Jueces y fiscales en huelga

Los tres días de paro convocados por las asociaciones de jueces y fiscales —salvo las dos progresistas— plantean dos interrogantes. El primero es si tienen los magistrados derecho a huelga. El segundo, si en este caso concreto se dan los presupuestos para plantear una medida tan drástica. Sobre la primera pregunta se pronunció la semana pasada, y por unanimidad, el Consejo General del Poder Judicial: el paro no tiene soporte legal y, por tanto, los jueces no pueden convocarlo. La ley de la función pública —que regula el derecho a la huelga de los funcionarios— remite en el caso de los jueces a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no lo regula. Hay, por tanto, un vacío sobre el que debería legislarse en alguna dirección: para permitir o para prohibir. Porque, mientras tanto, esta es ya la sexta huelga de jueces en democracia. Cuarenta años después de la aprobación de la LOPJ, el contrasentido pervive.

El segundo interrogante se refiere a la oportunidad de esta convocatoria, que tiene como base la crítica a una serie de reformas impulsadas por el Gobierno. Las más relevantes son la reforma del acceso a la carrera y la estabilización de los más de mil jueces sustitutos que hay en España. La reforma es una medida necesaria, por más que choque con el corporativismo inmovilista de parte de los jueces. Actualmente, la principal forma de acceso a la judicatura es un examen que consta de un test y dos ejercicios puramente memorísticos en los que los opositores recitan un temario previamente repetido hasta la saciedad. La reforma introduce en el examen un caso práctico. Parece lógico que, si los notarios o los diplomáticos pasan por pruebas escritas, también lo hagan los jueces. Su trabajo no es repetir la ley, sino entenderla e interpretarla. Y parece sensato asegurarse de que aquellos que pueden mandar a alguien a la cárcel demuestren que son capaces no solo de memorizar sino de argumentar. De igual modo, crear un centro público —que no es obligatorio, sino una opción más— para la preparación de las oposiciones, establecer un registro de preparadores y blindar un sistema de becas son medidas positivas para que ser juez no esté solo al alcance de unos pocos.

La regularización de los sustitutos es un tema más complejo, pero al que se debe dar salida: hay más de un millar de jueces y fiscales ejerciendo como tales sin serlo de forma estable, y abordar esa anomalía es una exigencia de la Comisión Europea. Los jueces sustitutos dictan cada día autos y sentencias tan legítimos como los del resto de la judicatura. No tiene sentido mantener la ficción de que no existen. Otra cosa es que la solución propuesta hasta ahora por el Gobierno sea la mejor. De hecho, el PSOE acaba de plantear una enmienda para reforzar las garantías de que los regularizados reúnen los requisitos de mérito y capacidad. Sería deseable que el Ejecutivo negociara los detalles de cómo se va a llevar a cabo la estabilización, incluso endureciendo, si es necesario, las condiciones de acceso. Pero se trata de un problema que nada tiene que ver con la independencia judicial: es una incongruencia considerar que los jueces sustitutos no suponen un riesgo para la separación de poderes cuando están en situación de precariedad pero sí lo serían con una situación laboral estable.

La judicatura necesita una actualización que debe encararse entre todos. El Gobierno puede mejorar su capacidad negociadora: no se entiende que una reforma tan importante se tramite por la vía de urgencia. Las asociaciones, por su parte, han de ser capaces de plantear sus demandas sin recurrir a huelgas no previstas en la ley y que exhiben en sus planteamientos argumentos políticos que nada tienen que ver con las condiciones profesionales de los jueces y que contribuyen a exacerbar un ambiente nada propicio para el tan necesario sosiego de la administración de justicia.