Los viejos prejuicios antinucleares del Gobierno

Guerra arancelaria y económica con Estados Unidos; China, arrasándonos en su avance competitivo; Vladímir Putin, a la espera; la UE, cuestionada entre ataques externos e internos; escenarios bélicos que proliferan en el mundo; sustitución de la cooperación mundial por la confrontación; negacionismo e imposibilidad de una estrategia mundial frente al cambio climático y la inteligencia artificial; auge de las extremas derechas, con sus redes de mentiras y odio; políticas de deterioro de la democracia. Ninguna de estas curvas era previsible hace 15 años. Nuestro mundo actual en nada se parece al de principios de siglo y, aunque todavía en transición, todo apunta a que camina hacia algo muy diferente a lo diseñado tras la caída del comunismo soviético: crecen las inseguridades, vuelve a priorizarse la seguridad nacional y se debilitan las anteriores alianzas con su impacto sobre la cadena global de valor establecida durante lo que llamamos “globalización”, hoy en plena mutación. Incluso la Unión Europea, otrora potencia comercial mundial, se diluye como azucarillo en aguardiente, incapaz de responder a los desafíos de Donald Trump, Putin y China, ni con la unidad ni con la rapidez exigidas. Benjamín Netanyahu avanza en la ocupación de Gaza tras la masacre de palestinos sin que ninguna entidad internacional le pueda parar los pies.

Estas nuevas realidades se han llevado por delante muchas de las visiones y políticas que defendíamos hace tan solo unos años; por ejemplo, Europa ha construido un nuevo discurso basado en tres grandes principios: avanzar en autonomía estratégica (depender menos del exterior en productos clave); reforzar la competitividad de nuestra economía invirtiendo en nuevas tecnologías y abaratando costes, lo que incluye los energéticos, y construir una industria europea de defensa con un ejército propio. Los informes de Mario Draghi y de Enrico Letta establecen la hoja de ruta para conseguir estos objetivos. Ahí estamos, intentando reaccionar ante un panorama impensable, cambiando los parámetros y las políticas anteriores.

La energía nuclear ha encontrado otro encaje en este contexto tan diferente, europeo y mundial, basándose también en los avances tecnológicos y de seguridad habidos durante estos años en las centrales (se experimenta ya con minicentrales de gran potencia y riesgo casi nulo), así como en la gestión y el tratamiento de los residuos. La nuclear ayuda a combatir hoy el cambio climático (se incluye en la taxonomía verde de la Comisión Europea), refuerza la autonomía energética de Europa (sobre todo, si no seguimos haciendo el tonto con las minas de uranio, como la nuestra de Retortillo, prohibiendo su apertura cuando es una de las mayores reservas en Europa y tenemos que aplicar el nuevo Reglamento de minas de tierras raras y estratégicas), y es una energía barata si no la castigamos con tasas e impuestos por razones de ignorancia técnica y viejos prejuicios.

Por eso, en la COP28 contra el cambio climático 22 países (la mitad, miembros de la UE) firmaron un acuerdo para triplicar su capacidad nuclear para 2050; países con centrales operativas están ampliando su vida útil, mientras aquellos que las cerraron se plantean invertir en nuevas centrales y otros muchos, ante la falta de la ayuda comprometida por los países desarrollados, apuestan por la nuclear como forma de rebajar sus emisiones de CO₂. La nuclear se ha puesto de moda en todo el mundo, Europa incluida, como instrumento esencial de la transición energética, la autonomía estratégica y la competitividad económica. La vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera declaró en Bruselas que la nuclear es esencial para Europa (¿por qué para España no?) y autoriza ayudas de Estado para alargar la vida útil en algunos países. El Informe Draghi incluye en su apartado sobre la energía una recomendación explícita de no cerrar plantas y extender la vida útil de las existentes.

Y en este marco global, ¿todavía hay gobiernos que sigan defendiendo viejos prejuicios antinucleares de hace más de 20 años, cuando el mundo era otro? Ninguno, salvo el español, que se aferra a un calendario de cierre que empieza pronto con Almaraz y concluye en 2035, año en el que, haya pasado lo que haya pasado con el resto de energías incluidas en la previsión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la única seguridad es que ya no tendremos energía nuclear en nuestro mix energético. Como socialista con trienios que ha tenido mucho que ver con estos asuntos, tengo que decir que jamás he visto tanta torpeza táctica como en la gestión gubernamental de este asunto estratégico. Y quiero creer que la razón se encuentra en los aliados del PSOE en el Gobierno, izquierdistas de salón les llamaría Lenin, que se niegan a aceptar la necesidad de una prórroga de la vida útil, pese al apoyo explícito del PP y Junts en el Parlamento y de la mayor parte de la sociedad civil y empresarial del país, un respaldo social tan mayoritario que sería incuestionable. Y, además, beneficioso para España y su seguridad en esta época turbulenta.

Nuestros siete reactores nucleares aportan el 20% de la demanda eléctrica del país. No hace falta más, si las renovables, como dice el PNIEC, cubrirán el 80% restante y mantenemos las de gas como respaldo necesario para las horas en que no haya suficiente sol y viento. Porque a estas alturas, y tras el apagón del 28 de abril y sus informes, todos los ciudadanos han aprendido ya cuatro cosas:

1. El sistema eléctrico funciona 24/7, por lo que hace falta un complemento (además del refuerzo) para cuando las renovables se paran. Si es nuclear, no emite CO₂. Es decir, no hay contradicción entre renovable o nuclear, porque ambas son energías limpias en términos de lucha contra cambio climático.

2. La física de un sistema eléctrico exige, para que la red transporte y distribuya, energía síncrona en el sistema para aportar una inercia que solo proporcionan las energías tradicionales (la imposición tardía de convertidores síncronos virtuales para renovables, ayuda, aunque encarece).

3. También se requieren generadores que absorban la energía reactiva del sistema y estos solo pueden ser los tradicionales (un presunto fallo aquí parece que estuvo detrás de las fluctuaciones del sistema que acabaron en el apagón).

4. Invertir en más y mejor red eléctrica inteligente resulta imprescindible para hacer frente a las nuevas demandas (centros de datos, etcétera).

Y hablemos del coste de la nuclear, ya que el Gobierno se escuda en que son las compañías las que quieren cerrarlas porque no les resultan rentables. Esto no es exactamente cierto: las centrales españolas plantean problemas de rentabilidad en algunos momentos, cuando los precios del mercado se sitúan (cada vez más) por debajo de lo que tienen que pagar en tasas e impuestos marcados por los gobiernos (central y autonómicos). Es decir, el problema no es de rentabilidad, sino de castigo fiscal por razones ideológicas. Si nuestras nucleares tuvieran la misma carga fiscal total que la media europea (no digo nuestras renovables), prorrogar su vida útil sería rentable para las empresas privadas que las gestionan en un contexto de elevada seguridad, vigilada por el CSN.

Por tanto, que el Gobierno no maree más la perdiz y apruebe ya una moratoria del cierre, con respaldo social y político muy mayoritario, que garantice la seguridad, que no encarezca la factura, y que la equiparación impositiva a la media europea no se traslade al contribuyente. Porque el responsable de la política energética no son las empresas; es el Gobierno. Y estoy seguro de que algo ha aprendido del nuevo contexto mundial… y del apagón.