Jueces y fiscales amenazan con tres días de huelga si no se retiran las reformas legales que les afectan

Cinco asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las dos progresistas) han redoblado este martes su pulso al Gobierno: irán tres días a la huelga (1, 2 y 3 de julio) si el Ejecutivo no retira las dos reformas legales que tiene en marcha y que afectan a ambas carreras: la que prevé cambios en la forma de acceso y la que modifica el estatuto que regula la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, enfrentadas abiertamente al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ya habían amenazado con ir a la huelga tras la protesta que escenificaron la semana pasada ante las sedes judiciales de toda España. Finalmente, tras consultar entre sus asociados y sin margen para negociar con el Gobierno en pleno terremoto político por las revelaciones del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, un sector de jueces y fiscales han enviado una carta a todos los miembros de ambas carreras para anunciarles una batería de movilizaciones.

La primera será una concentración el próximo sábado 28 de junio a las 12.30 frente al Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París. “El emplazamiento elegido es profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, aseguran en el escrito.

“Este es el lugar donde los opositores que aspiran a formar parte de nuestras carreras aprueban sus exámenes; un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad. Es, por tanto, un escenario idóneo, icónico y cargado de significado institucional y cívico”, añade la carta, suscrita por las cinco asociaciones convocantes: Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. No se han sumado las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, apoyan, en líneas generales, las reforma legales que impulsa el Ejecutivo.

La intención de las asociaciones es convertir esa protesta ante el Supremo en una movilización general contra los cambios legales, para lo que invitan a sumarse a todos los operadores jurídicos y “a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general”. “Se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, aseguran.

Pero el plato fuerte llegará la semana siguiente, para cuando han una huelga de tres días, salvo que el Gobierno retire los dos proyectos legislativos. En su escrito, las asociaciones aseguran que adoptan esta decisión “dejando un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada”. De no producirse dicha rectificación, avisan, la huelga se llevará a cabo “como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, así como de las condiciones laborales de jueces y fiscales”.

Tras el anuncio de huelga de las asociaciones, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha publicado un mensaje en X en el que reivindica las reformas: “La ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial. Hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia. Mañana, será un consenso. Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos”, señala el ministro.

Fuentes del Gobierno aseguran que “el gran dilema” actual de la justicia es: “reformas o inmovilismo” y que la mayoría parlamentaria “y la mayoría de la sociedad” apoya estos cambios. Estas fuentes señalan que ambas reformas seguirán tramitándose en las Cortes. “No obstante, respetamos la convocatoria que se ha producido hoy”, añaden.

Uno de los puntos que más resistencia está encontrando es la decisión de introducir en la oposición de acceso a ambas carreras una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, un formato que ya se aplica en el resto de oposiciones del ámbito jurídico y que el Gobierno defiende por la conveniencia de valorar, además de la capacidad memorística, la habilidad para expresar razonamientos jurídicos. Para las asociaciones más representativas, sin embargo, supone “un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”.

Con todo, las dos medidas que más rechazo han concitado son las dos vías previstas por el Gobierno para incrementar el número de jueces: agilizar el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y extender esta figura a la carrera fiscal; y un proceso extraordinario de estabilización para con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.