Migrantes más allá de Canarias

El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el real decreto que fijará de forma definitiva el reparto entre las autonomías —y la financiación del mismo— de los más de 4.000 menores migrantes no acompañados que Canarias, sobre todo, y Ceuta acogen en unos centros por completo sobrepasados. El Congreso aprobó en abril la modificación de la ley de extranjería para hacer obligatoria su redistribución, y el Consejo dio luz verde en julio a otro real decreto que fija el procedimiento de acogida. El Gobierno completa así el marco legal necesario para ejecutar un traslado que hasta ahora se realiza con retraso y a cuentagotas por una pelea política entre el Ejecutivo y el PP que sigue abierta.

Esa pugna resulta del todo incomprensible fuera del aprovechamiento partidista de un problema grande para las comunidades afectadas, pero pequeño para el conjunto de España. La situación de los menores no acompañados, los inmigrantes más vulnerables, es la más acuciante de resolver. Pero no puede olvidarse que la inmigración irregular es mínima en comparación con quienes llegan a España de forma legal. Y este año registra un notable descenso (un 29,3% menos hasta el pasado día 15, en comparación con 2024, según el último balance de Interior). Es clave la caída de casi un 47% de las llegadas a Canarias por el endurecimiento del control en Mauritania y una cuestionable campaña de detenciones y expulsiones masivas de ese país.

Sin embargo, un mayor control en un tramo de costa no significa que hayan descendido los movimientos migratorios. Miles de personas siguen dispuestas a jugarse la vida. La crisis de masificación de recursos de acogida se puede reproducir ahora en Baleares, por ejemplo, donde han llegado en pateras 4.796 personas este año, un 71,2% más que en 2024. Buena parte huyen de Somalia, un Estado fallido que lleva más de 30 años en guerra. Su necesidad de asilo es tan indiscutible como inaceptable que se vean obligados a dormir en la calle por falta de previsión.

A pesar de la evidencia, el Gobierno balear, del PP apoyado por Vox, anunció la semana pasada que recurrirá al Supremo para que paralice el reparto de menores. Baleares acoge a 680 menores no acompañados y carece de más centros, situación que la presidenta regional, Marga Prohens, ve “totalmente insostenible”, con razón. Con el reparto previsto debería asumir a otros 49. Sin duda la situación de Baleares, donde el Gobierno central apenas cuenta con 44 plazas de acogida, es muy compleja y necesita más recursos. Pero la solidaridad que Prohens rechaza para Canarias ahora es la misma que probablemente acabará necesitando Baleares. Cabe esperar que su propio partido le dará la misma respuesta que da a Canarias —donde cogobiernan—, y Ceuta y Melilla —ambas en manos del PP—.

Ceuta vive también una situación que pone a prueba sus infraestructuras de acogida con los constantes saltos al mar de migrantes desde Marruecos. Algunos días se han contabilizado hasta 300 intentos de entrada a nado. Este año ya son 21 los fallecidos, cuatro solo en agosto. Es necesario que las fuerzas de seguridad y los recursos locales hagan todo lo necesario para que cese esta tragedia.

Mientras, avanza con lentitud la asunción por el Estado de los menores con derecho a asilo que siguen en centros canarios: solo unos 30 de un total de casi 1.000 han salido de las islas. Las comunidades más afectadas deberían liderar la petición para que un problema logísticamente minúsculo para un país como España, como acoger a un millar de personas, deje de ser una cuestión ideológica y vuelva a ser una cuestión de derechos humanos.