El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa por malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación en la contratación de esta última como su asistente. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha firmado este lunes un auto donde cita a Gómez en calidad de investigada el 11 de septiembre y un día antes a Álvarez, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado este periódico.

La decisión de imputar ahora a Gómez y su asistente, según argumenta en el auto, está apoyada en el auto de la Audiencia Provincial del pasado junio en el que avalaba la investigación de Peinado sobre un posible delito de malversación de fondos públicos. De hecho, estos magistrados apuntaron también a La Moncloa y, en concreto, a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió “una clara y palmaria desviación” del trabajo que debía realizar Álvarez como asistente de la mujer del jefe del Ejecutivo, que consistía en acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo.

La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Peinado lleva instruyendo esta causa desde hace más de un año.

En el marco de estas indagaciones, Peinado citó a la asesora Álvarez para declarar como testigo el pasado diciembre, después de que diversas informaciones periodísticas asegurasen que esta dedicaba parte de su tiempo laboral para ayudar a Gómez en su trabajo en la Complutense, como enviar correos electrónicos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente.

La asesora declaró que solo le hizo favores en sus proyectos académicos por su relación de amistad con la esposa del presidente Sánchez. El magistrado notificó en enero —19 días después de publicar una providencia que no había encontrado indicios delictivos contra Álvarez— que cambiaba su estado procesal de testigo a investigada.

Tanto Álvarez como la defensa de Gómez y la Fiscalía interpusieron un recurso contra la imputación por el delito de malversación, el cambio de testigo a imputada de la asesora y el requerimiento del tráfico de llamadas desde el teléfono móvil que le fue asignado. La Audiencia solo admitió el pasado junio la anulación de la primera declaración de Álvarez como testigo, pero mantuvo el resto y los magistrados amparaban la línea de investigación de Peinado sobre el presunto delito de malversación.

La Audiencia señalaba en su escrito que “la investigación tendrá que centrarse en si [Álvarez] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. Y en esto es donde se agarra ahora el juez instructor para imputar a la esposa del presidente y a si exasistente. En el auto, los magistrados señalaban también que Gómez tenía “una áurea (sic) de indudable influencia que como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de La Moncloa podía tener toda su actividad privada”.

Entre los ejemplos que la Audiencia de Madrid citó son los “muchos correos” que el vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio afirmó en su declaración como testigo haber recibido de la asesora de Gómez y que esta le “le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de” las comunicaciones. También cita “la contratación de un email dirigido la directora de comunicación institucional de Reale Seguros” para solicitar que la entidad siguiera como patrocinadora del máster de la esposa del presidente. “Lo que parece exceder claramente sus funciones”, dice la Audiencia.

Unas semanas después de que la Audiencia firmara el auto, Peinado solicitó la lista de llamadas de Álvarez con los patrocinadores de su cátedra y los mails entre Gómez, la exasesora de La Moncloa y un directivo de Google, después de que la acusación particular ejercida por Hazte Oír solicitara estas diligencias.

Álvarez fue contratada en 2018, cuando Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes era secretario general de Presidencia ―organismo responsable de su contratación― De hecho, Peinado pidió en junio al Tribunal Supremo que le impute por malversación y falso testimonio, después de haberle interrogado en abril como testigo dentro de esta causa, pero el alto tribunal lo desautorizó y rechazó investigar a Bolaños. “No hay un mínimo respaldo indiciario”, argumentó el Supremo.