El Poder Judicial estudia otra queja contra el juez Peinado por “dejación de deberes” en una causa contra un alto cargo de Almeida

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto unas nuevas diligencias informativas sobre juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, tras recibir otra queja sobre su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En esta ocasión, las incoa por su labor en una causa abierta contra un alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedida, por supuesta irregularidades en la contratación de una jornadas que finalmente tuvo que archivar por un error suyo, según constató la Audiencia Provincial.

En este caso, la investigación parte de una queja presentada por el diputado socialista Guillermo Hita, que señaló a Peinado por una “dejación de deberes” al no prorrogar en plazo la instrucción de la causa a pesar de que las acusaciones populares —ejercidas por Más Madrid y Podemos— lo habían solicitado con el margen suficiente, lo que terminó provocando su archivo, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS.

Fuentes del Poder Judicial aclaran que la apertura de estas diligencias informativas por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, se hace para estudiar la queja. Tras escuchar las posibles alegaciones de Peinado a las acusaciones, el Poder Judicial decidirá si abre un expediente al magistrado con la consiguiente investigación o si la archiva.

Estas son las segundas diligencias informativas abiertas al juez del caso Begoña Gómez que se conocen después de que este miércoles se confirmara que se le habían incoado otras por el interrogatorio al que sometió como testigo el pasado abril al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En esta ocasión fue Bolaños el que presentó las dos quejas por lo que consideraba “irregularidades” del magistrado que dieron pie a la apertura.

Las nuevas diligencias informativas sobre Peinado se refieren a una causa que abrió en 2023 tras presentar Poddemos una denuncia por presunta malversación de fondos públicos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente. Podemos aseguraba en la denuncia que el digital Ok diario había cobrado presuntamente un sobreprecio por organizar una jornada sobre movilidad sostenible. La denuncia detallaba que solo un mes antes, una asociación había recibido cuatro veces menos fondos municipales para un evento similar.

El error se produjo cuando Peinado intentó prorrogar las pesquisas después del plazo legal para hacerlo. La ley estipula un plazo máximo de un año para concluir la instrucción de una causa, pero si esta fuera compleja, a partir de ahí, los magistrados pueden ampliar de seis meses en seis meses siempre justificando su decisión y tras escuchar a las partes personadas.

En este caso, la Fiscalía y las acusaciones populares solicitaron la ampliación de manera diligente, antes de que el 27 de enero de este año que era cuando vencía la última prorroga. Sin embargo, Peinado acordó esa medida más de dos meses después, el 2 de abril. El Ayuntamiento y la empresa editora de OK Diario recurrieron y la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón y ordenó el archivo de la causa. El tribunal reprochó a Peinado por una incorrección “patente”. Finalmente, el 9 de julio, Peinado dictó el auto que ponía fin definitivamente a la causa.