Las eléctricas remiten a Competencia datos clave de las centrales señaladas por el Gobierno y Redeia tras el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entra en una de las cuestiones más espinosas y decisivas a la hora de depurar responsabilidades sobre el histórico apagón sufrido el 28 de abril. Según señalan fuentes al tanto de las pesquisas, el organismo liderado por Cani Fernández hizo requerimientos de información a lberdrola, Endesa y Naturgy poco después de que el Gobierno y Red Eléctrica apuntaran a las grandes eléctricas como responsables de la desconexión que dejó sin luz a toda la península Ibérica durante horas.

Desde las compañías han declinado hacer comentarios, pero otras fuentes al tanto de su situación confirman que las energéticas ya han hecho llegar todos los datos exigidos por Competencia, que les dio de plazo hasta esta misma semana para remitir la información. Las fuentes consultadas señalan que se hizo llegar la documentación requerida y datos adicionales a los solicitados.

A preguntas sobre esta cuestión, desde la CNMC se limitan a señalar que “como regulador, seguimos trabajando en la investigación priorizando el rigor e independencia”, pero añaden que “no compartimos públicamente los requerimientos específicos ni los plazos para garantizar la confidencialidad del procedimiento y evitar interferencias en el trabajo del regulador”.

Sea como fuere, la presidenta del organismo ya ha hecho las primeras valoraciones sobre esta investigación en curso. El pasado 24 de junio, Cani Fernández señaló públicamente que “está claro que la respuesta de las instalaciones no fue la esperada” durante el apagón del pasado 28 de abril y recordó que las multas a los operadores podrían alcanzar los 60 millones de euros. El Gobierno se ha remitido a la CNMC y los Tribunales como los encargados en vía administrativa y judicial de señalar responsabilidades.

La CNMC no sólo va a investigar si las centrales de generación encargadas de controlar tensión —servicio por el que están remuneradas— lo hicieron como es debido. El organismo sancionador también prevé constatar en su informe si las primeras desconexiones de las plantas estaban justificadas o se produjeron de forma prematura, además de identificar dónde se pudo producir el fallo, si en los equipos o en las protecciones, así como si fue en las redes de distribución o de transporte. Tanto el Gobierno como Red Eléctrica también apuntaron contra las empresas en esa dirección. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que había plantas que se habían desconectado de forma “indebida”. Todas las acusaciones han sido rechazadas por las empresas, que en todo momento han defendido que cumplían con los estándares exigidos.

El pasado 17 de junio, el Gobierno presentó las conclusiones elaboradas por el comité de expertos que investigaba el apagón. Según el mismo, había dos responsables principales del histórico incidente. En primer lugar señalaron a Red Eléctrica, a la que acusaron de falta de previsión en la programación para el día 28 de abril. Pero, además, el informe del Ejecutivo señalaba a las eléctricas. Aagesen aseguró que ninguna de las diez centrales programadas para mantener el respaldo del sistema (ciclos combinados y centrales nucleares) estaban cumpliendo con su obligación de absorber tensión para mantener la estabilidad del sistema. Las sobretensiones han sido la causa señalada por todos los expertos como lo que provocó el cero nacional que causó cuantiosas pérdidas económicas e, incluso, muertes.

Al día siguiente, Red Eléctrica presentó su propio diagnóstico del incidente y eludió cualquier responsabilidad. El consejero delegado de la compañía, Roberto García Merino, aseguró que la actuación de la compañía había sido la adecuada en todo momento, por lo que evitó asumir cualquier indemnización o ceses. De nuevo, el informe era muy crítico con la operativa de las grandes eléctricas.

Tras el incidente, todos los focos se pusieron sobre Red Eléctrica, una vez las primeras investigaciones descartaron que el apagón fuera provocado por un ciberataque. Pero semanas después del incidente, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, empezó a señalar a las eléctricas. Afirmó en varios foros públicos que las empresas no estaban absorbiendo tensión como debían y para escenificar esta compleja cuestión técnica lo simplificó diciendo que “no se habían tomado la pastilla de la tensión”. A día de hoy mantiene que de haber operado como debían no habría habido incidente el pasado 28 de abril.

“Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón”, aseguró en la junta de accionistas celebrada este mismo lunes. Corredor fue ratificada por el 98% de los accionistas ante la petición de cese de un inversor minoritario. Entre los que han apoyado la gestión de la presidenta y la compañía está la SEPI. El brazo inversor del Gobierno respalda a la empresa pese a que el informe que encargó el propio Ejecutivo les hace responsables, en parte, del insólito corte de luz nacional.

Tras publicarse los dos informes, la CNMC pidió específicamente estos datos a las compañías, que ya han entregado la documentación requerida. Fuentes del sector señalan que tampoco la CNMC está libre de culpa en el apagón. Algunos creen que si hubiera actualizado el procedimiento de operación 7.4 puede que el apagón no se hubiera producido. Este protocolo se puso al día en junio, después del incidente. Ahora se cuestiona si el organismo encargado de sancionar tiene conflicto de interés, al ser también regulador del sistema.

Por su parte, las compañías lanzaron un informe la pasada semana en el que descartaban cualquier problema operativo por su parte. Y añadían que no sólo actuaron como debían, sino que en determinados momentos contribuyeron a la estabilidad del sistema por encima de lo que debían. El informe encargado a dos expertos independientes por parte de Aelec (asociación que agrupa a Endesa, Iberdrola y EDP) culpaba del apagón a Red Eléctrica, pero no entraba en las cuestiones sobre las que dudaba el Ejecutivo y el propio operador del sistema.