La investigación contra una ONG que acoge a 2.000 menores migrantes en Canarias evidencia el descontrol del sistema

Lo que empezó como una denuncia de malos tratos contra menores migrantes —que tantas veces ha acabado en un cajón—, ha alcanzado esta vez una dimensión inesperada. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria lidera una investigación que ha puesto contra las cuerdas la gestión de la ONG que más menores migrantes sin familia acoge en las islas. Los testimonios y las evidencias recopiladas en los últimos meses apuntan, entre otros, a la comisión de supuestos delitos de lesiones, de odio y de amenazas en los centros, una realidad que los niños y jóvenes llevan años denunciando sin que las autoridades tomasen cartas en el asunto. Las pesquisas han motivado la intervención de la policía autonómica en dos ocasiones desde mayo. La segunda, este jueves, se ha saldado con la detención de la presidenta de la ONG y otro directivo —que han sido puestos en libertad con cargos, según el diario Canarias 7— y la clausura de un segundo centro de acogida de la organización.

El episodio pone de relieve, una vez más, la situación crítica en la que se encuentran los centros de menores en Canarias, donde se hacinan más de 5.700 niños y adolescentes que esperan desde hace meses que los trasladen a otras comunidades tras la reforma de la ley de extranjería. “Llevamos mucho tiempo diciendo que, con tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan. Mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir”, ha dicho este jueves el presidente canario, Fernando Clavijo. “Hace años que es preocupante la situación de los centros, en general hay un descontrol importante”, apuntan fuentes judiciales. La violencia ha pasado desapercibida en un sistema saturado.

Con miles de niños y adolescentes hacinados, se habían multiplicado los testimonios que denunciaban malos tratos, amenazas y descontrol en los centros de acogida. Los casos concretos empezaban a llegar a las organizaciones de protección de la infancia, a la fiscalía y a la prensa, pero en la mayoría de ocasiones las denuncias se sobreseían. Además, las víctimas —menores extranjeros, sin familia, sin hablar el idioma— no se atrevían a hablar. “Es muy difícil perseguir estos delitos porque no hay un mecanismo que proteja a los niños que denuncian y tienen que volver al mismo centro donde se sienten amenazados”, explican fuentes conocedoras del caso. Hasta que uno de esos casos llegó al juzgado adecuado. Después de varios escándalos con otras ONG, la mira apuntaba ahora a Quorum Social 77, la organización sin ánimo de lucro que atiende a casi 2.000 menores, más de un tercio del total, en una treintena de centros. Un vídeo enviado por la Dirección General del Menor a la fiscalía apuntaló las sospechas.

La primera operación policial se desarrolló el pasado 19 de mayo en un centro que la entidad gestionaba en Gran Canaria. Allí vivían 43 niños y los agentes detuvieron a nueve trabajadores ante las “numerosas evidencias y testimonios” recibidos sobre la presunta comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas. Las actuaciones están bajo secreto de sumario, pero los testimonios de menores y extrabajadores que ha recogido EL PAÍS en los últimos años apuntan a algunas prácticas comunes en varios centros de esta ONG. Entre ellas, las habitaciones de castigo.

En un hotel convertido en centro de acogida en el Puerto de la Cruz (norte de Tenerife), seis adolescentes gambianos relataban a este periódico en julio del año pasado lo que ocurría en la habitación 501. La llamaban “la habitación del pánico” y era el lugar donde, según contaban los adolescentes, los encerraban cuando se portaban mal. “Lo normal son tres días, pero hay quien ha estado hasta una semana”, aseguraban. “No necesitan una razón para castigarte. Primero te llevan a un despacho y dos o tres educadores te pegan por todas partes”, contaba uno de ellos que pasó por esa estancia en dos ocasiones. “Te quitan el móvil y tienes un monitor vigilándote 24 horas. No puedes hacer nada más que sentarte o tumbarte. A la hora de comer te dan una bandeja y comes en la misma cama. Yo dormía, no podía hacer otra cosa”.

La operación más reciente, llevada a cabo este jueves por la policía autonómica, ha llevado un paso más allá las sospechas iniciales. Los agentes han realizado seis entradas y registros entre los que se encuentran la sede de Quorum Social 77 y dos centros gestionados por la entidad en Gran Canaria. Tras la inspección se ha clausurado uno de los centros situado en el municipio de Arinaga. En él vivían 148 menores que la Consejería de Bienestar Social de las islas trata de reubicar en 21 centros distintos, ante la imposibilidad de reubicarlos en uno solo, máxime en una región con instalaciones ya de por sí saturadas. En esta ocasión, los detenidos han sido la propia presidenta de la ONG, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana, según ha publicado la prensa local y ha confirmado EL PAÍS.

Canarias vive en una emergencia permanente desde 2020. Los cientos de cayucos que han llegado a las islas en los últimos años han traído miles de menores a bordo y el sistema de acogida se ha visto desbordado. En este contexto se han multiplicado las adjudicaciones exprés, se han rebajado los requisitos para la apertura de centros, y se ha puesto en evidencia la falta de personal formado para atender a los niños. Y Quorum Social 77 ha sido la organización que más adjudicaciones ha recibido del Gobierno canario. Fundada en 2009, la entidad se especializó en el acogimiento familiar, pero fue diversificando su actividad según llegaban barcazas a las islas. Desde 2019, ha recibido 23 adjudicaciones por un valor de 22,1 millones de euros, según la página Gobierno Contratación, que recopila datos de contratación pública.

Una de las claves de este caso es quién lidera la investigación. Las pesquisas están en manos del juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero especializado en violencia contra la infancia en toda España. Se trata de un proyecto piloto que se puso en marcha en octubre de 2021, a cargo del juez Tomás Martín. El juez que no metió las denuncias en un cajón.