Pedro Sánchez pierde fuelle en una Bruselas cada vez más escorada a la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no encuentra en Bruselas el lugar en el que compensar las hieles de la política interna. La Unión Europea (UE) ha virado a la derecha. Lo admiten en La Moncloa: “Europa es distinta ahora. La gran mayoría de los gobiernos son conservadores”. En el Consejo Europeo, una quincena de líderes es de ese signo o bien ultra, mientras que solo hay tres socialdemócratas. Lo mismo pasa en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea. Y eso tiene consecuencias, aunque sean indirectas, para España. En los últimos meses, Sánchez se ha dado de bruces en sus intentos de que catalán, euskera y gallego sean oficiales en la UE, ha mantenido una posición minoritaria sobre el gasto en defensa, ha visto cómo le abrían un expediente por endurecer las condiciones en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell y ha sufrido la hostil posición de la Comisión sobre la amnistía ante la justicia europea. Tampoco es una voz dominante en cuestiones de interés europeo clave como la guerra en Ucrania, donde a pesar de participar activamente en la Coalición de Voluntarios, el presidente español no forma parte del núcleo duro que acompañó este lunes al presidente Volodímir Zelenski a Washington.

Lejos queda ese momento de gloria en 2022, cuando Sánchez y el entonces primer ministro portugués, el también socialista António Costa, lograron que el Consejo Europeo reconociera que en la Península se aplicara la excepción ibérica en las regulaciones de los precios eléctricos. También queda atrás el momento en que España marcaba el paso en el Fondo de Recuperación para salir del hoyo en el que la covid-19 dejó a las economías del bloque comunitario. Cada uno de los frentes abiertos tiene su propia explicación, pero la tónica general es que las cosas se han complicado para el Gobierno español en Bruselas, como apunta el investigador del Real Instituto Elcano Ignacio Molina: “El menor peso de la familia socialdemócrata ha afectado. No hay buenas noticias, no”, afirma el analista, que observa ese deterioro desde el final de otoño pasado.

Sin embargo, Molina matiza que él “no exageraría” y pone un ejemplo: la posición respecto a Gaza. En mayo del año pasado, el reconocimiento español del Estado palestino tuvo poca tracción, solo Irlanda y Eslovenia le siguieron (además de Noruega, que no es socio de la UE). Pero conforme pasan los meses, más países endurecen su posición ante el drama humanitario de la Franja: Francia reconocerá a Palestina en septiembre y, fuera de la UE, Londres ha advertido al Gobierno de Benjamin Netanyahu de que también lo hará si no cambia. Pero lo que sucede con el asunto palestino no es lo habitual.

Desde La Moncloa se ve el vaso medio lleno. Fuentes del Ejecutivo hablan de “dar la batalla ideológica y defender los valores progresistas” en un escenario de resistencia en el que Sánchez se crece: “Para nosotros es una oportunidad, aunque somos conscientes de la dificultad”. Confían en que, con el tiempo, la familia socialista gane más gobiernos en la UE. Pero el cambio tendrá que ser considerable para aclarar los frentes en los que España ha perdido fuelle en la arena europea:

Lenguas cooficiales. El Ejecutivo lleva dos años intentando que el Consejo de la UE reconozca el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión. En los últimos meses ha intensificado el esfuerzo. Ha reformulado su propuesta para no sentar precedentes en otros países con lenguas minoritarias y ha garantizado que asumirá todos los costes. Pero ni así lo ha logrado. La Moncloa responsabiliza al PP español por maniobrar y lograr que gobiernos democristianos veten la iniciativa.

El Gobierno lo intentó por última vez el 18 de julio. Una decena de países expresó “dudas” sobre si este paso exige cambiar los tratados, algo que España niega. La mayoría de los reticentes son ejecutivos conservadores que tienen muy presentes las presiones del PP. En cualquier caso, la unanimidad que requiere este paso sigue muy lejos.

Migración. La corriente mayoritaria en la política migratoria de la UE va en dirección contraria a las posiciones españolas. Hasta el Gobierno danés de la socialdemócrata Mette Frederiksen, al frente este semestre de la UE, rema en sentido opuesto. Los nórdicos están dispuestos a endurecer más esta política. Hasta 21 países se reunieron aparte durante la última cumbre de líderes europeos para discutir “soluciones innovadoras” que consisten, básicamente, en más mano dura, expulsiones y centros de deportación en terceros países. Hace unos años, eran pocos los socios en esta postura. Ahora, España está cada vez más sola en reclamar que se implemente antes que nada el Pacto de Asilo y Migración aprobado en 2024.

“Está cambiando la forma de pensar sobre inmigración en Europa”, celebró tras la cita el primer ministro conservador polaco, Donald Tusk, presionado internamente por la extrema derecha. “Los extranjeros han contribuido a la bonanza económica. Necesitamos migrantes”, señalan desde Moncloa, apoyándose en la evidencia ―un estudio del BCE apunta que el 80% del crecimiento español en los últimos años se debe al aumento de los trabajadores foráneos― y en la demografía.

Gasto en Defensa. En junio, en el último Consejo Europeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declaró “absolutamente frugal” con el gasto en defensa, explican fuentes conocedoras de lo hablado a puerta cerrada. Casi todos los líderes venían de la cumbre de la OTAN, celebrada un día antes en La Haya, donde los aliados se comprometieron a incrementar su gasto militar hasta el 5%. Sánchez fue el único que cuestionó ese objetivo y logró que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, le deje probar si cumple sus compromisos gastando el 2,1% del PIB. Esta postura española se interpretó como un desafío al presidente de EE UU, Donald Trump, impulsor del compromiso del 5%. Una actitud que fue además vista con inquietud, e incluso enfado, por muchas capitales temerosas de una respuesta del estadounidense contra todos los aliados. Aunque esta no llegó a suceder, como tampoco la amenaza de Trump a España de hacerle “pagar el doble” de aranceles, la tensión evidenciada constituye una razón más para que Sánchez no haya viajado a Washington a arropar a Zelenski.

Amnistía. La Comisión Europea se pronunció por primera vez en público sobre la amnistía a los condenados y encausados por el procés independentista en Cataluña el 15 de julio, en la vista que se celebró en el Tribunal de Justicia de la UE sobre las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El Ejecutivo de la UE, que habló por boca de sus servicios jurídicos, afirmó que la medida de gracia “no respondía al interés general” y cargó contra el hecho de que fuera una contrapartida por la investidura de Sánchez. Habrá que esperar al fallo de los jueces, pero por el momento la postura de la Comisión es un revés muy contundente al Gobierno.

Opa BBVA-Sabadell. Uno de los últimos disgustos recibidos por el Ejecutivo desde Bruselas ha sido la apertura de un procedimiento de infracción contra España por las normas utilizadas para endurecer las condiciones de la opa lanzada por BBVA sobre el Sabadell. La Comisión piensa que no se ajustan al derecho comunitario. Bruselas ha tardado más de 10 años en darse cuenta, porque las dos normas financieras empleadas por el Ministerio de Economía son de 2014 y de 2015, justo cuando la Comisión debía extremar su vigilancia sobre los presupuestos y las leyes que regulaban el sector bancario porque España había pedido el rescate financiero y estaba intervenida. El Ministerio de Economía ha mantenido conversaciones con la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, para tratar de explicar que, en su opinión, esas normas se ajustan a las directivas y los tratados. No la ha convencido.

Plan de Recuperación. Recibir el dinero del Fondo de Recuperación depende de que el país cumpla con las inversiones y las reformas comprometidas en Bruselas. Para sacar adelante estas últimas, hace falta trabar mayorías parlamentarias en el Congreso, y el Gobierno no lo tiene nada fácil. Por esa vía, llega a Bruselas la fragilidad de la minoría gubernamental y las dificultades que tiene parar cumplir con los pactos alcanzados con la Comisión. Se ha visto claramente durante la larga tramitación del quinto pago del Plan de Recuperación. Ha sido la cantidad más alta pagada hasta ahora, 23.100 millones, pero ha precisado de muchos meses de negociaciones y se ha reducido la cantidad prevista porque el Ejecutivo español no ha podido sacar adelante el aumento tributario al diésel.