Proteger a los menores refugiados

El Gobierno comenzó la semana pasada el traslado a la Península de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están acogidos por Canarias. Ha tardado cerca de cinco meses desde que el Tribunal Supremo le diese en marzo 10 días improrrogables para hacerse cargo de más de un millar de ellos. El Ejecutivo canario, cuyos servicios de acogida llevan años desbordados, había solicitado la medida cautelar. El plazo se ha ido extendiendo, entre reproches de ambas partes, en lo que parece un simple intento del Gobierno central de ir ganando tiempo.

En dos tandas, han sido trasladados 15 jóvenes, todos menos uno de Malí, país del que proceden la gran mayoría de los menores que piden asilo, quienes intentan escapar del hambre y el terrorismo yihadista que azota el Sahel. Para el jueves o el viernes próximos está previsto el viaje de otros entre 15 y 20. Dado que los menores que deben ir a la Península, incluidos administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son 1.070, según datos del Gobierno regional, a este ritmo, inferior al inicialmente previsto, cumplir la orden del Supremo llevaría casi año y medio.

Canarias lleva casi un lustro en una emergencia migratoria permanente que la dejadez del Ejecutivo central y el boicoteo del PP solo han contribuido a ir agravando. Los paganos son unos niños y adolescentes cuyas necesidades básicas sufren una “evidente carencia” para ser satisfechas, como recalcó el Supremo en junio. La reunión que hoy tienen prevista en Lanzarote Pedro Sánchez y el presidente canario, Fernando Clavijo, de CC, debe servir para poner un punto final a la sucesión de diferencias y críticas mutuas y acelerar un proceso que ya ha durado demasiado.

Esta es solo una de las patas de un problema cuya solución no puede demorarse más. El Consejo de Ministros del próximo día 26 tiene previsto aprobar un real decreto que fije definitivamente el reparto entre las comunidades autónomas —y su financiación— de otros casi 4.000 menores migrantes acogidos en Canarias que no han solicitado asilo. Su traslado tendría que comenzar a finales de agosto. Desde hace meses se hacinan en unos centros en situación crítica, con sus derechos en peligro, como ha revelado la causa judicial abierta contra la ONG Quorum Social 77. Todos ellos son las víctimas colaterales del enfrentamiento entre el Gobierno y un PP cada vez más atrapado en la deriva xenófoba de Vox y que ha visto en el endurecimiento de la política migratoria que abanderan tantos de sus correligionarios en Europa un flanco más para desgastar al Ejecutivo de Sánchez. Son las comunidades gobernadas por los populares que deben acoger a los menores las que están dando la espalda a Canarias, donde el PP cogobierna.

Feijóo tiene toda la legitimidad para diseñar la estrategia que crea mejor para llegar a La Moncloa. Pero debe reflexionar si su política de dureza acabará con él en el Gobierno con la llegada en pateras —o a nado en Ceuta— de cientos de menores que solo buscan sobrevivir. Si al Ejecutivo central hay que exigirle mucha mayor diligencia, al PP hay que reclamarle que aclare de qué lado está de la línea cada vez más clara que en una cuestión de Estado como la inmigración separa a demócratas y ultraderechistas.