Los padres de la joven sevillana que se quitó la vida tras denunciar acoso piden a la Junta que aplique una “sanción ejemplarizante” al colegio

Los padres de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras denunciar bullying en su colegio, las Islandesas de Loreto de Sevilla, han declarado esta mañana ante la Fiscalía de Menores. El Ministerio público investiga la presunta implicación de tres menores en el acoso escolar que la madre de la joven puso en conocimiento del centro y, por otro, la actuación y posible responsabilidad de la dirección del centro privado concertado, que, de acuerdo con la Junta de Andalucía, no activó el protocolo antiacoso ni el autolítico, como es preceptivo en estas situaciones. La familia de la niña sevillana quiere que la Consejería de Desarrollo educativo aplique una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio en el que ella estudiaba, tal y como ha recalcado su tío, Isaac Villar, a los medios de comunicación esta mañana.

El informe de la Fiscalía de Menores será determinante para que el Gobierno andaluz dirima la sanción que aplicará al centro, tal y como explicó este lunes la consejera de Desarrollo educativo y FP, Carmen Castillo. La Junta ha puesto en marcha una comisión de conciliación de la que forma parte una representación del colegio y del Gobierno para que las Irlandesas de Loreto asuman responsabilidades y medidas correctoras para detectar y evitar que se den situaciones de acoso como las que rodearon a Sandra. “Será en función de los hechos que la Fiscalía determine como probados cuando se depuren responsabilidades”, señaló Castillo, quien apuntó que esas responsabilidades también podrían extenderse a las participantes en la situación de acoso.

El próximo lunes la Fiscalía tomará declaración a las tres compañeras de Sandra que presuntamente cometieron bullying sobre la niña. Además de los padres de la joven, esta mañana y a lo largo de la tarde también han ofrecido su testimonio ante el ministerio público el director, la orientadora, la jefa de estudios y la tutora de Sandra.

Durante las primeras semanas que siguieron al suicidio de la niña, el centro trató de justificar su actuación ante la situación de acoso que la madre de Sandra puso en su conocimiento el 3 de septiembre. Alegaron que cuando fueron a informar del protocolo y autolítico en la plataforma escolar para que la Inspección tuviera conocimiento, fue la terapeuta de la niña la que aconsejó que no se hiciera y que bastaba con la separación de aulas. La familia, que daba por hecho que el protocolo ya se había activado, niega categóricamente esta versión, que es la que han trasladado los responsables del colegio a la Fiscalía, según indican las fuentes cercanas al centro consultadas, que también han insistido en que todas las actuaciones están documentadas.

En todo caso, la dirección nunca habló con las tres presuntas acosadoras ni con sus familias, al dar por hecho que el bullying no se desarrollaba dentro del horario escolar, tal y como confirmaron a este diario esas mismas fuentes.

“El daño que nos han hecho, que es la pérdida de mi sobrina, no nos lo van a reparar en la vida, pero nuestra lucha es para que esto no se vuelva a repetir. La única forma de que no se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso escolar”, ha enfatizado Villar.

La Policía Nacional ya ha entregado su informe a la Fiscalía y la Defensoría de la Infancia también ha hablado con la familia de Sandra y con el centro. “La familia siempre se ha sentido muy arropada por la Junta y por el Defensor del Pueblo. Confiamos en que esté a la altura y le impongan la sanción más alta al colegio por los errores que ha cometido, que han provocado el peor de los finales, que es que mi sobrina tomara la decisión de quitarse la vida”, ha insistido el tío de Sandra.

La sanción más grave a la que se enfrenta el colegio es la pérdida del concierto, otras medidas pasan por el pago de una cantidad económica o la expulsión de las personas que se consideren responsables de la no aplicación de los protocolos pertinentes, e incluso de las supuestasacosadoras si se prueba su vinculación, según indicó la consejera de Desarrollo educativo