El debate nuclear tensa el equilibrio interno de Gobierno, aliados y oposición

El debate sobre la energía nuclear y su final o prórroga tensa las costuras internas de los grandes partidos nacionales. Del PSOE a Sumar y del PP a Junts, de Madrid a las delegaciones autonómicas, el apoyo o crítica depende de múltiples factores. O intereses. El pasado 18 de enero, más de 7.000 personas se manifestaron en el municipio de Almaraz (Cáceres) para reclamar que la central nuclear de la comarca no se cierre, ya que consideran que la planta es la principal fuente de prosperidad y bienestar de toda la zona. Antes de empezar la multitudinaria concentración, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pedía que se evitara la clausura para asegurar la riqueza en el territorio.

El PSOE regional, por lo tanto, aboga por la prolongación de esta planta, que tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028. El 80% de los extremeños rechaza su desmantelamiento, según una reciente encuesta elaborada por Metroscopia, y eso complica su postura frente a un Partido Socialista a nivel nacional que ha sido históricamente contrario a la energía atómica. El posicionamiento adverso dificulta las aspiraciones del partido en una de las pocas regiones donde las encuestas le dan opciones de recuperar poder territorial.

Pero la realidad es que la posición histórica del PSOE siempre ha sido contraria a la energía nuclear. Para muchos de sus votantes, cualquier posicionamiento favorable con esta energía es difícil de entender. Eso también enreda la posición de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta y que también se ve afectado por la presencia de la central de Trillo. “Europa está revisando la estrategia nuclear y España no puede desconocer eso también”, señaló en abril Page, acostumbrado a discrepar de Ferraz por otras cuestiones.

La cuestión no es más sencilla para el Partido Popular. A nivel nacional, el principal partido de la oposición se manifiesta muy favorable a esta tecnología, pero no siempre el discurso concuerda con sus hechos. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que decretó el cierre de Garoña en Castilla y León en 2017. Y ahora, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, cree que el cierre de Almaraz “sería una locura”, pero se niega a eliminar la ecotasa como piden las compañías propietarias de la planta para asegurar su continuidad. Fuentes del sector señalan que Guardiola no elimina la ecotasa por orden de Génova, que quiere que primero se retrate el Gobierno. Por el lado contrario, achacan la decisión de Carlos Mazón de suprimir el gravamen nuclear pactado con Vox en la Comunitat Valenciana a una decisión al margen de la ejecutiva nacional.

Lo mismo le ocurre a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Cataluña. La formación liderada por Oriol Junqueras ha sido históricamente contraria a esta tecnología, pero se ha alineado con su abstención recientemente en el Congreso de los Diputados a los partidos de derechas cuando han lanzado propuestas de ampliación de vida de las plantas atómicas. Para Cataluña la energía nuclear es clave, ya que la mitad de reactores de toda la península Ibérica está ubicada en Tarragona (Ascó y Vandellós).

Idéntica disyuntiva para Junts per Catalunya. Pese a la lejanía y la confrontación con PP y Vox en lo relativo a la cuestiones territoriales o la amnistía, también el partido de Puigdemont se suma a lo que califican como derecha reaccionaria para ampliar la vida de las plantas nucleares. Foment del Treball, la patronal catalana, y como ocurre con la reducción de jornada y otras cuestiones, juega un papel clave con la formación independentista en las cuestiones de afectación empresarial.

Con este tablero, el Gobierno se enfrenta a una difícil patata caliente. En el próximo año, va a tener que tomar una decisión y abandonar cualquier tacticismo o ambigüedad sobre la cuestión. Es decir, que tendrá que tomar partido sobre un tema de primera magnitud política, económica y social cuando faltará poco más de un año para las elecciones generales y autonómicas.

Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se han abierto en los últimos meses a estudiar una potencial propuesta de revisión del calendario nuclear si cumple con las condiciones exigidas, entre las que destaca que no tenga un coste para el consumidor ni para el contribuyente.

Actualmente, el Gobierno asegura que estas condiciones no se dan, pero no descarta nada. En caso de que se cumplieran las condiciones se estudiaría la propuesta, aseguró este jueves el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Como desveló ayer este medio, la vicepresidenta Tercera, Sara Aagesen, envió en junio una carta a lberdrola y Endesa en la que le reiteraba que la eventual revisión del calendario de cierre, pactado en 2019 y que va de 2027 a 2035, debe cumplir con las condiciones exigidas.

Aunque no lo mencionaba en la carta dirigida a las eléctricas, el Ejecutivo asegura que las eléctricas no cumplen las condiciones y su propuesta es perjudicial para consumidores y contribuyentes. Las eléctricas, por el contrario, enviaron una segunda carta a la ministra Aagesen en la que sostienen que cumplen con todas las condiciones que les piden y le emplazan a una reunión. El Gobierno aseguraba este jueves que no hay ninguna negociación. El día anterior, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se mostraba optimista y confiado de que pronto podrían abordar esta cuestión y que el cierre nuclear se prorrogará tres años. Otros responsables del Gobierno consultados por este medio, más allá del área competente en energía, también apoyaban la prolongación si las eléctricas cumplen.

Pero eso escama en el seno de la coalición. tras desvelar este medio que Aagesen envió una carta a Iberdrola y Endesa, la vicepresidenta Segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, rechazaba de plano cualquier extensión de vida de las nucleares y pedía cumplir con el actual calendario establecido. Más allá de los planteamientos del Ministerio para la Transición Ecológica, Moncloa tiene que hacer un difícil equilibrio con esta cuestión en el parlamento. Sumar está en contra, pero el resto de sus socios podrían decantar la balanza a favor de las aspiraciones de la oposición. PNV, ERC y Junts tendrán un peso específico en esta cuestión del interés de Iberdrola y Endesa. Pero en el PP tendrán también que retratarse.