El responsable de sancionar a los jueces propone archivar la queja de Bolaños contra Peinado

El promotor de la acción disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ―el encargado de investigar las quejas presentadas contra jueces y magistrados― ha propuesto archivar la queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por hasta cinco delitos. La Comisión Permanente, que analizará el caso este martes, puede revertir la situación pero la última palabra la tendrá la Comisión Disciplinaria, de mayoría conservadora.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por EL PAÍS indican que Ricardo Conde plantea archivar hasta siete diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas recibidas contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Destaca la presentada por Bolaños por el interrogatorio como testigo al que le sometió el 16 de abril de 2025 en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Gómez en Moncloa. El ministro se desvinculó de ese contrato y el juez le reprochó que contestara con “evasivas” a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver “obligado” a acordar un careo para contrastar sus respuestas. “Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso”, contestó Bolaños. En un momento dado, el magistrado llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le interpeló. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa”, explicó Bolaños, lo que llevó a que el togado le dijese que quizás sería porque “no está habituado a un interrogatorio”. “Desde luego que no, claro”, zanjó el ministro. Peinado intentó imputarle por falso testimonio y malversación pero el Tribunal Supremo lo descartó ante la “ausencia absoluta” de indicios. El promotor aconseja dar carpetazo a este asunto porque considera que tanto la citación como el cuestionario realizado a Bolaños se enmarcan en la competencia del instructor.

Conde hace la misma propuesta de archivo respecto a la queja presentada por Más Madrid contra Peinado por dejación de deberes por no prorrogar dentro del plazo legalmente establecido las pesquisas contra un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato a OkDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Ese error provocó que la causa tuviera que archivarse. En este asunto, el promotor argumenta que el retraso no solo es achacable al juez.

Recientemente, el CGPJ también abrió una investigación a Peinado por una queja formulada por la asesora de Begoña Gómez. Cristina Álvarez denunció que una resolución, en la que el instructor pedía ayuda a la Policía después de que ambas se negaran a entregar sus pasaportes, estaba publicada en la prensa horas antes de que fuera notificada a las partes. Esgrimió, por tanto, que la filtración solamente pudo proceder del juez. El CGPJ tiene entre manos otros asuntos relativos a Peinado, si bien fuentes del Poder Judicial advierten de que muchas denuncias son excesivamente “vagas” ―un mero “brindis al Sol”―, por lo que no se espera que tengan recorrido disciplinario.

El precedente de Velasco y Ruiz de Lara

La Comisión Permanente, el órgano ejecutivo del CGPJ, estudiará las propuestas de Conde en su reunión de este martes, pudiendo avalar el archivo o, por el contrario, ordenarle que recomiende una sanción. Esto último ocurrió con los casos de Eloy Velasco, que atacó a la exministra de Igualdad Irene Montero por la denominada Ley del solo sí es sí, y Manuel Ruiz de Lara, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “golpismo” y llamó a su mujer “Barbigoña”. La Comisión Permanente rechazó el archivo recomendado por Conde para ambos casos, primero encomendándole que siguiera investigando y, después, que abriera expediente disciplinario. Lo hizo con el voto de calidad de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que en esa ocasión se alineó con el bloque progresista rompiendo el empate a cuatro que había con el sector conservador.

Pese a ello, cuando los expedientes sobre Velasco y Ruiz de Lara llegaron a la Comisión Disciplinaria, la mayoría conservadora de este grupo de trabajo ―de cuatro a tres― se impuso y descartó sancionar a estos dos magistrados. El promotor siguió el mandato de la Comisión Permanente y abogó por imponerles una sanción de entre 501 y 6.000 euros por “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del ministerio fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial“. Sin embargo, los cuatro vocales conservadores rechazaron castigar a estos dos magistrados. Y los tres vocales progresistas protestaron mediante un voto particular donde plasmaron que se les debía haber sancionado con 3.000 euros.

Desde el Poder Judicial indican que, de cara a la Comisión Permanente de este martes, los tres vocales de sensibilidad progresista apuestan por avanzar hacia la sanción en las quejas registradas por Bolaños y Más Madrid, mientras que los cuatro conservadores ven con buenos ojos el archivo que preconiza Conde. Esta situación obligará nuevamente a Perelló a posicionarse, si quiere evitar el escenario del archivo. Las fuentes apuntan que la presidenta también quería abrir expediente disciplinario por estas quejas pero que intentará buscar una solución de consenso o, al menos, salomónica.