Jueces y fiscales van a la huelga durante tres días en contra de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia
Los servicios mínimos incluyen los juicios que afecten a personas vulnerables, “medidas cautelarísimas” y levantamiento de cadáveres


Los jueces y fiscales irán a la huelga desde este martes hasta el jueves en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Las cinco asociaciones convocantes, todas menos la progresista, han especificado en un comunicado qué actuaciones están dentro de los servicios mínimos, como los levantamientos de cadáveres, juicios que afecten a personas vulnerables (menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género) y “medidas cautelarísimas” en el orden social, mercantil o contencioso-administrativo.
Según el comunicado emitido por los convocantes, los miembros de la carrera judicial y fiscal que vayan a ir a la huelga “no tienen deber” de informar a las instancias superiores —Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, además de aclarar otras cuestiones como que los jueces y fiscales que se encuentren de vacaciones o de baja no se computarán como ejercientes de la huelga. El jueves pasado, el pleno del CGPJ acordó por unanimidad que esta huelga no tiene sustento legal y no reconoció la convocatoria.
Fuentes del ministerio de Justicia señalan que el Gobierno “respeta las acciones convocadas (...) y a quienes se sumen a ellas”, pero también a quienes “decidan no hacerlo”. Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo ha solicitado al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que lo informen, cada día antes de las dos de la tarde, de los jueces y fiscales que no hayan acudido a su lugar de trabajo.
La tensión entre las carreras judicial y fiscal y el Gobierno ha venido aumentando significativamente desde el paro de 10 minutos el pasado 11 de junio. Ese día, jueces en toda España salieron a la puerta de sus juzgados y leyeron un manifiesto común en el que se pedía la retirada del proyecto que modifica el acceso a la judicatura, la estabilización extraordinaria de jueces sustitutos y la reforma fiscal. Con respecto al primero, el manifiesto denunciaba que “va a rebajar la excelencia de conocimientos” en las oposiciones. En el texto, los jueces y fiscales indicaban que no descartaban “la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga”.
El pasado jueves, el CGPJ acordó por unanimidad que la huelga “carece de carácter normativo”, como explicaron fuentes del órgano a este periódico. La decisión vino poco después de que el Ministerio de Justicia preguntara a la cúpula del Poder Judicial por escrito si mantenían las condiciones para la huelga acordadas en 2009, cuando se acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados. El departamento encabezado por Bolaños también propuso en el documento sancionar tanto económica como disciplinariamente a los jueces y fiscales que ejerzan la huelga: “[El Consejo] deberá adoptar las medidas que correspondan con el fin de detraer igualmente los haberes correspondientes a esas personas, ante la eventual responsabilidad en que podría incurrir el CGPJ o este Centro Directivo por el pago del salario con dinero público a quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”.
El fiscal general también mandó una carta el pasado viernes en el que advertía a los fiscales jefe que carecían de medios para garantizar unos servicios mínimos durante los tres días de huelga. En ese documento, recordó que hay que garantizar todas las actuaciones “en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó”.
Este sábado, unas 3.000 personas, según Delegación de Gobierno, se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. Acudieron los portavoces de las cinco asociaciones judiciales y fiscales convocantes: María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Además, leyeron un comunicado conjunto en el que insistían en que las reformas judicial y fiscal “no responden a demanda social alguna” y denunciaban que se hubieran tramitado con carácter de urgencia.
El ministro Bolaños ha insistido en que los temores de las asociaciones con respecto a las reformas “son infundados”, como señaló en una comparecencia en el Senado. El sábado, tras la concentración de los jueces y fiscales, comparó esta reforma con la ley de matrimonio igualitario, ya que “con el tiempo, las críticas se mostrarán injustificadas”. El pasado 22 de mayo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, cargó contra la estabilización de la judicatura interina y manifestó que el Gobierno “va a colar a 900 jueces sin oposición” para que la justicia en España “dependa de estómagos agradecidos”. Bolaños defendió que los jueces sustitutos “hacen muy bien su trabajo, con independencia y rigor”.
Seis huelgas en democracia
Con esta, ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009, el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. La siguiente, en 2013, apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La última, en 2023, se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.
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