Migrantes y refugiados viven “aterrorizados” en Mauritania por la mano dura del Gobierno para frenar los cayucos

Hacía años que las llegadas a Canarias no mostraban una caída tan acentuada como en los últimos meses. En lo que va de 2025, un 40% menos se ha lanzado al mar, pero no por falta de voluntad sino por la mano dura con la que el Gobierno mauritano está aplicando en los decenas de miles de migrantes y refugiados que pueblan sus calles. El cambio en la política migratoria es palpable desde comienzos de este año, con una intensificación de los controles y la detención y expulsión de miles de africanos. El miedo ha invadido a los inmigrantes, pero también a refugiados reconocidos por la ONU y que son inexpulsables y hasta mauritanos negros ―la minoría blanca domina todos los resortes del poder en Mauritania― que carecen de documentación. Ante las evidencias y denuncias de abusos, la oposición ha levantado la voz. El diputado Khally Diallo asegura que se está llevando a cabo una “caza de brujas” y denuncia la “xenofobia” del Gobierno mauritano impulsada, a su juicio, por los acuerdos firmados por su país con España y la Unión Europea.

“La población negra vive aterrorizada por las políticas migratorias”, asegura con rotundidad Diallo, parlamentario del Frente Republicano por la Unidad y la Democracia (FRUD). Fuentes próximas al Gobierno confirman ese temor: “Muchos están escondidos, hay barrios de Nuakchot donde no se atreven a salir a la calle si no tienen sus papeles en regla”, explican. El Gobierno justifica estas medidas por su propia seguridad. “Nuestro país, como todos, tiene todo el derecho a reglamentar y controlar la circulación de extranjeros en su territorio”, aseguraba en mayo Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ministro del Interior. En los últimos dos años, el país, que tiene unos cinco millones de habitantes, recibió a decenas de miles de personas de otros países africanos, sobre todo malienses que huían del conflicto. A finales de 2024 acogía a casi 300.000 refugiados y solicitantes de asilo, según ACNUR, que destacaba el carácter hospitalario del país para quienes solicitan protección.

Sin embargo, las cosas han cambiado. El recrudecimiento de las políticas migratorias se produjo a comienzos de 2025, meses después de la firma de un acuerdo entre España y Mauritania y tras las visitas, en 2024, del presidente español Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes anunciaron una inversión de unos 500 millones de euros. “En Mauritania se están pisoteando los derechos humanos para satisfacer a España y a la UE”, remata Diallo, quien asegura que las condiciones de detención en los centros habilitados por el Gobierno mauritano son penosas. “Los internos tienen que comprar su propia comida a mujeres que entran a vender. Ante las protestas, las autoridades organizaron una visita con las organizaciones humanitarias, pero todo se preparó para mostrar una buena imagen”, explica.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez arranca este miércoles un nuevo viaje exprés a Nuakchot. Le acompañan seis ministros y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la que será la primera reunión de alto nivel (RAN) con el país africano. La cumbre durará apenas unas horas, pero se aspira a reforzar la cooperación con Mauritania como país clave en la lucha contra la inmigración irregular y contra la amenaza terrorista que domina el Sahel. La visita coincide con un foro que reúne a empresarios de ambos países.

Entre las prioridades españolas, según fuentes de La Moncloa, está la de superar el enfoque único de seguridad y desmantelamiento de las redes criminales para trabajar en más vías de migración regular, pero esto es aún una declaración de intenciones. La realidad, de momento, es que, tal y como revelaron EL PAÍS y Lighthouse en una extensa investigación, las autoridades mauritanas (como las tunecinas y las marroquíes) emplean el dinero europeo y español en detener y expulsar migrantes fuera de sus fronteras. Entre las partidas económicas aprobadas el año pasado, por ejemplo, hay una de medio millón de euros destinada a construir dos nuevos centros de detención de migrantes en Nuadibú y Nuakchot.

La doctrina gubernamental es que las detenciones y expulsiones solo afectan a los migrantes que se encuentran en situación irregular. “Mauritania seguirá siendo un país abierto y hospitalario para todos los migrantes en situación legal”, dijo en rueda de prensa en marzo pasado Ould Mohamed Lemine, quien también defendió el trato humanitario concedido a las personas detenidas en una comparecencia parlamentaria. Sin embargo, no todas las personas que han sido expulsadas en los últimos meses y que fuentes próximas al Gobierno elevan hasta unas 20.000, se encontraban irregularmente en el país.

Mady Diallo tiene 35 años y llegó a Mauritania en 2017 desde Tombuctú (Malí) huyendo de la guerra y después de que su padre fuera asesinado. En 2020, ACNUR le certificó su condición de refugiado. Pese a ello, en mayo pasado fue detenido y expulsado a territorio maliense. “Salía de la escuela donde doy clase como profesor de árabe en Nuakchot y la policía me paró y me pidió los papeles. Le enseñé mi documentación de refugiado y me dijeron que eso no valía. Me quitaron el teléfono y no me dejaron llamar a ACNUR. Me subieron a un bus, me llevaron hasta la frontera y me expulsaron”, asegura.

Diallo explica que le dejaron sin dinero en Kabou, un pueblo entre Malí y Mauritania. Tras unos dos meses en los que pudo sobrevivir gracias a la ayuda que le prestaron en una mezquita, la semana pasada regresó a Mauritania cruzando el puesto fronterizo de Gogui. “Me mandaron el dinero desde Mauritania y la policía me hizo un salvoconducto. Pero ahora no me atrevo a salir de casa. No he vuelto a dar mis clases. Y no soy el único; a otros refugiados les ha pasado lo mismo que a mí”, añade.