Cientos de manifestantes en la protesta de jueces y fiscales contra la reforma judicial del Gobierno
Bolaños asegura que “ni una sola línea de la reforma” judicial afecta a su independencia

El sol caía a plomo sobre una multitud no tan asidua a manifestarse. A las 12.30 horas, en una plaza sembrada de árboles escuálidos, cientos de personas se amontonaban alrededor de las pocas sombras que daban un puñado de hojas. El resto, unas 3.000 personas (según la Delegación del Gobierno), se congregaban para protestar junto a decenas de jueces y fiscales contra dos medidas que el Gobierno puso en marcha para reformar el poder judicial. En un momento clave, con el Ejecutivo de Sánchez cercado por la corrupción de sus hombres de confianza y la presión internacional sobre el gasto en defensa. Y en un lugar, a las puertas del Tribunal Supremo, que se ha convertido estas semanas en el epicentro de los peores males del Gobierno, donde deberán dirimirse muchas de las acusaciones que pesan sobre miembros del PSOE. La concentración supone solo el principio de una batería de movilizaciones que culminarán con una huelga de tres días consecutivos en la justicia esta semana.
A los gritos de “independencia judicial” de las asociaciones convocantes de jueces y fiscales del bloque conservador, le siguieron otros menos diplomáticos: “Pedro Sánchez, a prisión”, insultos también contra el presidente y contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la aparición estelar del jefe de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Pese a los intentos infructuosos de las asociaciones de evitar desde el micrófono “ir contra ningún poder del Estado”, la multitud que se cocinaba en la plaza al abrigo de banderas de España, había decidido un sábado más tomar las calles de Madrid.
La manifestación, promovida por las cinco asociaciones de la judicatura (excepto las dos únicas progresistas), tenía un objetivo: protestar por dos reformas legales que afectan a sus carreras. La que prevé cambios en la forma de acceso y la que modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Con este acto queda constatado un pulso al Gobierno que arreciará esta semana, con una huelga los días 1,2 y 3 de julio. Una decisión de la mayoría de asociaciones que se hizo firme el viernes, pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había acordado por unanimidad dar por no convocado el paro porque no tener sustento legal y no se han fijado servicios mínimos.
Los convocantes tenían una meta; pero muchos de los manifestantes, otra más urgente. “Quien insulta se define a sí mismo”, criticó desde el micrófono Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que trataba de continuar con la lectura del manifiesto. “Los insultos que se escuchen no son de jueces y fiscales”, insistía Oliva mientras, en las orillas de la concentración, un grupo se desgañitaba: “Pedro Sánchez, hijo de puta, saca las manos de la judicatura”. “Porque el Estado de derecho no es de izquierdas ni es de derechas: es de todos”, seguía Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y la multitud aplaudía y coreaba vivas a España.
Durante la concentración se dio lectura a un comunicado que fue leído por los portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes: María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los convocantes recordaron que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho basado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de “toda injerencia política”, que es “clave para hablar de una democracia real”. Los convocantes insistieron en que los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal “no responden a demanda social alguna” y se tramitan por el procedimiento de urgencia “sin ninguna razón para ello”. “Estos proyectos rebajarán la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Criticaron también el intento de crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, “con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país”.
Minutos después de la concentración, el ministro de Justicia, Félix Bolaños ha insistido en que “ni una sola línea” de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales. En una comparecencia ante los medios, Bolaños ha tildado de “infundadas” las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo. Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que “con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas”.
El lugar donde ha arrancado la batería de movilizaciones que se esperan para la próxima semana, epicentro estos días de casos de corrupción que acorralan al Gobierno, tiene además un significado simbólico: “Este es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras aprueban sus exámenes; un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico y cargado de significado institucional y cívico”, señala un texto suscrito por las cinco asociaciones convocantes: Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. No se han sumado las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, apoyan, en líneas generales, las reforma legales que impulsa el Ejecutivo.
Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, enfrentadas abiertamente al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ya habían amenazado con ir al paro tras la protesta que escenificaron el 11 de junio en las sedes judiciales de toda España. Finalmente, tras consultar entre sus asociados y sin margen para negociar con el Gobierno en pleno terremoto político por las revelaciones del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, un sector de jueces y fiscales enviaron una carta a todos los miembros de ambas carreras para anunciarles una serie de movilizaciones.
A las puertas del Supremo había hombres vestidos con toga, había jueces decanos, había abogados, jóvenes opositores, había estudiantes de Derecho. Había jueces retirados y sus hijos. Y también, había hombres rapados, una bandera de la Cruz de Borgoña, de la Guardia Civil y de sindicatos policiales. Había un hombre que repartía camisetas verdes, de un verde militar —para distinguirse de las que son a favor de la Educación Pública— que rezaban: “Todos somos la UCO”, en referencia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha liderado las investigaciones contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Y conforme la plaza hervía y los convocantes se retiraban, un grupo minoritario de mujeres y hombres, bandera de España al cuello, que minutos antes exigían independencia para los jueces, descargaban un odio desmedido contra dos reporteros de Televisión Española. “Vendidos”, “traidores”, “rojos de mierda”. Los periodistas tuvieron que ser escoltados por hasta 10 agentes de la Policía Nacional hasta que tomaran un taxi. Antes de cerrar la puerta del coche, un hombre propinaba una amenaza al camarógrafo: “Acuérdate de mi cara”.
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