JEP, señala a través de un mensaje de texto que el modelo del tribunal “tiene más potencial de construir paz que las cárceles, que ya han probado ser un desastre”. Explica que los castigos no son solo las sanciones, sino los 15 años en los que los perpetradores deben rendir cuentas, “obligados a decir la verdad so pena de perder sus beneficios”. “Deben hacerlo frente a sus víctimas y responder a sus reclamos. Eso es lo más duro”, afirma.