Desidia hacia los menores refugiados

Unos 1.200 menores migrantes no acompañados, la mayoría adolescentes que han huido de la violencia en Malí, llevan más de dos meses esperando que el Gobierno cumpla por fin una orden del Tribunal Supremo. Son los solicitantes de asilo actualmente acogidos por Canarias que, según dictó el alto tribunal el 25 de marzo, deben pasar al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Supremo dio entonces 10 días improrrogables para cumplir la medida cautelar, solicitada por el Ejecutivo canario. Ese plazo se ha extendido hasta ahora en lo que parece un mero intento de ganar tiempo.

El Supremo recalca en un duro auto fechado el miércoles el “claro incumplimiento” por el Gobierno de la medida cautelar, pese a haber recibido dos requerimientos previos. El Estado, que tiene la competencia exclusiva en la tramitación de las solicitudes de asilo, “ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes”. Una masificación —hasta un año solo para formalizar la petición de asilo— que, junto al hacinamiento en que viven acogidos en Canarias casi 5.800 menores migrantes, supone una vulneración flagrante de sus derechos.

Desde el otoño de 2023, los servicios de acogida canarios se encuentran colapsados y miles de menores han quedado atrapados en la pelea entre el Gobierno y el PP. Es obvia la resistencia de las autonomías populares para no ceder terreno a Vox. Ayer mismo, la Junta de Castilla y León, como antes otras siete comunidades gobernadas por el PP, acordó recurrir al Constitucional el reparto de los menores que el Congreso votó en abril. También ayer el presidente murciano, Fernando López Miras, recalcó al anunciar su pacto presupuestario con Vox que las cuentas incluirán la oposición a ese reparto.

Pero insistir en la peligrosa senda a la que la xenofobia ultra está arrastrando al PP no justifica la dejadez y las reticencias del Gobierno, en especial de los ministerios del Interior y de Migraciones, respecto a los menores peticionarios de asilo, cuya cifra concreta incluso ha cuestionado. El Ejecutivo tiene ahora 30 días para cumplir con la orden del Supremo bajo el apercibimiento de medidas coercitivas (multas e incluso posible exigencia de responsabilidades penales). Es ocioso insistir en que el Ejecutivo debe cumplir sin mayores dilaciones. Junto a ello, Gobierno y PP tienen que acordar ya una solución definitiva a la crisis de los menores migrantes. Canarias y Euskadi van a llevar a la Conferencia de Presidentes de hoy la propuesta de un gran pacto migratorio. La ocasión resulta inmejorable para que todos los implicados muestren su voluntad real respecto a un problema cuya solución no puede esperar más.