El Gobierno, sobre el futuro de las nucleares: “A las empresas les siguen sin salir los números”

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, no quiere más roces con el socio de coalición del Gobierno a cuenta de la prórroga de las centrales nucleares. Pese al intercambio de cartas entre energéticas y Ministerio de Transición Ecológica, y tras el duro aviso lanzado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre cumplir los acuerdos, desde el Ejecutivo se insiste en que no hay una negociación como tal porque las compañías eléctricas siguen sin presentar una propuesta formal para prorrogar el calendario de cierre de las centrales nucleares.

No lo hacen, ha puntualizado, porque “en 2019 no les salían los números y ahora les siguen sin salir los números, siguen sin ser competitivas”. Así que considera que las empresas “escenifican ante la prensa” para no aparecer como responsables del fin nuclear cuando el debate real pasa por “una reducción de impuestos y que parte de que los costes del desmantelamiento los paguemos entre todos”. Una solución que el Gobierno rechaza de plano.

De esta manera se expresó el número dos de la vicepresidenta de política energética en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Servimedia, donde aseguró que el Gobierno no tiene ninguna duda con el cierre nuclear porque cuenta con “un plan muy ambicioso a nivel energético que apuesta por las energías renovables como opción más competitiva en costes y que permite garantizar la seguridad de suministro”.

Además, recordó que el plan contempla el cierre ordenado entre 2027 y 2035. “Nadie ha planteado eliminar de un plumazo esos 7 gigas”, precisó, antes de defender que se trata de “un plan gradual, escalonado y técnicamente viable”. “La novedad es que no hay novedad”, afirmó el secretario de Estado, por lo que explicó que el Gobierno considera que “sigue vigente” el “calendario actual que acordaron las propias empresas energéticas entre si”.

El problema es que no salen las cuentas. “Esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía”, zanjó Groizard, quien negó que se haya producido un incremento de la fiscalidad desde 2019. “Los impuestos del Gobierno central son los mismos que en 2019 y solo ha variado el coste de la gestión del tratamiento de los residuos radioactivos que corresponde a las centrales”.

Las líneas rojas del Gobierno en este debate son tres: Cumplir todos los criterios de seguridad nuclear, que no afecte a la seguridad de suministro eléctrico y que la eventual ampliación del calendario no suponga trasladar a los consumidores ningún coste. En los contactos que ha habido no se ha cumplido la última parte.

Preguntado por el contraste con países como Francia que ha redoblado su interés por este tipo de energía, respondió que “cada país tiene que apostar a lo que es fuerte y Francia tiene una gran industria nuclear”. “Apuesta por ello aunque les salga más caro”, apostilló. Asimismo, puso el foco en el hecho de que gran parte del uranio procede de Rusia y señaló que “eso parece que no está en el debate público”. En contraposición, valoró que “lo que da independencia son las renovables”.

Las dos grandes eléctricas con mayoría en la propiedad de las nucleares, Iberdrola y Endesa (Naturgy y EDP tienen porcentajes menores), no dan por perdido el debate y por eso han mantenido el contacto con el Gobierno para evitar que se llegue sin ningún cambio al próximo mes de marzo, que es la fecha límite para pedir la renovación del permiso de explotación de Almaraz, que debería cerrar un año después de no acordarse la prórroga.

La orden ministerial en la que se sustanció el acuerdo de marzo de 2019 entre las compañías propietarias del parque nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) fijó un calendario ordenado de cierre de las siete plantas, que comienza con Almaraz en 2027 y concluye con la de Trillo, en 2035, y a medio camino, las de Ascó I y II, Vandellós y Cofrentes.