Los jueces cifran en un 75% el seguimiento de su huelga, pero el Gobierno habla de “normalidad casi absoluta”

Los portavoces de las cinco asociaciones judiciales que han convocado la huelga contra las reformas judiciales del Gobierno han cifrado el seguimiento de los paros en aproximadamente un 75%. Este número, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, responde a una estimación de los correos electrónicos recibidos en los dos buzones habilitados para que los jueces y fiscales comunicasen si iban a ejercer su derecho a la huelga y a los datos ofrecidos por algunos jueces decanos. El porcentaje no incluye a los profesionales que se encuentran de baja, permiso o vacaciones. El portavoz no ha aportado cifras absolutas de seguimiento ni el número de juicios afectados por la huelga. Sin embargo, fuentes del Gobierno han afirmado que los juzgados y las fiscalías han funcionado con “normalidad casi absoluta” durante la primera jornada de los tres días de paro.

Las mismas fuentes han explicado que habían solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) con los datos de seguimiento de la huelga “con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes lo secunden”. El Gobierno ha pedido estos datos para los tres días de huelga y antes de las dos de la tarde, pero “ni el CGPJ, ni la FGE, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro”. Es “necesario” que conozcan las cifras, ya que el ministerio “es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados”.

Fuentes judiciales de Madrid han señalado a EL PAÍS “una aparente normalidad” dentro de sus juzgados durante la primera jornada de parón. En los de Plaza de Castilla, por ejemplo, no se han registrado incidentes y muchas vistas previstas se han realizado sin retrasos. En la Audiencia Nacional, los dos grandes juicios previstos para este martes (sobre una línea de investigación del caso Púnica y la vista contra el hijastro de la alcaldesa de Marbella por narcotráfico) se han desarrollado también con normalidad.

Por los pasillos de las ocho plantas del gran edificio judicial de plaza de Castilla se cruzaban las frases entre los funcionarios sobre la ola de calor y la incógnita de lo que irán pasando los próximos días. El abogado zamorano Felipe Gómez tenía una vista importante en uno de estos juzgados. Como se olía que podía suspenderse, llamó por teléfono. “Suerte que era a las 12. Llamé a las nueve y me lo dijeron: el juez que me tocaba entró en la huelga. Al final no hemos ido. Espero ir dentro de dos semanas”, explica. Otros citados no han tenido la fortuna de Gómez y se han enterado de la cancelación en el mismo juzgado.

Oliva, de AJFV, se ha disculpado durante la rueda de prensa por los “perjuicios” que puedan tener los ciudadanos por la huelga y ha manifestado que “nunca” quisieron llegar hasta tal punto. También ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya contactado con ellos para intentar “desconvocar la huelga” de los próximos días. “Que el empleador no intente evitar la huelga me parece inconcebible”, ha mantenido Oliva. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, y decana de los juzgados de Plaza de Castilla, ha calificado de “lamentable” el hecho de tener que llegar a una huelga y ha explicado que, dependiendo de la reacción del Gobierno y del seguimiento del parón, se reunirán este viernes para acordar los siguientes pasos. No obstante, ha descartado que la huelga pase a ser indefinida.

Tanto la Fiscalía General del Estado como otros gabinetes de comunicación de los juzgados no disponen de datos sobre las causas suspendidas y los efectos del parón. No hay un seguimiento oficial, según indican, porque el jueves pasado, el pleno del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que esta huelga no tiene sustento legal y no reconoció la convocatoria. No obstante, el CGPJ ha publicado este martes una nota en el que afirma que “tiene constancia de que el Ministerio de Justicia ha dirigido una comunicación a los secretarios de gobierno de los órganos judiciales ―que dependen de este departamento ministerial― para que soliciten a todos los letrados de la Administración de Justicia una relación de las actuaciones y señalamientos con celebración prevista en estos días y que se suspendan por inasistencia de los jueces y magistrados”.

Fuentes del Ministerio de Justicia afirman “respetar las acciones convocadas por las diferentes asociaciones judiciales y fiscales”, pero reiteran “la necesidad de una reforma” que modernice las carreras judicial y fiscal. Dentro de estas modificaciones, incluyen las becas, algo por lo que Del Barco ha declarado estar a favor, aunque ha cuestionado que se necesite una reforma de la ley orgánica para que se incorporen, ya que “llevan activas uno o dos años”, sin esta reforma. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, se ha solidarizado con los jueces y fiscales que inician una huelga “para defender la independencia judicial y el Estado de derecho”.

Barcelona es otro ejemplo de esa “aparente normalidad” en la jornada de paros: el complejo judicial de Ciutat de la Justícia está viviendo el trajín habitual de otros días de abogados, escritos y expedientes. Varios juzgados han seguido despachando con normalidad, debido, en parte, al atraso que llevan algunas causas. “Nosotros lo hablamos con la magistrada y decidimos no suspender porque llevamos mucho atraso; es una decisión que corresponde a cada magistrado, pero nosotros ahora mismo estamos celebrando juicios”, ha señalado una funcionaria judicial de uno de los juzgados penales, que, según el comité de huelga, mantendrán las actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial y las que tengan medidas cautelares personales.

Entre los usuarios, a la preocupación por el despacho de las causas se suma la incertidumbre por saber si se celebrarán o no sus juicios. “Los que salen perjudicados son los justiciables, que tienen que saber si pueden celebrar el proceso con el retraso que ya llevan, los procuradores nos podemos sustituir, pero no es el caso de todos”, ha explicado la procuradora Paloma Cebrián, quien ha notado que la afluencia de gente en el primer día de huelga no ha disminuido demasiado respecto a un día normal.

Por otra parte, el magistrado Jorge Ibarburen, portavoz de APM en Cataluña, ha señalado que la huelga tiene por objetivo “defender los derechos de los ciudadanos” y salvaguardar el “Estado de derecho”. El magistrado ha señalado que no ha tenido que suspender actos judiciales en este primer día de huelga porque no tenía anegada ninguna actuación, pero que no es el caso del resto de sus compañeros que se encuentran en huelga.

En los juzgados de Sevilla la presencia de fiscales y jueces este martes había bajado respecto a las últimas semanas, pero el primer día de huelga ha coincidido con la entrada en el mes de julio. En la Fiscalía de Drogas solo ha acudido una fiscal, designada por servicios mínimos. “La mayor intromisión de la reforma es en nuestra independencia, además de equiparar fiscales sustitutos a titulares. La instrucción de los fiscales me parece bien, pero ahora mismo tenemos demasiada dependencia jerárquica”, lamentaba una fiscal que pedía no identificarse.

La Audiencia de Sevilla anunció a través de su pantalla el retraso de cinco juicios de sus secciones primera y cuarta, y un sexto se mantenía programado para las 12.30 horas. En la puerta, dos juezas comentaban bajo anonimato: “La reforma acaba con la independencia del poder judicial y el acceso igualitario a la carrera porque habría jueces que accedan por la puerta de atrás, sin principios de mérito y capacidad, según la Constitución. No son reivindicaciones profesionales ni salariales, sino de garantía del sistema judicial”. A pocos metros, un termómetro al sol marcaba 43 grados a las 12.36 del mediodía en la capital andaluza.

Los jueces y fiscales harán huelga desde este martes hasta el jueves en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Las cinco asociaciones convocantes, todas menos la progresista, han especificado en un comunicado qué actuaciones están dentro de los servicios mínimos, como los levantamientos de cadáveres, juicios que afecten a personas vulnerables (menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género) y “medidas cautelarísimas” en el orden social, mercantil o contencioso-administrativo.

Con información de Álvaro Ruiz, Julio Núñez, J. J. Gálvez, Pedro Pinos y Javier Martín-Arroyo.