Bruselas cuestiona ante el TJUE que la amnistía responda “al interés general”

La Comisión Europea cree que la amnistía “no permite o dificulta” averiguar si el procés socavó los intereses financieros de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario, que también defiende que “no responde al interés general” por ser fruto de un pacto político para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, ha sostenido estos argumentos en la vista de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el caso que sigue para averiguar si durante el procés 33 altos cargos del Govern, entre ellos Carles Puigdemont y Artur Mas, cometieron malversación.

Es la primera vez que la Comisión Europea, en este caso sus servicios jurídicos, dan su opinión en público sobre la amnistía. Hasta el momento el Ejecutivo europeo no ha movido ficha porque espera, precisamente, que el TJUE fije un criterio jurídico. La opinión de Bruselas acerca de si hubo daño o no a las arcas de la UE durante el procés se aleja de la hipótesis planteada por el Tribunal de Cuentas porque rechaza la argumentación de que la independencia catalana hubiera supuesto una menor aportación española a la Unión por una rebaja de la renta nacional bruta.

Ese argumento aparece en la primera cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas y merece la censura de la Comisión. Pero a partir de ahí sí que defiende otros argumentos, con el hecho de que al fijarse un plazo de dos meses para resolver una solicitud de amnistía, algo que prevé la norma, se conculca la tutela judicial efectiva. “Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”, ha expuesto el abogado de la Comisión, el español Carlos Urraca.

La respuesta de la Abogacía del Estado a este argumento ha sido que “la independencia del Tribunal proponente no está en juego, y prueba de ello es que ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía sin que se haya materializado ninguno de los peligros que plantea”, apunta. Este argumento también lo han empleados los letrados de los acusados.

Desde Bruselas no solo se critica este aspecto de la amnistía, también se discute que la amnistía responda al interés general porque surge la necesidad de recabar los votos de Junts para la investidura de Sánchez. “No parece que la LOA [Ley Orgánica de Amnistía] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”, abunda el letrado comunitario.

La respuesta a esta observación ha llegado del abogado Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, quien ha señalado que todas las leyes en una democracia parlamentaria parten de un pacto político entre partidos cuando un Gobierno no tiene mayoría absoluta. El Gobierno también ha respondido contra este argumento. Para ello, ha utilizado el argumento que emplea el Tribunal Constitucional en su sentencia: “Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”.

Estas cuestiones acerca de si la amnistía responde al interés general o si es una “autoamnistía” no aparecen en las preguntas del Tribunal de Cuentas. No obstante, fuentes conocedoras de los escritos previos apuntan que han despertado el interés del TJUE después de que la Comisión presentara su escrito el 30 de abril. Sería en ese momento, preparando la vista de este 15 julio, cuando los magistrados de Luxemburgo habrían remitido 11 preguntas a las partes en las que se habría mostrado el interés.

Por la tarde, ya cuando se han abordado las cuestiones de la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía a 12 miembros de los CDR, acusados de terrorismo, ha vuelto a suscitarse el debate sobre si la norma aprobada aprobada definitivamente en mayo de 2024. Entonces la fiscalía, por su parte, ha rechazado de plano que se trate de una “autoamnistía” por tratarse esta, según la jurisprudencia internacional, de un “ejercicio de gracia arbitrario del poder Ejecutivo” que impide la investigación y busca la inmunidad de sus miembros o de sus agentes.