Aforamiento con fraude de ley

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se negó el lunes a asumir la competencia para juzgar al socialista Miguel Ángel Gallardo en calidad de aforado en la causa en la que se le investiga por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en 2017, cuando Gallardo presidía la Diputación de Badajoz. La querella fue interpuesta por la agrupación ultra Manos Limpias en 2024, siete años después de los hechos que denuncia.

Cuando conoció su procesamiento, Gallardo se valió de su poder orgánico como líder de los socialistas extremeños para convertirse en diputado de la Asamblea Regional y conseguir el aforamiento. Así lo recoge el auto del TSJE, que tumba esa maniobra y devuelve el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Los tres magistrados que firman el escrito consideran “torticera” la manera en la que el expresidente de la Diputación se hizo con el escaño: forzando la dimisión de una diputada y la renuncia de los cuatro aspirantes que le precedían en la lista, todo en el mismo día, ante notario y en la sede regional del PSOE. Una concatenación de hechos calificada por el TSJE de “fraude de ley” destinado a eludir los tribunales ordinarios.

El aforamiento, que en España protege a más de 10.000 personas, es un instrumento democrático para garantizar de independencia en el ejercicio del cargo público, nunca un privilegio de los poderosos para eludir la competencia judicial objetiva —consagrada por la Constitución— y someterse a instancias superiores. La Las tretas de algunos políticos para lograr su aforamiento parecen decir a los ciudadanos que, lejos de ser una garantía democrática, esta herramienta revela que la ley no es igual para todos y unos tribunales son más independientes que otros. Flaco favor le hacen al Estado de derecho actuaciones como la de Gallardo, que en el colmo de la falta de decoro llegó a proponer desde su nuevo escaño de diputado en la Asamblea un debate sobre los aforamientos.

Tal retorcimiento de las instituciones democráticas y de los mecanismos para protegerlas es la herramienta de la ultraderecha para minar el sistema desde dentro. La propia asociación querellante, Manos Limpias, hace un uso torticero de las leyes y de los tribunales, pero —por dudosa que se consideren la querella o la propia instrucción— estas artimañas son inadmisibles en el líder autonómico de un partido de Estado.