El Poder Judicial abre expediente al juez que acusó a Pedro Sánchez de “golpismo”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes abrir un expediente al juez Manuel Ruiz de Lara, quien en diciembre pasado publicó mensajes en los que acusaba a Pedro Sánchez de practicar “golpismo” por “atacar a los jueces” y se refirió a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como “Barbigoña”. La comisión permanente ha rechazado la propuesta de la autoridad disciplinaria, quien había acordado el archivo de la investigación abierta al juez, y le ha instado a investigar si el magistrado ha incurrido en una falta de desconsideración, prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La medida, según fuentes del órgano, ha salido adelante con el voto de los vocales progresistas y el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló.

Ruiz de Lara, titular del Juzgado Mercantil 11 de Madrid, lleva años lanzando críticas furibundas contra Pedro Sánchez, sus ministros, magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado o medios de comunicación y periodistas. El paso que ha dado ahora el órgano de gobierno de los jueces ya se vivió en febrero de 2024 en el anterior CGPJ, cuya comisión permanente corrigió a su autoridad disciplinaria (cargo que, como ahora, ocupaba Ricardo Conde) y acordó expedientar al magistrado por varios mensajes publicados en su cuenta de X en los que llamaba a Sánchez “psicópata sin límites éticos” y “mentiroso patológico”. Sin embargo, el Consejo acabó dando carpetazo el caso con el argumento de que no se había podido acreditar que el juez invocara o se sirviera de su condición de juez para difundir dichos comentarios.

Tras la renovación del Consejo en julio de 2024, el pleno acordó abrir una nueva investigación al juez a raíz de nuevos mensajes publicados por Ruiz de Lara contra Sánchez y su esposa después de que el presidente del Gobierno acusara al PP de “jugar con las cartas marcadas en la justicia”. Ruiz de Lara retuiteó un editorial de El Debate titulado “Atacar a la justicia es golpismo, presidente” y lo acompañó del siguiente mensaje: “Atacar a los jueces es golpismo @sanchezcastejon. Es una acusación antisistema, definitoria de un autócrata que convierte los contrapoderes propios de una democracia en un objetivo a derribar porque impiden su impunidad. Un ataque a la esencia de la democracia @desdelamoncloa”. Las diligencias del Consejo hacían también referencia a otro tuit publicado unos días más tarde en el que el juez se refirió a la mujer de Sánchez como “Barbigoña”, un mensaje que provocó una rápida reacción de condena de dirigentes socialistas, y llevó al PSOE a emitir una nota en la que exigía que se tomen medidas disciplinarias contra el juez.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la Permanente (el principal órgano ejecutivo del Consejo después del pleno) ha rechazado la propuesta de archivo porque esta se basaba en una jurisprudencia del Tribunal Supremo que no se refiere específicamente al uso de redes sociales por jueces y magistrados. Según estas fuentes, el órgano ha considerado precisamente “el carácter novedoso” del caso, ya que no hay jurisprudencia del Supremo sobre el uso de redes y es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que ha estimado conveniente derivar la decisión al órgano competente (la Comisión Disciplinaria) para que se pronuncie.

La decisión de la Permanente también ha tenido en consideración, añaden estas fuentes, los pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con “prudencia y moderación” para que no perjudiquen la imagen de la Justicia, así como la jurisprudencia que señala que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto.

Como ya hiciera durante la anterior investigación a que fue sometido, Ruiz de Lara ha borrado todos los mensajes de su cuenta de X que pudieran comprometerlo, un movimiento que la otra vez le sirvió para eludir la sanción porque la autoridad disciplinaria argumentó que no era posible comprobar si él había escrito esos tuits, pese a que la propia documentación analizada en el CGPJ recogía numerosas capturas de pantallas de los mensajes y demostraban la vinculación entre el magistrado y la cuenta desde la que se difundieron. Fuentes del CGPJ señalan que la intención ahora es fijar una postura sobre la participación de los jueces en redes sociales.

La mayoría de vocales de la Permanente creen que hay indicios de que Ruiz de Lara ha incurrido en una “falta grave de consideración” respecto a instituciones, prevista en el artículo 418.5 de la LOPJ y que puede sancionarse con una multa, el traslado forzoso o incluso la suspensión del juez.