Cuando los políticos eligen a sus votantes

Un enfrentamiento en el Legislativo estatal de Texas por una reforma electoral, lejos de suponer una anécdota, está siendo un episodio revelador de los esfuerzos de los republicanos, bajo las órdenes de Donald Trump, para modificar las leyes electorales estadounidenses en su descarado beneficio, con vistas a las elecciones de 2026.

El número de representantes (diputados) que corresponde a cada Estado es proporcional a la población, medida en el censo cada 10 años. Luego, corresponde a cada Estado establecer cómo dividir el territorio en tantos distritos (circunscripciones) como le corresponda. Algunos Estados tienen una comisión independiente para establecer las fronteras electorales, pero en la mayoría el mapa lo dibuja el Legislativo estatal. Y, especialmente en los gobernados por republicanos, se hace de forma descaradamente partidista: en las pasadas elecciones en Texas, cuyas grandes ciudades son demócratas, los republicanos obtuvieron casi dos tercios de los escaños con el 58% de los votos. Entre la división ideológica del país y las circunscripciones diseñadas a conveniencia, el resultado es que solo unas decenas de los 435 escaños son verdaderamente competitivos en las elecciones a la Cámara de Representantes.

El sistema político de EE UU, con elecciones cada dos años, está pensado para facilitar que los ciudadanos voten a la contra y el poder siempre esté repartido. Es decir, que la Casa Blanca tenga que convivir con un Congreso de signo contrario. Ante la demolición institucional que están provocando Trump y su corte de aduladores, medio país tiene las esperanzas puestas en las elecciones de noviembre de 2026 para que una Cámara de Representantes con mayoría demócrata frene la agenda trumpista. Trump se ha puesto manos a la obra: ha pedido a los republicanos que redibujen los mapas sin necesidad de un nuevo censo (legal, pero inusual) para obtener más distritos seguros para el partido. El nuevo mapa de Texas supondría, de salida, regalar a Trump cinco escaños más.

La maniobra es tan burda que los demócratas del Legislativo de Austin la han boicoteado de la única forma que pueden: han huido físicamente de Texas para evitar que haya quórum en la Cámara. No se aprueba porque no se puede votar. El gobernador republicano, Greg Abbott, ha ordenado arrestar a los diputados para llevarlos a la Cámara, pero esas órdenes no pueden aplicarse fuera del Estado.

No es la única reacción demócrata. En un durísimo discurso, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que, en respuesta a la ofensiva republicana, su Estado (el que más diputados tiene, 50) hará su propia redistribución de escaños para compensar lo que se pierda en Texas. Otros Estados, como Nueva York, estudian medidas similares bajo el lema de “combatir fuego con fuego”. La frustración resulta comprensible, pero ahondar en la erosión de las normas no es el camino. Ese es el juego de Trump. Más importante que los escaños es que los ciudadanos confíen en su sistema político.