Claves para un pacto de Estado frente a la emergencia climática

Han tenido que llegar los incendios más virulentos y arrasar más de 400.000 hectáreas para que se ponga sobre la mesa la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático que aborde tanto las políticas de mitigación —dirigidas a eliminar las causas de la crisis climática— como las de adaptación —las que buscan cómo adecuarnos a los cambios que ya se han producido—. Bienvenida sea la propuesta y ojalá ese acuerdo vea la luz, porque nos va la vida en ello. No insistiré en la necesidad de llevarlo a cabo, pues ya lo han hecho previamente en estas páginas el economista Antxon Olabe en su artículo sobre la “Gran Adaptación” y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera llamando a apostar por la seguridad climática.

La crisis climática es el principal desafío al que se enfrenta hoy la humanidad, como insistentemente repite el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. España no sólo no es ajena a ello, sino que por su ubicación geográfica es especialmente vulnerable, como se comprueba tragedia tras tragedia: danas, olas de calor, incendios, sequías, y un largo etcétera. De ahí que si estos pactos de Estado son importantes en todos los países, en España lo sea todavía más.

Constatada la necesidad, el debate debe avanzar hacia la identificación de los factores críticos de éxito, los aspectos necesarios para que llegue a buen fin. El primero de ellos, la posibilidad de un acuerdo. Es demasiado fácil desechar la idea aludiendo al clima de crispación que rodea a las élites políticas. Preguntémonos: ¿era muy distinto ese clima en el mes de febrero, hace apenas seis meses, cuando se renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ampliando las medidas que contenía el anterior? Tendrán que pensar un poco más quienes aluden a la consabida crispación para proclamar la imposibilidad de acuerdos.

Por otro lado, es fundamental distinguir entre los efectos de la crisis climática y las políticas que han de ponerse en marcha para acelerar la transición ecológica. La crisis climática no es de izquierdas ni de derechas. Ahora bien, la forma de abordar esa transición, como cualquier medida que implique un modelo económico, político y social, es profundamente ideológica. Debátanse esos modelos, porque seguro que se encuentran puntos comunes que permitan acordar.

No es cierto que la derecha sea ajena al debate climático, ni en España ni en otros países europeos. Lean estas palabras: “Lo que estamos haciendo ahora en el mundo, degradando las superficies terrestres, contaminando las aguas y añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera a un ritmo sin precedentes, es algo nuevo en la experiencia de la Tierra. Son la humanidad y sus actividades las que están cambiando el medio ambiente de nuestro planeta de forma dañina y peligrosa. (...) Debemos recordar siempre que los mercados libres son un medio para alcanzar un fin. No cumplirían su objetivo si sus resultados causaran más daño a la calidad de vida a través de la contaminación que el bienestar que logran con la producción de bienes y servicios.” Quizá se sorprendan al saber que no proceden de ninguna organización ambiental ni de un partido verde. Las pronunció Margaret Thatcher en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Aunque los populares españoles tardaron décadas en enterarse, sus colegas europeos llevan tiempo preocupados por el clima.

La crisis climática no es un asunto exclusivo de las izquierdas, es un desafío global que apela al conjunto de la humanidad, y cuyas alternativas deberían constituir el principal debate político de nuestro tiempo.

Para que un pacto de Estado tenga éxito ha de involucrar, en primer lugar, al conjunto de las instituciones y administraciones, siendo capaz de aportar beneficios a cada territorio, lo contrario a los “territorios de sacrificio” a los que se alude en algunas comarcas que se sienten víctimas de la transición. Es allí donde los efectos de la crisis se dejan sentir más y donde han de implementarse las políticas de adaptación. La incorporación de este asunto a la próxima Conferencia de Presidentes parece adecuada, siempre que no se olvide a las diputaciones provinciales y municipios. Son ellos quienes acostumbran a dar la primera respuesta cuando llegan los problemas; son también los que suelen tener una visión más pragmática y realista de los desafíos y de la necesidad de llegar a acuerdos. La diferencia que estos días se ha visto entre las durísimas declaraciones de líderes nacionales del Partido Popular y la actitud de exigencia, pero también de agradecimiento al Gobierno, por parte de algunos de los presidentes autonómicos y alcaldes conservadores afectados por los incendios dice mucho al respecto. Un pacto de Estado será más difícil de rechazar si los responsables de cada partido en cada territorio son participantes activos, de forma que cuando llegue a las Cortes Generales sea muy difícil oponerse.

Si el pacto se queda en lo institucional, no obstante, no podrá ir muy lejos. Un acuerdo de estas características, que afecta al conjunto de la economía, de la ordenación del territorio y de la gestión pública, necesita contar con el consenso de los actores sociales y económicos. No hay sector que no esté afectado por una crisis de estas dimensiones. Lo han sabido ver tanto sindicatos como algunas organizaciones empresariales, que llevan décadas analizando cómo la crisis climática les afecta y cómo hacerle frente desde los intereses de cada cual. Su participación activa es clave.

En España disponemos de una extensa red de conocimientos de primer nivel que van desde personas expertas en Ciencias de la Tierra hasta juristas, pasando por economistas, sociólogos, politólogos, ingenieros, psicólogos sociales o divulgadores, que atesoran un enorme conocimiento y experiencia sobre la crisis climática. También han de estar involucrados.

Hay otro tipo de conocimiento, no siempre reconocido; el que acumulan las organizaciones ambientales y movimientos sociales que desde hace décadas han estudiado, documentado, analizado y propuesto alternativas para conservar espacios naturales, mitigar el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias. Todo ello desde la visión global que les da su participación en redes internacionales. Su ayuda es importante.

Estamos ante un proceso de gran complejidad. Ello exige contar con una hoja de ruta clara liderada por el máximo responsable político, el presidente del Gobierno, e implicando a todos y cada uno de los ministerios. Nada puede quedar al margen. Un liderazgo de los denominados “relacionales”, que busque dar participación y protagonismo al conjunto de actores, que articule el espacio donde cada cual pueda aportar su esfuerzo, y que asuma que los éxitos, si se dan, serán de todos.

La posibilidad real del acuerdo, la transversalidad política del problema, la gestión multinivel como corresponde a un Estado compuesto y complejo como es España, la incorporación de una extensa red de agentes sociales, económicos y de conocimiento, y el liderazgo desde las máximas instancias implicando al conjunto del gobierno en una hoja de ruta clara, son sólo cinco puntos claves para que al Pacto de Estado pueda tener éxito. Seguro que hay más, pero estos elementos son los aprendizajes de un número notable de experiencias en la puesta en marcha de proyectos de adaptación y en conflictos socioambientales, tanto en España como en otros países. Atesoramos décadas de buenas prácticas y conocimiento acumulado para hacer de la transición ecológica la Gran Oportunidad.