El juez del ‘caso Montoro’ no ve delito en el acceso del ministro a datos fiscales de políticos y periodistas

Rubén Rus, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona que investiga el caso Montoro, considera que no hay delito alguno en los correos electrónicos que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió de su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, con información fiscal procedente de la Agencia Tributaria sobre distintas personalidades. Con ese argumento, el juez ha rechazado la personación en la causa, como perjudicados, de cuatro personas: el exvicepresidente económico del Gobierno del PP Rodrigo Rato; el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero; el actual presidente de LaLiga, Javier Tebas y el periodista de ABC Javier Chicote. Todos ellos solicitaron personarse al conocer la existencia de unos correos que incluían datos suyos e investigaciones a las que habían sido sometidos por Hacienda.

De esta forma, queda descartada la investigación judicial por el presunto uso de datos confidenciales de Hacienda que llegaron a manos de Cristóbal Montoro. “Si al ministro de Hacienda le corresponde la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la AEAT, debemos entender que el ministro de Hacienda está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT”, concluye el juez en diversos autos del pasado mes de junio. El entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, trasladó información a Montoro sobre inspecciones fiscales que se estaban realizando a personalidades políticas y mediáticas, desde la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hasta el tenista Rafael Nadal, o la familia de Jordi Pujol.

Rus considera que el caso que investiga se ciñe a los pagos de empresas fabricantes de gases industriales, integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, a la asesoría jurídica Equipo Económico, creada por Cristóbal Montoro en 2006. La contratación de ese despacho sería, a ojos de las empresas implicadas, el canal adecuado para conseguir una interlocución directa con la cúpula del Ministerio de Hacienda y lograr así dos rebajas fiscales consecutivas a través de dos reformas legislativas. Considera por ello que se beneficiaron de una “red de influencias” en la que Equipo Económico jugaba un papel esencial.

Cuatro de los afectados por esas comunicaciones entre el que ocupaba el cargo de ministro de Hacienda y su jefe de gabinete han intentado personarse al considerar que el acceso a sus datos incurría en diversos delitos. En cambio, el juez Rus considera que Montoro, por su papel como ministro y por tanto como máximo responsable de Hacienda, podía tener acceso a esa información. Además alega que esos correos no salieron de la esfera del ministerio, no llegando a terceras personas, por lo que no considera que se produjera revelación de secretos.

“No se desprende la comisión de ninguna conducta penalmente relevante”, concluye el auto que deniega la personación de Javier Tebas, que fue protagonista de tres correos que llegaron al buzón electrónico de Montoro. En uno de ellos se informaba que se había entregado documentación sobre Tebas a la Fiscalía Anticorrupción “que probaba la existencia de delito fiscal (si bien es cierto que, por un importe reducido)” y se informaba de que esta había dado carpetazo al asunto sin admitir a trámite la denuncia, por lo que se había procedido a remitir la misma a la fiscalía de Madrid. “La AEAT sospecha que pueden probar delitos más graves ligados a corrupción”, explicaba el jefe de gabinete. Los hechos se remontan a 2015, cuando la Agencia Tributaria pretendió practicar un registro en el domicilio de Tebas.

La misma conclusión que ofrece para el caso de Tebas utiliza para los nueve correos que llegaron a Montoro sobre Rodrigo Rato. En uno de ellos, se informaba al ministro que el juez Fernando Andreu había solicitado a la Agencia tributaria “información sobre si la noticia en prensa de RR de indemnización de 6,2 M€ del Lazard está declarada en el IRPF". En otro, un mes y medio después, se explicaba que Hacienda “tenía indicios” de que estaba procediendo “a alzamiento de bienes” y posteriormente se describían otras operaciones. Los correos electrónicos que llegaron a manos del juez Rus se sitúan entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015 e incluyen información sobre distintas empresas del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia y empresas de su familia.

En el caso de Juan Carlos Monedero, el jefe de gabinete de Montoro explicaba que habían estado analizando “presentaciones extemporáneas” del dirigente de Podemos, al que acusaba de tener “algún fraude no declarado”. A Montoro le llegaron cinco correos del exdirigente de Podemos. Para el juez, sin embargo, esos correos solo explican “las actuaciones realizadas” y no se puede desprender “que se estuviera llevando a cabo una actuación punible”.

Sobre el periodista de ABC Javier Chicote, el auto del juez admite que existe cierta relación temporal entre la publicación de unas informaciones del periodista y las actas abiertas por Hacienda, pero no considera que esas inspecciones fiscales “sean consecuencia directa y exclusiva de la publicación de los artículos ni que se pretenda silenciar al señor Chicote”.

El pasado 12 de junio, el instructor del caso Montoro permitió la personación del PSOE como acusación popular en la causa.