Dos de las 70 víctimas del cura pederasta Lucho Roma denuncian en Bolivia para reabrir el caso de ‘Los Manuscritos de Charagua’

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El nombre de Leila y Rebeca (seudónimos para proteger su identidad) figuraban en los apuntes del jesuita y pederasta español Lucho Roma. También aparecían en algunas de las numerosas fotografías que el misionero les hizo durante la década de los noventa en Charagua, un pequeño pueblo al sureste del país, donde el cura era director del colegio. Las pruebas que demostraban que este sacerdote había agredido al menos a 70 niñas y que las había fotografiado impunemente salieron a la luz en 2024, en una investigación de EL PAÍS. Junto a las imágenes y los diarios, Los Manuscritos de Charagua, donde el agresor describía sus crímenes, el reportaje publicó el sumario inédito de las pesquisas que la Compañía de Jesús había realizado en 2019 para indagar sobre los abusos de Lucho Roma.

Los resultados eran demoledores: el jesuita confesaba los hechos, los testigos revelaban que varios superiores lo sabían y los investigadores recomendaban localizar a las víctimas para repararlas. Lucho murió mientras se redactaban las resoluciones del procedimiento canónico. La Iglesia lo único que hizo ―y por orden de la Curia general en Roma― fue guardar todo en un cajón. Pero ahora, Leila y Rebeca, dos de las 70 víctimas identificadas, han dado un paso al frente y han denunciado los hechos y a los posibles responsables de encubrimiento ante la Fiscalía departamental de Santa Cruz.

Su decisión de ir a los tribunales es clave. En los últimos tres años, el caso se ha reabierto varias veces, pero siempre acabó archivándose por la falta de una denuncia de alguna de sus víctimas. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, relata los hechos que sufrieron a manos de Lucho Roma y señala a varios provinciales que, según lo que aparece en la documentación interna de la orden, miraron para otro lado cuando tuvieron conocimiento de los abusos e incluso ocultaron a las autoridades civiles el resultado de su investigación canónica. Los nombres de los altos cargos denunciados por violación agravada, complicidad y encubrimiento son: Ignacio Suñol, René Cardozo, Antonio Menacho, Osvaldo Chirveches y Arturo Moscoso. Además de un colaborador del pederasta, del que solo se conoce su nombre, Vladimir.

Así dice uno de los testimonios: “Este señor Roma, aprovechando su condición de superioridad, me sometió a sus más bajos instintos, llegando a vejarme sexualmente. En ese entonces, mi voz estaba embargada por la sombra de la superioridad del director Padre Roma. Es importante indicar que la agresión sexual fue reiterada, replicándose esta actitud con otras compañeras y todas fuimos calladas por muchos años. No es fácil para nosotras contar estos hechos reñidos por la norma de la cual somos víctimas”. La denuncia señala que las víctimas, de origen indígena, “se encontraban en una situación de múltiple vulnerabilidad estructural”, por su edad (entre 4 y 12 años), su situación socioeconómica, su pertenencia a “un pueblo indígena históricamente vulnerable” y “la asimetría de poder frente a autoridades religiosas y educativas”.

El material requisado por los jesuitas en la habitación de Lucho Roma parecía sacado de una película de terror. Las fotografías de decenas de niñas semidesnudas aparecieron por todos los rincones: entre las páginas de los libros, en su agenda personal, del interior de las carátulas de los discos, de los cajones del escritorio, del disco duro de su ordenador. Muchas de ellas estaban recortadas por su silueta, otras eran composiciones deformadas, a modo de collages, en las que se combinaban caras, piernas y brazos de diferentes niñas.

Dispersas, también había 75 folios manuscritos donde el jesuita escribió entre 1996 y 1998 cómo fotografió, filmó y abusó de más de un centenar de niñas, la mayoría indígenas guaraníes. Al menos 70 de ellas aparecen identificadas con su nombre en esos papeles. Roma detallaba la excitación que aquello le provocaba y las dificultades que tenía para ejecutar sus crímenes. Rodeados de todo aquello, los investigadores se percataron de que estaban en la guarida de un monstruo.

Durante seis meses, los inspectores canónicos transcribieron el diario y encargaron un informe pericial médico-psiquiátrico para estudiar los escritos y analizar las conductas sexuales del jesuita, por entonces octogenario y postrado en una silla de ruedas. Paralelamente, una veintena de clérigos y laicos fueron entrevistados por este asunto. Solo hubo una parte a la que no pudieron acceder: las víctimas. Viajaron a Charagua, pero nadie quiso hablar con ellos. Las pruebas eran tan numerosas que el propio acusado firmó ante notario una confesión: “Me dejé llevar, en algunas situaciones, por actos libidinosos, impropios de un religioso, con niñas de 8 a 11 años”.

Toda esta documentación está en poder de las víctimas, representadas por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes. “Los ahora denunciados, fungían como autoridades eclesiásticas y lejos de conducir y castigar a los responsables, se dieron a la tarea de proteger”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la entidad. Esta comunidad nació en 2023, después de que EL PAÍS publicase un primer diario donde otro jesuita español, Alfonso Pedrajas (alias Padre Pica), admitía haber abusado de al menos 85 niños en el colegio Juan XXIII de Cochabamba y que sus superiores los protegieron. Pedrajas, que agredió a sus víctimas entre 1970 y los años 2000, falleció en 2009.

Pero sus víctimas denunciaron y consiguieron el año pasado que la justicia boliviana condenase a un año de cárcel a dos altos cargos que encubrieron al Padre Pica. Con la denuncia de Leila y Rebeca, confían en que suceda lo mismo. Del mismo modo, esperan que la Comisión contra la Impunidad —puesta en marcha este mes por el gobierno boliviano para investigar casos de pederastia― se persone en la causa, ya que anunció hace semanas que uno de los primeros casos que abordaría sería el de Lucho Roma.

Las pruebas documentales, publicadas por este diario y en poder de la justicia boliviana, señalan que Lucho Roma comenzó a abusar de menores en 1983, mientras estaba en La Paz trabajando como mano derecha del provincial de los jesuitas. Pero “la obsesión”, como él describe en sus manuscritos, creció a partir de 1994, cuando le trasladaron a Charagua.

Allí estuvo hasta 2005, cuando fue trasladado a Sucre. Así describen los informes sus actuaciones en aquella época: “Durante todo el tiempo en que mantuvo este comportamiento, para atraer a niñas y niños utilizó películas infantiles, dulces y galletas, regalos, ropa, etc. Los abusos no se cometían con sólo una niña a la vez, sino en sesiones en las que participaban muchas niñas y también algunos niños. Si bien sus propios relatos plasmados en su diario muestran que el abuso consistió en acercamientos libidinosos, manoseo, besos, tomar fotos y videos en poses eróticas”.

Parte de este material fue grabado con la ayuda de Vladimir, un hombre al que Lucho Roma acogió cuando era un niño y que más tarde extorsionaba al cura. La orden sospecha, de hecho, que hay más fotografías y vídeos que el que se encontró en la habitación del jesuita y que estos, elaborados con la ayuda de Vladimir, desaparecieron cuando el pederasta se trasladó a Sucre. Allí también es donde hay constancia de que varios de sus compañeros y superiores descubrieron sus delitos. Dos exjesuitas encontraron en un computador común un disco con fotografías de niñas semidesnudas y Lucho Roma acariciándolas.

“Hablé con el P. Menacho. Le dije: ‘Antonio en la computadora he encontrado esto, y yo, que escucho música, no me ha pasado antes hasta que se ha malogrado la computadora de Lucho’. Le dije que las borré por susto. Él quedó también asustado. Me fui, pero me buscó a los 10 minutos, me preguntó si estaba seguro de lo que vi”, dice uno de ellos en los interrogatorios. El otro hizo una copia y se la llevó consigo como prueba por si un día decidía denunciarlo ante la orden. Lo hizo en 2019, tras salirse de la orden, y fue lo que provocó que la compañía iniciase su investigación.

Pero antes de 2019, también en Sucre, una limpiadora encontró en 2006 álbumes con las fotografías. “Me traumé, eran niñas pequeñas, peladitas (jovencitas), en las fotos incluso les pintaba las partes íntimas con marcador negro. Debería estar loco este señor”, aparece en los interrogatorios. Pese al miedo, esta mujer relató todo lo que vio en 2016 a otro jesuita, César Maldonado. Y así también lo contó el propio Maldonado durante su interrogatorio: “En cuanto me enteré, avisé al superior y al provincial, esto fue hace poco más de dos años [en 2016] y hubiera acudido más fuertemente si hubiera sabido que no harían nada”.

Estos documentos, sellados por la orden, señalan que Antonio Menacho, René Cardozo, Arturo Moscoso y Osvaldo Chirveches no hicieron nada. Del mismo modo, Ignacio Suñol, como provincial, ocultó los resultados de la investigación a las autoridades civiles, pues los delitos aún no habían prescrito. “Por lo expuesto, se hace imperativa una investigación penal para conocer la verdad histórica de los hechos, y en resumen dar un castigo ejemplarizador con la finalidad de que nunca más sucedan estos hechos”, aparece en la denuncia.