Jueces y fiscales escenifican con un paro de 10 minutos su rechazo a las reformas legales que impulsa el Gobierno

El pulso que un amplio sector de las carreras judicial y fiscal mantiene con el Gobierno vive este miércoles un nuevo capítulo. Cinco asociaciones de jueces y de fiscales (todas salvo las dos progresistas) han convocado un paro de diez minutos contra las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. A la convocatoria de las asociaciones se ha adherido una plataforma integrada por más un millar de jueces y fiscales, en su mayoría de las últimas promociones, unidos a través de dos grupos de WhatsApp y que, al margen del paro de este miércoles, valora la convocatoria de una huelga. El Gobierno defiende sus reformas que, asegura, son necesarias para adaptar al siglo XXI una justicia que en muchos aspectos se ha quedado anclada en el XIX.

“Las asociaciones judiciales más numerosas han criticado todas las reformas importantes de la justicia. Si las reformas dependieran de ellas, no haríamos reformas”. Así se pronunciaban hace unos días fuentes del Gobierno sobre la protesta en tromba de amplios sectores de las carreras judicial y fiscal respecto a los cambios legales que promueve el Ejecutivo. El que más polvareda ha levantado, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, se somete este jueves a su primer examen en el Congreso, donde los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán, previsiblemente, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.

El Supremo se sumó ayer a las críticas a esta reforma con un comunicado suscrito por unanimidad por la Sala de Gobierno: “El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo”, señala el texto. Las becas, que en la reforma quedan blindadas por ley, son el único punto del anteproyecto de ley que apoyan todas las asociaciones. Sobre el resto, las críticas de las asociaciones más numerosas, que piden la retirada de la reforma legal, se extienden a todas las medidas claves del anteproyecto.

El Gobierno cree que las asociaciones están difundiendo “bulos” sobre la ley y ha pedido “rigor” a las asociaciones. “Muchos de los temores que están planteando son infundados”, señaló recientemente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras una comparecencia en el Senado. El ministro manifestó tener “la mano tendida” para seguir hablando con las asociaciones y “mejorar la ley en lo que sea necesario”.

Uno de los puntos que más resistencia está encontrando es la decisión de introducir en la oposición de acceso a ambas carreras una prueba escrita y el anonimato de los aspirantes, un formato que ya se aplica en el resto de oposiciones del ámbito jurídico y que el Gobierno defiende por la conveniencia de valorar, además de la capacidad memorística, la habilidad para expresar razonamientos jurídicos. Para las asociaciones más representativas, sin embargo, supone “un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales”.

Con todo, las dos medidas que más rechazo han concitado son las dos vías previstas por el Gobierno para incrementar el número de jueces: agilizar el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y extender esta figura a la carrera fiscal; y un proceso extraordinario de estabilización para con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

Sobre la primera de estas medidas, el Gobierno alega que la ley vigente contempla que el 25% de los jueces (uno de cada cuatro) debe provenir del turno reservado a juristas con un mínimo de 15 años de ejercicio, pero, actualmente, de los más de 5.400 jueces que hay en España, solo el 7,2% ha accedido a la carrera por este camino. La decisión de reconocer a los que ingresen por esta vía cinco años de antigüedad a la hora de presentarse a nombramientos ha levantado ampollas entre los jueces más jóvenes, pese a que el Gobierno asegura que esta medida no afectará al escalafón de la carrera, determinante para decidir la mayoría de cambios de destino y ascensos.

Respecto al proceso de estabilización extraordinario para jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, Justicia insiste en que acabar con la interinidad en la judicatura y la fiscalía —una situación en la que se encuentran 954 jueces y 331 fiscales— responde a dos apercibimientos de la Comisión Europea, en julio y en octubre de 2024. Según el anteproyecto de ley, la estabilización consistirá en un concurso-oposición al que se podrá presentar cualquier jurista con más de cinco años de experiencia. Las asociaciones judiciales contrarias a la ley, para las que esta medida “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”, aseguran que impugnarán el proceso.

La regularización extraordinaria también responde al atasco que sufren los juzgados por falta de personal. Los jueces y fiscales sustitutos y los magistrados suplentes constituyen el 20% de la carrera judicial en España. Un comunicado remitido en diciembre por Justicia advertía de que su actuación en régimen de sustitución en el ámbito judicial “es continuada”, y no excepcional para reforzar los juzgados en momentos puntuales, que era su función inicial. En ese documento, el ministerio también aportó datos sobre su impacto: los sustitutos dictan el 21,9% de las sentencias civiles y el 22,4% de las sentencias penales de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y en los juzgados de lo social han dictado un 14,9% de las sentencias.

Para las asociaciones judiciales contrarias a la ley, este proceso extraordinario a la carrera judicial y fiscal “no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española”. Estos colectivos reclaman a Justicia que, en vez de ampliar la plantilla mediante jueces y fiscales sustitutos, se ponga en marcha una “amplísima convocatoria” de los turnos libre y cuarto turno, “que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones y mejorar la calidad y rapidez del servicio” judicial.