La CNMC aprueba su primer informe sobre el apagón sin señalar aún responsables a los que multar

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha aprobado el primer informe sobre el apagón este martes, según señalan varias fuentes al tanto de los pasos del regulador. El pleno del organismo competente en materia sancionadora ha dado su visto bueno por unanimidad a un primer diagnóstico sobre qué ocurrió el pasado 28 de abril, cuando se produjo el peor incidente del sistema eléctrico de toda la historia: la península Ibérica se quedó sin luz durante horas. El documento no apunta a responsabilidades concretas y deja abierta la imposiciones de sanciones más adelante.

Este primer informe de la CNMC responde a exigencias normativas de Bruselas, que después de un grave incidente como el ocurrido el pasado 28 de abril, obliga al supervisor a hacer una evaluación ex post que analice el diagnóstico que ya elaboró el comité de expertos formado por el Gobierno. En paralelo, la CNMC sigue investigando lo ocurrido.

Las fuentes consultadas aseguran que el documento aprobado está muy medido, es de carácter técnico y hace pequeñas precisiones sobre lo que ya desveló el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Fuentes de la CNMC han declinado hacer comentarios. En el sector señalan que es lógico que el informe elaborado por la institución presidida por Cani Fernández no señale ya culpables porque eso podría condicionar su investigación posterior. En términos más sencillos, no quiere pillarse los dedos en este momento para evitar dar argumentos a los potenciales responsables ante los previsibles recursos que se formulen cuando se dictaminen las sanciones. Esto significa que tanto Red Eléctrica como las principales energéticas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) siguen siendo potenciales culpables, ya que la CNMC no exonera a ninguno en este punto.

La CNMC ha aprobado este informe en uno de los últimos plenos del consejo antes del parón veraniego para poder enviarlo a Bruselas de manera conjunta con el presentado por el Gobierno el pasado 17 de junio, señalan fuentes conocedoras de la situación. La normativa señala que tenían tres meses de plazo desde el apagón para remitir el documento, por lo que expiraba ahora. Concretamente, la CNMC y el Gobierno debían mandar sus informes a grupo de coordinación de electricidad, un foro de intercambio de información que busca coordinar medidas de política eléctrica con impacto transfronterizo. También a la propia Comisión Europea.

La CNMC ya advirtió después del apagón que llevaría a cabo una investigación independiente al margen de las otras que se anunciaron. Desde entonces, Competencia ha pedido datos a todas las partes implicadas. Tal y como desveló este medio, el organismo solicitó aquellos datos más comprometedores tanto a las empresas generadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) como al operador del sistema (Red Eléctrica).

El pasado 13 de mayo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció ante el Congreso de los Diputados para anunciar que la institución, en el marco de las competencias para las que está habilitada, llevaría a cabo su propia investigación con el objetivo de reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente. En este sentido, Fernández explicó que si de la investigación se deducen infracciones graves o muy graves, el ‘superregulador’ incoaría los expedientes sancionadores correspondientes. Además de las multas, la CNMC podría llegar a inhabilitar o retirar la autorización administrativa a alguno de los posibles responsables si así lo determina.

El informe, además de sus propias conclusiones, también podría emitir las recomendaciones y propuestas oportunas que considere. Competencia ya advirtió de que también investigaría cómo fue el proceso de reposición de forma individualizada y si se pudieron producir fallos sobre ese proceso.

Cruce de acusaciones

Los informes conocidos hasta ahora señalan distintos responsables. El informe del comité de análisis formado por el Gobierno repartía culpas entre Red Eléctrica, a la que achacaba falta de previsión en la programación, y las grandes eléctricas, a las que acusaba de no cumplir con los controles de tensión y de que algunas de sus plantas saltaron de forma indebida. Posteriormente, Red Eléctrica y las compañías publicaron sendos informes en el que cada uno de ellos atribuía a la otra parte la responsabilidad de un incidente que, además de innumerables pérdidas económicas, también supuso la pérdida de vidas humanas.

Otro de los informes que aún están por concretar, ya que cuenta con un plazo de seis meses, y que puede marcar esta investigación es el que está realizando el grupo de expertos de Entso-e, formado por la Red Europea de Operadores del sistema nacionales y los supervisores de los distintos países. En una de sus últimas actualizaciones, este grupo de expertos que analiza el apagón desde fuera de España identifica el origen del corte eléctrico de toda la península Ibérica, que tardó horas en reponerse, en una ola de desconexiones de las plantas de generación provocadas por aumentos de tensión en cascada.

Además, investiga si ese aumento de tensión se debió a la reducción de absorción de potencia reactiva de los generadores, la falta de absorción de las líneas de transmisión y el aumento de la inyección de potencia reactiva desde los sistemas de distribución. Dicho de otro modo, el panel de expertos europeos busca el causante del apagón tanto entre las compañías eléctricas como en la propia Red Eléctrica. En esa misma línea, que no descarta a ningún potencial responsable, iría también el actual informe de la CNMC, apuntan fuentes al tanto de la situación.

Hasta ahora, la CNMC ha mostrado silencio respecto de los potenciales culpables. Pero a finales de junio, la presidenta del organismo ya ha hizo las primeras valoraciones. El pasado 24 de junio, Cani Fernández señaló públicamente que “está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada” durante el apagón del pasado 28 de abril y recordó que las multas a los operadores podrían alcanzar los 60 millones de euros. El Gobierno se ha remitido a la CNMC y los Tribunales como los encargados en vía administrativa y judicial de señalar responsabilidades.

Ni Iberdrola ni Endesa, las más señaladas entre las empresas, ni la propia Red Eléctrica, han realizado provisiones para dotar potenciales reclamaciones por esta causa, al entender las diferentes partes que saldrán exonerados. Sin embargo, todos los potenciales implicados son conscientes del daño que podría suponer para su cuenta de resultados y su reputación ser señalados como responsables. La propia Red Eléctrica ha advertido en documentación oficial enviada a sus inversores que sus seguros podrían no cubrir las posibles reclamaciones sin finalmente se determina que es el responsable último del incidente. Esto, cree que tendría un efecto negativo sustancial sobre su posición financiera y también generaría un daño reputacional.